Marta Esquivel afronta 10 causas penales en la Fiscalía

La supuesta manipulación de proyecciones e informes actuariales que dejaron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en números rojos; el anuncio de usar ₡200 mil millones sin estudios técnicos, financieros, médicos o legales para intervenir listas de espera; y la designación de algunos funcionarios han sido algunos de los escándalos de la jerarca Marta Esquivel que han terminado en una investigación de tipo penal.

La presidenta ejecutiva, detenida el pasado lunes afronta un total de 10 causas penales por supuestos actos de corrupción, tal como confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), ante la consulta de crhoy.com.

Estos son expedientes aparte y diferentes al reciente escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos.

En el caso Barrenador (expediente 24-000267-1218-PE) se investigan dos delitos más: supuesto tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. 

Esta causa es la que motivó los 28 allanamientos del pasado lunes, así como la solicitud de separación de Esquivel y 7 miembros de la Junta Directiva entre febrero del 2023 y julio del 2024, que afrontan una petición de otras medidas cautelares adicionales.

El Ministerio Público no detalló los hechos que se investigan en 2 expedientes de supuesto peculado, y otras causas por aparentes nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y prevaricato, debido a que están bajo indagaciones y el Código Procesal Penal prohíbe brindar detalles.

Sin embargo, a continuación se repasan cuatro de los expedientes cuyos hechos se conocen públicamente. Seis de los expedientes contra Marta Eugenia Esquivel datan del año 2023 y los restantes cuatro se abrieron este año.

Maquillaje de informes actuariales y frenazo a proyectos

Desde mediados del 2023, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la apertura de una investigación contra Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Carolina González Gaitán, directora actuarial, por las modificaciones en el informe actuarial que motivó a la CCSS a suspender las obras del portafolio de inversiones.

Fue el 26 de abril de 2024 que el Consejo de Presidencia y Gerencias, liderado por Esquivel, pidió el cambio del informe de revisión del portafolio que terminó dejando a la institución en números rojos. Esto significó un freno a proyectos como Limón y Cartago.

Precisamente, fue ese informe, del que participó González Gaitán, el que utilizó la Junta Directiva de la institución para argumentar la “gravedad financiera” y paralizar las obras del portafolio de inversiones con la intención de revisar su viabilidad.

La información fue revisada por la directiva el 9 de marzo, pero una semana antes (1 de marzo) el informe había sido ya enviado a la Secretaría de ese órgano. El acta de la sesión Nº 9316 de ese día, revela que no fue revisado en esa jornada porque pidieron que se cambiara la información.

Incluso, en la conversación de la reunión, Esquivel Rodríguez dijo en varias oportunidades que este se estaba modificando para poder ser visto en el máximo órgano.

"Bueno, como les indiqué, la propuesta al portafolio institucional no la vamos a ver hoy, se pasa para de hoy en 8 (…) porque van a ajustar en el Estudio Actuarial, viene con los temas que ahora conversamos, entonces, vamos a mantenerlo para de este jueves en 8″, dijo sin que se lea en el acta cuáles son los temas que dice conversaron.

Un equipo técnico conformó una revisión del portafolio arrojó un informe que mostraba diferencias importantes en la parte financiera, dado que incluso la recomendación era para continuar con las obras que fueron paralizadas.

El informe actualizado tuvo una modificación en el resultado financiero del seguro de salud, principalmente por los ajustes hechos hacia la baja de la estimación de ingresos. El cambio disminuyó en más de 5 billones de colones (₡5,510,730 millones) los ingresos estimados de la institución en el periodo del año 2021.

El documento, contrario al original, presentaba que al continuar con las obras, en este mismo 2023 comenzaría el déficit financiero y con reservas se podría mantener la CCSS hasta el 2026. La modificación solicitada dejó a la institución en números negativos y con esto inició el discurso de una aparente crisis económica del Seguro Social.

Mientras que el original que fue ignorado señalaba que los recursos institucionales mantendrían una relación positiva hasta el 2027 y con reservas hasta el 2031 en caso de desarrollar los proyectos en ejecución, escenario que fue recomendado.

