Marchamo digital enciende alarmas sobre manejo de datos privados

(CRHoy.com). El plan de marchamo digital que impulsa el Poder Ejecutivo desata una serie de interrogantes sobre el futuro uso de información ligada a los desplazamientos de los vehículos y sus propietarios.

Las autoridades anunciaron el proyecto el 26 de abril y el 9 de junio, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el Instituto Nacional de Seguros (INS) publicó una licitación mayor, por un presupuesto superior a los ₡4.800 millones, para la contratación de la empresa que suministraría suministre etiquetas con Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID, por las siglas en inglés) para el proyecto del marchamo digital. 

El contrato para adjudicar tiene una vigencia de 1 año con opción de otros 3 mediante renovaciones. El objetivo es conseguir el suministro de 1.800.000 etiquetas.

¿Qué representa la tecnología RFID? Es el acrónimo de Radio Frequency Identification y se refiere a una tecnología mediante la cual los datos digitales, codificados en etiquetas RFID o etiquetas inteligentes, son capturados por un lector RFID a través de ondas de radio.

La tecnología RFID funciona similar al código de barras, pues los datos de una etiqueta son capturados por un dispositivo que almacena la información en una base de datos.

Según el plan del gobierno, con el marchamo digital se "modernizará el ecosistema de regulación vehicular y simplificará los servicios relacionados". Así las cosas, en una primera etapa se brindará la etiqueta del derecho de circulación hasta por 10 años y se unificarán las etiquetas que se pegan en el parabrisas.

Pero, en una segunda etapa, que levanta dudas entre expertos en la materia, en el marchamo digital se utilizará el chip colocado en la etiqueta para -según el gobierno- efectuar tareas como "agilizar el tránsito durante las presas, dar prioridad a vehículos de emergencias, abrir agujas de pajes o ingresar a parqueos". En esa misma línea, el chip que se colocará en los vehículos permitirá remitir información hacia un sistema centralizado que podrá ser leída a distancia por la Policía de Tránsito.

Mauricio París, abogado y experto en protección de datos, compartió con CRHoy.com un análisis hecho sobre la propuesta del INS, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda, donde se apuntan una serie de inquietudes en torno a riesgos para la privacidad de los usuarios.

"No es tanto que se use el chip para controlar el pago del marchamo, sino son los otros usos que el Estado puede hacer del chip, o incluso particulares, en esa segunda etapa que se mencionaba (o en una tercera, o en una cuarta). El chip permite que un vehículo sea rastreado de forma indiscriminada si se colocan lectores en la vía pública, y no solo para verificar el pago del impuesto, sino con cualquier otra finalidad, y si al lector del chip le colocan una cámara: voilà, se tiene un poderoso instrumento de vigilancia masiva, que comenzó en una primera etapa como un inofensivo dispositivo para controlar el pago del marchamo por módicos 2 mil colones", puntualizó París.

París enfatizó en que "cualquier proyecto que involucre cantidades masivas de datos personales de los ciudadanos (como los desplazamientos privados en un vehículo) debe ir precedido de una evaluación de impacto de la privacidad. También, urge establecer reglas claras sobre quién será el responsable de los datos personales, los criterios para que estos datos sean accedidos o transferidos a terceros, y las medidas de seguridad que deberá contener la base de datos que se configure".

Incluso, advirtió que en Costa Rica existen vacíos legales que impiden la existencia de garantías suficientes para la protección de datos personales. Por ejemplo, el caso UPAD o la polémica en torno a las pruebas FARO, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) socavaron la credibilidad del Estado sobre la privacidad con una Agencia de Protección de Datos endeble para regular.

"Resulta esencial que se aprueben los proyectos 23.097, que reforma integralmente la Ley de Protección de Datos Personales, y 22.063, el cual incluye la protección de datos personales como un derecho constitucional. Estas iniciativas de ley son habilitadoras, indispensables para que el Estado desarrolle proyectos tecnológicos con garantías para el ciudadano. Sin embargo, estos proyectos no han sido convocados por el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. Otras instituciones, como la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes y la misma Agencia de Protección de Datos deberían intervenir proactivamente ante estas iniciativas, para evitar que se liciten proyectos y se adjudiquen, y luego se pierdan fondos públicos porque nadie advirtió los riesgos intrínsecos", detalló el abogado.

Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia y Tecnología (2018-2020) y consultor internacional en temas ligados al sector, considera que es fundamental dar un espacio previo a poner en marcha el marchamo digital.

"Es esencial que se abra el espacio para que expertos en tecnologías digitales, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Derecho Informático, personas expertas en protección de datos, tengan la oportunidad de girar algunas observaciones, en función que dicho proyecto tenga toda la potencialidad una vez puesto en marcha", comentó Salazar.

El exjerarca no está en contra de impulsar un marchamo digital, pero reiteró que debe velarse por el correcto uso de los datos personales de los usuarios en etapas posteriores del proyecto. Incluso, abrió la posibilidad a discutir si se convierte en una alternativa opcional para los conductores.

Johanna Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), alegó que el plan de marchamo digital arriesgaría datos privados de los usuarios. Bajo su punto de vista, es necesario conocer cómo se manejarán los datos que se recolectarán a través del sistema RFID.

"Nuestra libertad como costarricenses no puede estar a merced de un aparato Estatal que ha demostrado ser negligente en el uso y tratamiento de datos y, sobre todo, un Gobierno que no ha convocado el expediente 23.097 sobre protección de datos", añadió.

Para la diputada, con esta propuesta se está a las puertas de una verdadera violación de derechos constitucionales según el artículo 24 de la Constitución Política, situación que mantiene alarmada a la legisladora, pues para ella, no se tendría un trato ni manejo adecuado de la información.

"Con esta propuesta se está a las puertas de una verdadera violación de derechos constitucionales según el Artículo 24 de la Constitución Política, situación que mantiene alarmada a la legisladora, no se tendría un trato ni manejo adecuado de la información", añadió la diputada, a través de una publicación hecha sobre el tema.

La intención del INS es que el marchamo digital se implemente a partir de 2024.