Marta Esquivel presionó contrato con cooperativas y preguntó si podían apartarse de criterios técnicos

Durante varias sesiones de Junta Directiva se evidenciaron presiones de diferentes imputados del caso Barrenador para adjudicar 10 Áreas de Salud a cooperativas, pese a que conocían múltiples informes que alertaban de sobreprecios.

En una de las sesiones (22 de junio, sesión 9459), el funcionario al que "hackearon" y le eliminaron más de 300 correos electrónicos y 4 archivos de su cuenta institucional, presentó diferentes escenarios y quedó en evidencia un interés de Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y otros para adjudicar.

Dicho funcionario se llama Arturo Herrera Barquero y es asesor de la Gerencia Médica. El pasado 22 de junio, en una sesión convocada de manera extraordinaria donde se conocieron 3 temas, Herrera presentó un informe con los 3 escenarios posibles de la adjudicación, posterior a que se presentaran 2 documentos que alertaban de sobreprecios.

Por medio de una presentación, Herrera explicó los riesgos, impacto y observaciones de declarar infructuoso, adjudicar parcialmente y adjudicar totalmente, lo cual generó diferentes reacciones entre los directivos que hoy en día son imputados por aprobar la adjudicación de 10 Áreas de Salud a cooperativas y una asociación.

Aquí lo que estamos haciendo es a manera de dictamen técnico y para que la Junta Directiva conozca los posibles escenarios ante el reto de la presentación de la orden de procedimiento de compra mencionado, donde les especificamos a los miembros de Junta cuáles son los posibles escenarios a ejecutar y cuál es la recomendación técnica que lo que podría hacer en términos de riesgos, impacto y observaciones al respecto, con cada uno de los escenarios, dijo Herrera el 22 de junio.

Con respecto al escenario en el que se declarara infructuosa la licitación, Herrera destacó que los riesgos eran que los proveedores apelaran y existiera una suspensión del servicio, pero aseguró que de acuerdo a la norma era el que tenía "más soporte de acuerdo a la norma". Sobre una posible adjudicación parcial, resaltó que la Junta contaba con la potestad de hacerlo por el interés general del servicio, aunque existiera un precio excesivo.

Sobre el escenario de adjudicación total -que fue la decisión que tomó la Junta Directiva- aseguró una vez más que los directivos tenían la capacidad de hacerlo.

Un riesgo de continuar el coste excesivo sin una justificación aparente, o que los técnicos no se pongan de acuerdo en términos de cuál es el fundamento para poder pagar ese precio excesivo que se está presentando hoy en el procedimiento de compra, con un posible impacto de que, este no alteraría la continuidad del servicio, pero sí habría que revisar los elementos de calidad con los cuales se brinda la contratación y finalmente hay que hacer también en ejecución, una vez otorgado el contrato, una revisión unilateral de las condiciones de atención y pliego de condiciones, explicó el asesor.

¿Qué decían los directivos?

Johnny Gómez, representante del sector laboral e imputado en el caso Barrenador, aseguró que él no estaba de acuerdo con que se considerara como válido que el precio de la contratación era excesivo. A raíz de esto, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se sumó a los cuestionamientos, "¿cómo se llegó a ese análisis de costo?", dijo.

Yo siento que no hay mucha anuencia a nivel institucional de revisar las cosas como se hicieron y de dejar el tema tal cual. Entonces, aquí lo que nos va a corresponder como Junta Directiva que no será la primera vez, verdad, es determinar si, en primer lugar, si con un criterio de excesivo, que ya sabemos que no va a cambiar, aunque ya nos reconocieron que muchos aspectos de los que se pidieron demás no se incorporaron en ese estudio, pareciera que nos están tirando a la Junta Directiva, casi que hacer el estudio de costos.

(…) si a pesar de ese criterio de costo excesivo que no compartimos, pero qué bueno es el criterio técnico, hay posibilidades de avanzar para poder, razonadamente, justificadamente y con elementos técnicos de la Junta Directiva, poder avanzar hacia un proceso diferente a la declaratoria de infructuoso (…) ¿a pesar de ese criterio de costo excesivo, nosotros podemos legalmente justificar una eventual adjudicación con los argumentos que en diferentes momentos se han expresado por parte de diferentes miembros de la Junta?, dijo Esquivel.

El Dr. Esteban Vega, gerente de Logística, le explicó que todos los aspectos señalaban "criterio de excesividad" y que no había elementos para poder continuar por otro camino. Extrañamente, Esquivel no estuvo de acuerdo con la respuesta y de nuevo dijo "¿Puede la Junta Directiva apartarse de esos criterios y poder avanzar?".

A esta consulta, Vega le aseguró que no, solamente si tenían una motivación "muy robusta" basada en criterios técnicos e interés público, la cual terminó siendo una recomendación de Marielos Gutiérrez -otra imputada- que recomendó adjudicar totalmente.

Por su parte, la investigada María Isabel Camareno cuestionó también los criterios técnicos que se emitieron desde la institución y aseguró que no estaban bien hechos. "¿Hay inconformidad? Sí, si la hay bastante de como dijo ya doña Marta por parte del gobierno. Yo considero que debiera hacerse un estudio, un análisis más", comentó Camareno.

Herrera, quien incluso fue allanado, pero no detenido, les recordó que existía una posibilidad material de que la Junta Directiva hiciera una adjudicación parcial o una posible justificación.

Nuestro punto de vista como Gerencia Médica, es que estamos tratando de contemplar otros elementos, si hay una idoneidad para la situación, porque si estamos en una continuidad de los servicios y el servicio que se brinda no queremos que se vea interrumpido o que tengamos que hacer una reorganización del sistema.

Hay una necesidad comprobada porque los 138 Ebais, que dan esta cobertura por terceros, es sí o sí necesaria dentro de nuestro sistema de atención, explicó el funcionario dueño de la cuenta de la que desaparecieron correos y archivos.

Por las declaraciones y cuestionamientos de los directivos, Gilberth Alfaro, director jurídico de la CCSS, les recordó que el criterio técnico que indica precios excesivos "está pesando mucho" y les aclaró que es una limitante de orden jurídico para proceder con la adjudicación.

Para que la Junta al menos piense en tomar una decisión más allá del precio excesivo por razones de interés público, el interés es institucional y bien común, tiene que tener razones muy de peso y si, y si se entiende que esas son las razones de peso, tienen que estar desgranadas, tienen que estar esbozadas, en detalle en un informe (…) Es decir, esto tiene que estar muy sustentado para una toma de decisión, les explicó a quienes presionaban y dudaban de los criterios.

Según consta en la orden de allanamiento, en poder de crhoy.com, el funcionario Herrera, al que le borraron los correos, emitió resoluciones y análisis para pretender darle legalidad a diferentes actuaciones.

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, María Isabel Camareno Camareno, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Jorge Luis Araya Chaves, Johnny Gómez Pana, Zeirith Rojas Cernas, Jorge Porras López (…) Arturo Herrera Barquero (…) quienes actuando en común acuerdo, llevaron a cabo acciones tendientes a beneficiar a terceros en su condición de oferentes dentro de la Licitación Pública 2023LY-000002 0001101142 para Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud de Diez Área de Salud de la CCSS, se indica en la orden.