Posteriormente, la Dirección Actuarial se justificó en que se actualizó la tasa de inflación a valores observados de 2022, la tasa de desempleo, la tasa nominal de incremento de salarios, así como los ajustes al salario minino legal y base mínima contributiva, entre otros aspectos.

El expediente 23-000101-1218-PE fue el primero en abrirse en 2023, según el número de consecutivo: fue la Contraloría General de la República (CGR) la que presentó la relación de hechos que terminó en una investigación penal.

Los informes cambiados a petición de Marta Esquivel fueron descalificados incluso por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

₡200 mil millones sin justificar

El 7 de noviembre de 2024, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció con bombos y platillos una estrategia para hacerle frente a las listas que espera.

Relevó entre otras cosas, que se reservaron ₡200 mil millones para la atención de estas extensas listas.

Cuatro meses exactos después del anuncio, la Auditoría Interna de la Caja en el informe AD-AFINPE-0019-2024 confirmó que la provisión de estos recursos financieros se hizo "sin disponer estudios técnicos, financieros, médicos, legales, actuariales, entre otros que sustenten dicha decisión". 

Por esta razón, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó una denuncia, que se tramita bajo el expediente 23-000409-1218-PE por la supuesta malversación de fondos.

Esta supuesta estrategia se gestó desde el 22 de mayo del 2023, en la sesión N.º 9337, cuando la Junta Directiva de la CCSS declaró “Emergencia Institucional”. Acordaron además utilizar los recursos disponibles en el fondo de la unidad lista de la Unidad Técnica de la Lista de Espera para atender la declaratoria.

En el oficio PE-4593-2023 del 2 de noviembre, la presidenta ejecutiva de la Caja le indicó a Gabriela Artavia, gerente financiera, que tenía información de recursos líquidos administrados por el Área de Tesorería General los cuales correspondían a “saldos son comprometer”, es decir que no tienen un fin específico en el portafolio de inversiones del Seguro de Salud.

De igual manera, en este oficio Esquivel solicitó lo siguiente:

En ese sentido, esta Presidencia Ejecutiva, considerando el acuerdo de Junta Directiva antes citado y dada la urgente necesidad de priorizar el financiamiento para el abordaje y atención de las listas de espera, le solicita realizar las acciones necesarias, a fin de disponer de una provisión financiera del orden de ₡200 mil millones para estos efectos.

A esto, Artavia respondió que al 3 de noviembre contaban con una reserva de ₡75 mil millones invertida en el Banco Nacional de Costa Rica, que vencerá en octubre 2024 y que estará destinado a las listas de espera.

También, le informó a Marta Esquivel que disponían de ₡125 mil millones que podrían ser reservados en 3 tractos: de ₡60 mil millones, ₡30 mil millones y ₡35 mil millones, los cuales se efectuarían en noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.

La gerencia también solicitó el cronograma de ejecución para determinar el manejo de los recursos e informó que el Comité de Inversiones autorizó al Área Tesorería General proceder con la reserva de los recursos.

El acuerdo quedó en firme cuando en el oficio CISS-189-2023 del 6 de noviembre, el Comité de Inversión del Seguro de Salud confirmó que “se estaría alcanzando la provisión financiera del orden de ¢200 mil millones, para la atención de la emergencia institucional, para el abordaje y atención de las listas de espera”, un día después de esto se dio el anuncio.

El 14 de noviembre de 2023, Autoría Interna se pronunció mediante el oficio AI-2305-2023 en el que le solicitó a Artavia, gerente financiera en esa fecha, aportar la documentación que evidenciara los criterios técnicos, actuariales, financieros y legales que sustentaron la solicitud al Área de Tesorería General la provisión de los recursos.

De igual manera, se solicitó el cronograma de ejecución, periodos definidos para la asignación de los recursos, análisis financiero sobre el impacto de los ₡200 mil millones y los riesgos para el financiamiento de este programa o proyecto.

