Maratónica acusación de La Trocha continuará el lunes
Desde el lunes 30 de junio dio inicio el juicio del caso conocido como La Trocha, luego de 13 años desde que se dieran a conocer los supuestos hechos de corrupción en obra pública.
El proceso judicial se está llevando a cabo en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José.
A partir de entonces se ha ido desarrollando paulatinamente la lectura de la acusación por parte de los fiscales del Ministerio Público.
De momento ya superaron los 454 ítems de los 512 totales de prueba documental.
A lo largo de la maratónica acusación, los fiscales Diego Maroto y Carlos Jiménez han enlistado facturas referentes al pago de horas de trabajo de vagonetas, orugas, tractores y otras maquinarias.
De acuerdo con la premisa del Ministerio Público, a esos vehículos pesados se les habría pagado montos superiores a los que estaban definidos en los decretos de instituciones públicas.
Además, se cree que algunas de las obras de esas maquinarias fueron reportadas pero nunca sucedieron. Esto quiere decir que se habrían registrado más horas de trabajo de las que realmente se hicieron.
Con montos que iban desde los miles y hasta a millones de colones.
La lectura de la acusación proseguirá a partir del lunes 7 de julio a las 8:45 a.m., pero solamente en la mañana.
Además, el martes y jueves de la otra semana solo se sesionará en la mañana.
Supervisores se beneficiaron
En la acusación se expone que algunas personas se hacían pasar por supervisores de instituciones públicas como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otras más.
Esto con la intención de firmar las facturas y engañar el cobro de los servicios. Esos supervisores habrían recibido dádivas como dinero, lotes, casas, viajes a Estados Unidos (EE. UU.) e invitaciones a centros de entrenamiento para adultos, así como otros elementos.
Acusados en la investigación
En este caso hay 13 acusados apellidados: Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer) y Montoya.
A ellos se les acusa los delitos de presunto peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública. Todos estos crímenes en contra del Estado.
Otro imputado identificado como Campos Vindas fue separado del caso a solicitud de su abogado, ya que estaba incapacitado y presentaba un quebranto de importante de salud.
Ante esa situación, los jueces aprobaron que el imputado llevara un procedimiento aparte bajo un testimonio de piezas.
¿Qué es La Trocha?
Se trata del que es considerado el primer escándalo de corrupción en obra pública del país.
El caso de "La Trocha" o también conocido como la Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras, es un escándalo de corrupción relacionado con la construcción de una carretera de 160 kilómetros a lo largo de la frontera con Nicaragua, iniciada en 2010.
La obra había sido impulsada como una medida de emergencia tras la invasión de militares nicaragüenses a Isla Calero, con el objetivo de reforzar la seguridad y en la zona fronteriza.
Los hechos se dieron a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012, cuando Laura Chinchilla, entonces presidenta de la República, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La acusación fue presentada el 17 de enero de 2017 por la Fiscalía General liderada entonces por Jorge Chavarría, quien dejó su cargo a finales de ese mismo año en medio del escándalo del "cementazo".
Sobreseimiento
En noviembre de 2018, el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 48 personas investigadas por el caso La Trocha, incluida la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, su vicepresidente Luis Liberman, el exministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez y el exfiscal general, Jorge Chavarría.
Nuevo proceso
Tras una serie de audiencias realizadas entre setiembre de 2019 y enero de 2020, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José elevó el expediente penal a debate con 26 imputados.
No obstante, solo 14 fueron enviados a juicio, ya que el resto acordó una salida alterna al proceso penal y evitó sentarse en el banquillo de los acusados.
