MEIC no dará información sobre diligencias de la Fiscalía para investigar a Welmer Ramos
Funcionarios judiciales sustrajeron gran cantidad de documentos de la Coprocom. CRH
(CRHoy.com) La oficina de comunicación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) confirmó que no darán ningún tipo de declaración sobre las diligencias que realizó esta mañana el Ministerio Público, relacionadas con una investigación que lleva a cabo contra el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos.
Aseguran que, por ser un caso de investigación, no pueden emitir criterio para no entorpecer los procesos judiciales en curso.
Al congresista se le investiga por presunto delito de prevaricato, debido a que, durante su gestión como titular del MEIC, habría dejado sin efecto una sanción administrativa contra una empresa, aún desconocida, hechos ocurridos en 2015.
Por ese caso, Ramos fue denunciado el año pasado y desde entonces la Fiscalía General mantiene en proceso algunas acciones de recopilación de pruebas.
Esta mañana, la fiscal subrogante Paula Guido, dirigió un secuestro de documentos en la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), relacionado con la causa contra Ramos. Lo anterior con previa autorización de los magistrados que integran la Sala III de la Corte Suprema de Justicia debido a la inmunidad del diputado oficialista.
La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) es una órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuyo propósito fundamental es cumplir los preceptos de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472, mediante la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, investigando y sancionando las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado.
El Meic sin embargo, tiene "responsabilidades" sobre las operaciones de Coprocom.
¿Qué es el prevaricato?
El artículo 350 del Código Penal costarricense indica, de manera textual, que
Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y arbitradores.
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