Marta Esquivel calla ante consultas de la prensa tras salir de audiencia
No quiso responder y salió escoltada por allegados
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) calló en todo momento ante los cuestionamientos de la prensa tras salir de la audiencia de medidas cautelares del Caso Barrenador en el que figura como imputada.
La funcionaria no quiso responder a ninguna de las consultas y se escudó en varios allegados que la acompañaron a la salida de la sala 3 de los Tribunales de Justicia de Goicoechea.
Tampoco su abogado Edgardo García ha querido referirse al caso como si lo han hecho los defensores de los demás imputados.
Incluso cuando iba hacia el parqueo donde tenía su carro, los acompañantes de Esquivel actuaron con violencia contra la prensa para evitar que le hicieran preguntas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó contra los implicados en el caso, quienes ejercen cargos en la CCSS que sean suspendidos por 6 meses, además que se les ordene impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Este miércoles la audiencia avanzó con la posición de la defensa técnica de los imputados, sin embargo, los jueces del Juzgado Penal de Hacienda suspendieron a las 4 p.m. y retomarán este jueves a las 8.30 a.m.
De momento 5 de los 8 abogados ya expusieron su defensa, los restantes lo harían el jueves en la mañana para dar por concluida esta etapa y esperar a que los jueces resuelvan las medidas.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y se investiga el caso en la causa 24-000267-1218-PE.
Según el Ministerio Público estas personas tomaron la decisión de adjudicar el contrato de administración de 138 Ebais a varias cooperativas pese a que se determinó que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas.
En apariencia el contrato significaría un incremento anual de pago de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución.
"Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas", explicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
