Marta Acosta sobre proyecto Jaguar: “Preocupa que se abran portillos a la corrupción”

El proyecto de Ley Jaguar, que impulsa el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, abre portillos a que se den casos de corrupción, al eliminar potestades de fiscalización existentes en la ley.

Así de clara es la Contralora General de la República Marta Acosta, quien en entrevista con CRHoy.com reiteró lo que ha venido diciendo durante esta semana. La iniciativa del Poder Ejecutivo le resta la capacidad de ejercer controles previos, advertencias, recomendaciones y sanciones sobre los procesos de la hacienda pública, que involucran recursos públicos.

Además, modifica la Ley de Control Interno para que la Contraloría solo pueda pronunciarse sobre la legalidad de un proceso administrativo cuando este ya se realizó. Lo que quiere decir que si se comete un delito de corrupción, si hay un mal uso de dinero público, nadie lo podrá advertir o frenar. En palabras de la jerarca, será como ir nada más "a recoger los muertos", cuando se pudo salvar a los pacientes.

Esto es grave, pues como dice Acosta, el dinero que se pierde en los casos de corrupción es sumamente difícil de recuperar y a esto hay que sumarle el desencanto que provoca en la ciudadanía.

"Ningún sistema es infalible, más cuando hay seres humanos que se ponen de acuerdo y principalmente en el ámbito privado. Es claro que todos los sistemas tienen fugas, sin embargo, aquí la parte preventiva se estaría eliminando. Siempre es mejor evitar y no tener que pagar los altos costos de la corrupción los cuales, de todas maneras, es muy difícil cuando se han de recuperar todo lo que se pierde porque a eso usted tiene que sumarle el desencanto, la indignación y toda esa cosa que se genera en el sistema democrático. Si no existe el sistema de fiscalización se debilita, ya no tendremos fugas si no tubos abiertos", dijo Acosta.

Portillo para la corrupción

El proyecto Jaguar modifica los artículos 12, 17 y 22 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el artículo 9 de la Ley de Control Interno y el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública. Con esto, acaba con la posibilidad que tiene la entidad de improbar un presupuesto si las asignaciones son irregulares, advertir anomalías en procesos de obra pública, vigilar que las contrataciones públicas se hagan por medio de márgenes transparentes y legales y sancionar a los funcionarios públicos que cometan irregularidades.

"Preocupa que, de un momento a otro, se le quieran cortar, desmantelar, disminuir sus competencias, porque entonces después de la Contraloría ¿qué queda?, ¿quién va a hacer estos controles?, no lo dice la ley de referéndum.

Preocupa que se abran portillos a las ineficiencias y la corrupción, que todo sea más laxo, porque los controles son muchísimo más débiles, esto puede tener consecuencias de que los recursos públicos entonces no fluyan hacia los bienes y servicios para la ciudadanía", agregó la jerarca.

En este video puede ver un comparativo de los cambios que propone la ley:

Acosta es firme y subraya que si el proyecto actual se convierte en ley, la CGR no podría fiscalizar el uso de recursos públicos desde el punto de vista de eficiencia. Únicamente lo podría efectuar desde el punto de vista de la legalidad y solo podrá emitir pronunciamientos, que ya no serían vinculantes.

"Esta es una parte de nuestro trabajo que es fundamental porque es revisar la eficiencia de los proyectos, de las distintas funciones, programas, etcétera. Es una veta de trabajo importante, porque agrega valor en donde hay ineficiencias. Como en el caso del Bono Proteger (CGR estimó en diciembre de 202 que más de 19.000 millones del bono Proteger impulsado por el gobierno de Carlos Alvarado fueron girados irregularmente)", explicó Acosta.

Las instituciones públicas tampoco tendrían que rendir cuentas ante la CGR sobre temas relacionados con costos, gastos, inversiones o salarios.

Otro ejemplo de una intervención efectiva del ente contralor sucedió en julio de 2021 cuando ordenó frenar el desarrollo del proyecto Terminal Pacífico, impulsado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), ante la ausencia de los estudios técnicos y financieros necesarios para sustentar la inversión estimada en $234 millones.

Con los cambios propuestos en el proyecto "Jaguar", la CGR no podría realizar este tipo de fiscalizaciones previas a la ejecución de los proyectos.

Alerta internacional

Las acciones del Gobierno para debilitar a la Contraloría ya encienden las alertas a nivel internacional. Organismos que agrupan contralorías y órganos de fiscalización de otros países tienen el ojo puesto sobre lo que está haciendo Rodrigo Chaves y la ministra de Planificación Laura Fernández. 

"Hay alertas, ya nos están viendo, he recibido ofertas de apoyo, sin embargo, eso está ahí sostenido porque estamos esperando a ver cómo se va desenlazando, pero estas noticias vuelan. Nosotros tenemos una organización latinoamericana y tenemos una organización global. Hay otras contralorías en el mundo que sufren atropellos semejantes", comentó Acosta.

A esto hay que sumarle que auditorías de instituciones públicas también han comunicado a la Contraloría dificultades en el Gobierno para ejercer su función.

"Sí hemos recibido algunas alertas de auditores que tienen obstaculización, nosotros mismos ahora en algunas instituciones que es más difícil que fluya la información, es como más de retardar la entrega de información y se nos van ampliando los plazos para terminar las auditorías".

La jerarca dijo que están dando acompañamiento a estos funcionarios y funcionarias, para que puedan defender y realizar su labor a lo interno de las instituciones del Gobierno Central.

La contralora dijo que es consciente que se debe cambiar aspectos a lo interno para mejorar, pero recordó que propusieron proyectos de ley a la Asamblea Legislativa sobre aprobación de presupuestos en órganos y cambios en la Ley de Contratación.

"Nosotros nos regimos por controles internacionales, aquí no hay inventos. (…) esto no es un tema de que la Contraloría diga yo me siento aquí y no quiero cambiar, no me toque. Nosotros hemos sido muy abiertos, abiertos a reuniones con usuarios de nuestros servicios para ver cómo mejoramos, pero de ahí a que se le quieran suprimir funciones que son tan sustantivas, pues ahí, pues no estamos de acuerdo".

Acosta comprende que es difícil que la ciudadanía tenga visibilidad del trabajo que hace la institución que representa para resguardar el dinero de los ticos, pues la relación es principalmente con las instituciones y la Asamblea Legislativa.

"Ha habido una relación de respeto que es la diferencia con este gobierno, pero con todos los gobiernos quiero que eso quede claro, hemos tenido roces. Hemos tenido temas de proyectos, auditorías fuertes, denuncias fuertes con todos, lo que pasa es que con anteriores gobiernos ha habido una relación distinta, pero nunca ha habido como falta de respeto o ese este tipo de actitudes.

No es de recibo que se diga que solo con este gobierno y yo quiero decir que nosotros tenemos el menor ánimo de molestar a un gobierno, lo que estamos haciendo es nuestro trabajo, no hay ninguna animadversión con ninguna persona, porque aquí las cosas no son personales.

Aunque reconoce que con todos los gobiernos ha existido momentos de tensión, siempre se mantuvo el marco del respeto. Recalcó que no recuerda ataques como los actuales por parte del Ejecutivo.

"Hemos tenido roces, intercambios, reclamos, etcétera con otros gobiernos y presidentes, con instituciones y eso es como natural, porque el control y la fiscalización no es beneplácito de nadie, a nadie le gusta que le digan que las cosas que no están bien o que no se están haciendo bien, pero nunca habíamos tenido una situación como esta".