Mauricio Batalla: “Estoy alejado de la política, estoy poniendo un negocio”

El exministro de MOPT, Mauricio Batalla, aseguró ante el Tribunal Penal de Goicoechea que no pretende salir del país, pues está invirtiendo en un nuevo restaurante en el cual trabaja. Así se desprende de la resolución de ese despacho con respecto a una apelación que formuló la Fiscalía en torno a las medidas cautelares impuestas en el Caso "Pista Oscura".

Batalla indicó, entre otras cosas, que está alejado de la política y que se le limita el trabajo en el sector privado específicamente en el área de la ingeniería.

"Seguiré apegado al proceso, desde 27 de noviembre del 2024 me apersoné en la causa eso demuestra que desde el momento en que me di cuenta de que había una investigación me puse a disposición del Ministerio Público, después de trabajar 3 años con muchas empresas de ingeniería en el país se me limita el trabajo en el sector privado por 2 años, estoy alejado de la política, hace menos de un mes se firmó un contrato para un nuevo restaurante con el cual trabajo.

Actualmente se está tramitando un permiso de salud, se está solicitando las patentes, pero es muestra inequívoca que no voy a estar invirtiendo para luego salir del país, pues más bien estoy poniendo un negocio, tengo familia, esposa, hijos, uno de 16 años que me espera para estar en su graduación, para ellos fue muy duro cuando 20 oficiales ingresaron a mi casa, solicito que se rechace el recurso", explicó el exjeraca.

La Fiscalía expuso al Tribunal que deberían imponerle a Batalla y a otros dos de los imputados impedimentos de salida del país y la prohibición de ingresar a las instalaciones de algunas entidades públicas.

No voy a estar invirtiendo para luego salir del país pues más bien estoy poniendo un negocio. Para ellos fue muy duro cuando 20 0ficiales ingresaron a mi casa, solicito que se rechace el recurso.

El Tribunal declaró parcialmente con lugar la apelación de la Fiscalía, sin embargo, con respecto a las medidas cautelares impuestas a los imputados Batalla Otárola, Henry Villalobos y Marco Castillo se mantienen las mismas ordenadas por el Juzgado Penal de Hacienda.

Caso Pista Oscura

El exministro Mauricio Batalla, el presidente de la CNE, Alejandro Picado; el director de Aviación Civil, Marco Castillo y el jefe de fiscalización de obras de la CNE, Henry Villalobos, fueron detenidos como parte de una investigación denominada "Pista Oscura", cuyo expediente penal es el 24-000454-1218-PE.

El Caso "Pista Oscura" se relaciona con una serie de presuntas anomalías orquestadas para reparar parcialmente la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, el Daniel Oduber Quirós en Liberia. Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación, la primera, vinculada a la preparación del contrato para las obras.

Según el Ministerio Público, la pista se intervino con un argumento que al parecer se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron previo a esos fenómenos naturales.

De esta forma, el Poder Ejecutivo modificó un decreto para incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la Constructora MECO S.A., empresa implicada años atrás en otros casos de posible corrupción como Cochinilla y Diamante.

La maniobra ejecutada por el Gobierno al emitir una declaratoria de emergencia, permitió simplificar los trámites para realizar las obras, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR), según explicaron en la Fiscalía.

El otro frente de la investigación es propiamente la ejecución de las obras. Al parecer, durante el desarrollo y ya con el contrato amarrado, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.

Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.

A los investigados se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto.

Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.