 La Gerencia Médica también se sumó a la solicitud de criterios y cronograma. El 17 de noviembre de 2023,  Dr. Wilburg Díaz Cruz, gerente médico y la Dra. Flavia Solórzano Morera, en su momento coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera, suscribieron el oficio GM-17007-2023 / GM-AOP-1148- 2023 en el que indicaron que:

Estamos a la espera de los insumos técnicos financieros necesarios para determinar la razonabilidad de los planteamientos hechos, dentro del uso racional y eficiente de los fondos públicos.

El 26 de febrero de 2024, se le solicitó a Gustavo Picado, gerente de la Gerencia Financiera, información para conocer el grado de avance de las acciones administrativas “en atención al cumplimiento de los criterios técnicos, legales, financieros, actuariales u otros, requisitos fundamentales que deben presentar las unidades técnicas competentes donde se visualice el fundamento técnico, la viabilidad y propuesta de ejecución del proyecto, previo a solicitar acceder a los recursos aprovisionados por el Área de Tesorería General por un monto de ₡200 mil millones”.

Al 7 de marzo del presente año la Auditoría Interna, después de varios intentos confirmó que no se dispone de la información donde consten los criterios técnicos, actuariales, financieros y legales que sustentaron la solicitud al Área de Tesorería General para la provisión de los recursos, así como el cronograma de ejecución.

Deuda de ₡156 millones con CCSS de un exdirectivo

A inicios del 2024, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación por el supuesto delito de influencia en contra de la hacienda pública, debido a que el exdirectivo Adrián Torrealba Navas, representante del sector patronal, mantenía una deuda de ₡156 millones con la propia CCSS.

El informe AD-AOPER-0130-2023 de la Auditoría Interna de la Caja determinó la deuda, que advertía la posible incompatibilidad Torrealba Navas ocupase el cargo de miembro de la Junta Directiva.

Este órgano de fiscalización (…) llevó a cabo la investigación correspondiente, y producto de las indagaciones realizadas se concluye que, al 10 de octubre del presente año, el señor A. T. N. adeudaba a la institución un monto de ¢156,666,109.00, que el 30 de agosto de 2024 se formalizó un convenio de pago por condonación por un plazo de 60 meses por un monto de ¢106.388.100.00.

El documento trasladado a todos los directivos de la institución, incluyendo la presidenta ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez, recordó que la Ley Constitutiva de la Caja en su numeral 7 ordena que no podrán ser miembros de la Junta Directiva aquellos que ostenten una deuda con la institución, sin distinción respecto de si existe o no un arreglo de pago, sino que expresamente refiere a la limitación de ser miembro del órgano colegiado por el simple hecho de tener esa deuda.

Ante la consulta de crhoy.com esta semana, el Ministerio Público confirmó que Marta Esquivel figura como sospechosa en este caso. Posteriormente, Torrealba renunció y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) eligió al economista Jorge Luis Araya como miembro: él figura como imputado en el caso Barrenador.

Posible nombramiento ilegal de gerente general

Otra de las causas es por el presunto nombramiento ilegal de Juan Ignacio Monge Vargas en la Gerencia General, quien renunció sin ni siquiera haber asumido.

En junio del 2023, la Junta Directiva de la CCSS acordó designar a Monge como gerente general, quien en ese momento era representante del Estado en la Junta.

Este nombramiento fue cuestionado porque pudo haber violado la ley 4646, donde se establece la prohibición de ocupar este tipo de cargos a menos de 2 años de haber integrado directivas de instituciones autónomas. Cita la ley:

(…) No podrá ser electo gerente, subgerente o auditor del Banco Central, de los bancos comerciales ni de las instituciones autónomas o semiautónomas, quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la Junta Directiva de la respectiva institución durante todos o parte de los dos años anteriores".

Además, su nombramiento no cumplía los requisitos de ley, debido a que este no se encontraba colegiado, requerimiento indispensable señalado en el perfil del puesto.

Por estos hechos, la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), entidad que presentó la denuncia penal tramitada bajo el expediente 23-001172-0175-PE.

Tras la fallida designación, Monge fue nombrado como jefe de despacho de la Gerencia General, en la que no logró ocupar el puesto como gerente.