Más de 64.000 hogares viven en precarios y exclusión social, según la Contraloría
Imagen con fines ilustrativos. (CRH).
Un total de 64.128 hogares viven en precarios y en condiciones de exclusión social en Costa Rica, reveló un estudio sobre asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, divulgado este miércoles por la Contraloría General de la República (CGR).
En el país hay 576 asentamientos informales identificados en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50 % desde 2013.
El análisis de la entidad fiscalizadora determinó que existe falta de claridad conceptual sobre los asentamientos informales y que hay debilidades en la información disponible.
También llamó la atención sobre la ausencia de una visión común entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), los gobiernos locales, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Además, señaló limitaciones en la gestión de proyectos y escaso control sobre su evolución, así como una deficiente prevención de reocupaciones tras desalojos.
La Contraloría estimó en ¢24.700 millones el impacto económico directo en la Hacienda Pública, entre 2022 y 2024, por consumo no facturado de agua potable y electricidad, atención de incendios, asistencia por desalojos y otros servicios.
Riesgos
Otro estudio de la CGR advirtió sobre la ausencia total de análisis del riesgo de desastres específicos para los asentamientos informales.
Entre los hallazgos destacados se encuentran:
- Inexistencia de una metodología estandarizada para realizar estos análisis.
- Falta de un mecanismo de coordinación para integrar y actualizar datos entre la CNE, el Mivah, el IMAS y los gobiernos locales.
- Enfoque reactivo en el uso de recursos públicos, lo cual perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y compromete la seguridad y calidad de vida de las personas.
La Contraloría reveló, en otro análisis, debilidades en la transparencia y trazabilidad de los fondos destinados por el Banhvi para la atención de poblaciones en asentamientos informales entre 2021 y 2024.
Asimismo, identificó que la ejecución de ¢28.000 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) carece de registros detallados sobre aspectos como el asentamiento de procedencia, el tipo de bono otorgado y la solución habitacional brindada.
Tampoco existe financiamiento de proyectos mediante el programa de Bono Colectivo para ese fin, y ni el Banhvi ni el INVU realizan evaluaciones para medir el impacto real de las intervenciones.
