Marta Esquivel y Gerente recién nombrada fueron hoy a sus oficinas en la CCSS
Sindicato critica que se "paseen por los pasillos"
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y Marielos Gutiérrez, gerente general a.i., podrían ser separadas de su cargo, pero el juez del caso Barrenador no ha comunicado las medidas cautelares, lo cual les permite retomar funciones.
De acuerdo con información brindada por la oficina de prensa de la CCSS, ambas funcionarias están la mañana de este martes laborando desde sus despachos en las oficinas centrales de la institución.
Es inadmisible que dos imputadas en un caso tan grave, como es el caso Barrenador en contra de los seguros sociales, en contra de una gran institución ícono de la seguridad social costarricense e incluso a nivel mundial, se anden paseando por los pasillos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si nada estuviera pasando, comentó Deivis Ovares, de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó suspender del cargo a la presidenta de la CCSS y otros imputados de apellidos Camareno, Gutiérrez, Rojas y Gómez, de la junta directiva.
Además, pidieron imponer para todos los involucrados impedimentos de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
El caso Barrenador está relacionado con la adjudicación de 10 Áreas de Salud a cooperativas, pese a que varios informes alertaron a los involucrados de sobreprecios. En el caso de Gutiérrez, ella fue quien presentó y lideró una recomendación para que se diera la adjudicación, de hecho, lo presentó 2 días antes de la toma del acuerdo.
Tanto Esquivel como Gutiérrez, pasaron la noche de este lunes en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fue hasta que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva que recuperaron su libertad.
En el caso de la presidenta ejecutiva, fue detenida en Pérez Zeledón, ya que al momento de los allanamientos no estaba en su casa y la trasladaron en "perrera" hasta Goicoechea.
