Marta Esquivel aumentó salario de gerente investigada 23 horas después de salir de celdas del OIJ
Cuestionan que en medio de proceso por escándalo de corrupción, se firmara permanencia de imputada
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) dio a conocer que Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, firmó el documento de nombramiento de gerente general de la CCSS a María de los Ángeles Gutiérrez la tarde de este miércoles 25 de setiembre a las 6:42 p.m.
Según el grupo sindical, este documento permite otorgar un "jugoso" salario de ¢5,4 millones a Gutiérrez mensuales por 6 meses. Al parecer, lo hizo mediante la firma digital. Esto en apariencia ocurrió un par de horas después que ambas salieran de la audiencia de medidas cautelares.
Cabe recordar, que tanto Esquivel como Marielos Gutiérrez y 6 imputados más, fueron detenidos el pasado lunes como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias e influencias contra la Hacienda Pública, por el caso Barrenador.
Ambas afrontan una posible suspensión de sus cargos y otra serie de restricciones solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA), por el periodo de 6 meses, mientras se continúa indagando las presuntas presiones de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar varios contratos con sobreprecios por ¢12.400 millones a cooperativas, para que estén a cargo de la administración de 138 ebais.
Por esa razón, los sindicatos reprochan que a pesar de afrontar un proceso judicial y una audiencia que la podría inhabilitar, Marta Esquivel siga emitiendo actos administrativos.
"Es lamentable la falta de respeto a las autoridades judiciales, un acto éticamente reprochable, en los momentos difíciles que vive la CCSS y el pueblo costarricense.
Es inadmisible que continúe en el pleno ejercicio de sus funciones como jerarca de la entidad, como si nada hubiera pasado, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica en definitiva", indicó Luis Chavarría, secretario general de Undeca.
Marielos Gutiérrez también está señalada en el caso Barrenador, dado que es fungía como directora de Proyección de Servicios de Salud y en los últimos ha ejercido de forma interina la gerencia.
Abogados explican
Ewald Acuña, exjuez penal coordinador de San José y el abogado penalista David Delgado explicaron a crhoy.com que un funcionario público que está afrontando una audiencia de medidas que no se ha resuelto, no tiene impedimento para actos propios de su cargo.
Mientras tanto tenga investidura y nombramiento, ningún juez ha dictado la separación, no hay acto judicial ni administrativo que la inhabilite porque la petición de separación no está resuelta aún, podría hacerlo. No obstante, ambos juristas destacaron que es una situación extraña y no prudente.
Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) afronta un total de 10 causas penales por supuestos actos de corrupción.
Son dos señalamientos por presuntos nombramientos ilegales y dos más por posibles peculados, hechos que son definidos por el Poder Judicial como un delito que comete el funcionario público que sustrae o distrae dineros o bienes del erario público, cuya administración le es confiada en razón de su cargo.
A Esquivel también se le investiga por un supuesto incumplimiento de deberes y un eventual delito de falsedad ideológica, que consiste en insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento público o auténtico.
La presidenta de la CCSS también tiene causas penales abiertas por los supuestos delitos de malversación (dar un uso o aplicación diferente a bienes o fondos públicos), prevaricato (cuando un funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda en hechos falsos) e influencia en contra de la hacienda pública (uso de su cargo o posición para intervenir, dirigir o condicionar para que se produzca un resultado determinado, lesivo al interés público).
Estos son expedientes aparte y diferentes al reciente escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos.
En el caso Barrenador (expediente 24-000267-1218-PE) se investigan dos delitos más: supuesto tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
