Maniobras legales y separación de jueza entorpecieron arranque de juicio en caso “Fénix”
Ministerio Público y algunos defensores recursaron a juzgadora
Una serie de recursos de apelación y de revocatoria, así como la recusación de una jueza de apellidos Calvo Vargas, volvieron a entorpecer este viernes, el inicio del juicio por el caso "Fénix" en contra de 25 personas sospechosas de conformar una banda dedicada a la legitimación de capitales a través de varios negocios comerciales en Pérez Zeledón.
Esta red era liderada por un supuesto narcotraficante llamado José Giovanni Segura Angulo, alias "Narizón", quien tenía nexos con Juan Manuel García Hernández, alias El Güero, narcotraficante de origen mexicano y de muy alto perfil, que tenía su "franquicia" en Costa Rica,
El arranque de uno de los juicios del año estaba pactado para el pasado lunes 24 de febrero, pero ese mismo día empezaron los embrollos legales en torno al debate.
Esto debido a que la jueza Calvo Vargas, ordenó unificar para enjuiciar en un mismo proceso, 2 causas penales separadas: una contra toda la agrupación criminal por el blanqueo de activos, más otro adicional solo contra el aparente líder criminal, señalado de delitos vinculados con trasiego de drogas y que tiene cerca de una década de estar en espera.
En síntesis, varios abogados de los imputados afirmaron que, en primera instancia, no les notificaron adecuadamente la acumulación expedientes, lo que provocaría que ni los acusados ni sus representantes legales tuvieran acceso a toda la información para poder defenderse de manera apropiada.
Eso obligó a las juezas del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, a suspender el trámite el pasado lunes y reprogramar para hoy viernes.
En medio de estos días, en lugar de notificar formalmente la resolución que unificó las causas penales, las juzgadoras tomaron otra decisión, revirtieron el fallo previo, y volvieron a dividir los expedientes de lavado de dinero y de narcotráfico, con el objetivo que cada uno siga su curso por separado.
Esto lo hicieron al declarar una actividad procesal defectuosa, una figura legal que le permite a los jueces corregir el proceso en caso de que identifiquen que se cometió un vicio. Es decir, el Tribunal consideró que unificar los expedientes fue un error de procedimiento y por eso resolvió la división, nuevamente.
El Ministerio Público se opuso a esta decisión y pese a varios intentos de mantener en un solo juicio ambas causas penales, al final el juicio siguió su curso únicamente en lo que respecta a la legitimación de capitales.
Ahora la Fiscalía de Legitimación de Capitales ya empezó a acusar y tendrá que presentar pruebas y testigos contra los aparentes delincuentes, solo por supuestamente administrar dinero y negocios que en apariencia fueron financiados con ganancias del narcotráfico.
El fiscal del caso, de apellido Garro, explicó a las juezas que sus recursos de revocatoria y apelación suspendían la separación de las causas y no dejaba en firme dicho fallo, situación que fue descartada por las juezas.
De esta forma, los abogados que habían apelado la unificación de las causas, retiraron los recursos que habían presentado.
Jueza fue separada
El pasado lunes, el abogado José Miguel Villalobos, quien representa legalmente a 7 de los 25 imputados del caso Fénix y quien es conocido públicamente por defender y ser amigo del mandatario Rodrigo Chaves Robles, manifestó el pasado lunes su intención de excluir a una de las 3 juezas a cargo del expediente, una funcionaria apellidos Calvo Vargas.
Esto bajo el argumento de que fue ella quien individualmente, fue quien tomó la determinación de unificar las causas penales.
En ese mismo acto, la juzgadora incluyó 2 párrafos en los cuales se cuestiona que dio por un hecho, que los dineros de la agrupación criminal provenían del narcotráfico o actividades ilegales.
Para el abogado Villalobos, la jueza habría irrespetado la presunción de inocencia de sus clientes y pudo haber cometido un prejuicio desde previo.
No obstante, este viernes Villalobos aclaró que no pediría la separación de Calvo Vargas, dado que según su criterio, la redacción no fue la mejor, pero que no podría decir que hubo prejuicio y desistió.
En un giro de acontecimientos, el representante del Ministerio Público fue quien terminó solicitando la excusa o recusación de la jueza. De acuerdo con el fiscal, la jueza pudo haber tenido conocimiento previo sobre los hechos del juicio y esto podría empañar su imparcialidad u objetividad.
La preocupación del fiscal es que quedase alguna puerta abierta para que en un futuro, en caso de sentencia se pudiera dictar alguna apelación o ineficacia por la participación de la jueza. Dos defensores públicos de los sospechosos respaldaron la recusación, no así los abogados privados.
La juzgadora rindió un informe ante el resto del Tribunal, negando haber hecho algún prejuicio o haber conocido de previo hechos, pruebas o evidencias del caso Fénix, pero pese a ello, sus cojuezas determinaron hacerla a un lado, no porque existieran elementos objetivos que comprobaran que ella hiciera prejuicio, pero lo hicieron así para evitar dudas de cualquier persona y finalmente, se designó otro juez.
