¿Cuál es su valoración de estos primeros seis meses de la Administración de la presidenta Laura Fernández?

No son los primeros seis meses, según mi criterio, sino cuatro años y seis meses.

Me parece que deberían meter un poquito más el pie en el acelerador. No consideramos que se hayan materializado algunas de las propuestas que han presentado.

Ha habido un enfoque en alimentar narrativas de conflicto, en lugar de mejorar las condiciones de vida de la gente, especialmente en el Caribe costarricense. Entonces, a mí me queda debiendo.

Tengo fe en Dios de que ojalá mejore, porque si a la señora presidenta le va bien, le va bien a Costa Rica. Ese es el interés de cualquier costarricense, inclusive el de este diputado de oposición.

Yo sugiero que la presidenta asuma un poquito más de liderazgo y tome las decisiones necesarias para mejorar las condiciones de vida de los costarricenses.

Limón es una de las provincias que presenta actualmente los mayores índices de criminalidad y violencia. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor error de esta Administración en su política de seguridad?

El Caribe costarricense es otra Costa Rica.

Me parece que el principal error, no solamente en materia de seguridad, sino en general, es la falta de presencia del Gobierno en la provincia.

A Limón solamente se le visita para actividades festivas, como las del Día del Negro. Esto no es un tema exclusivo de este Gobierno, sino que ha ocurrido históricamente.

Me parece que la presencia del Estado costarricense y del Poder Ejecutivo en la provincia no se siente.

Entonces, en general, hay una falta de presencia estatal.

¿Qué hace falta para combatir el crimen organizado en Limón?

Yo creo que falta voluntad política y respeto. Falta entender que existen tres poderes en la República.

No creo que haya forma de llegar a acuerdos con el irrespeto que algunas figuras del Poder Ejecutivo expresan hacia la oposición.

Cuando se trabaja en equipo, existe respeto y hay diálogo, las cosas fluyen, más aún cuando se respeta la división de poderes.

Me parece que esa es la esencia, más allá de cualquier proyecto de ley o de cualquier acción para construir una delegación policial. Se requiere trabajar en equipo.

No existe forma de alcanzar el éxito si no trabajamos en conjunto.

¿Le preocupan los ataques constantes del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y los recortes para su funcionamiento?

Sí, me preocupa mucho.

La gente no quiere eso. Con insultar al otro no se gana nada.

A la mayoría de los costarricenses no les gusta eso.

¿Cuál es su valoración de la gestión del Gobierno en materia de infraestructura en Limón?

El manejo de las rutas nacionales ha sido un caos.

No han logrado resolver el problema de los derrumbes en el Zurquí. Solamente nos han dicho que se están haciendo estudios. Ya llevan cuatro años y seis meses y siguen hablando de estudios.

Hemos estado exhortando a que busquemos rutas alternas, porque este problema no solamente afecta a los limonenses, sino también al sector exportador.

Costa Rica pierde $1 millón cada vez que cierran el cerro Zurquí.

Este es un tema de logística de exportación, de salud, de seguridad y, en general, un problema que afecta a todo el país, no solamente a la provincia de Limón.

En materia de educación, ¿cómo afectan a Limón los recortes incluidos en el Presupuesto Nacional de 2027?

El tema de la educación es un desastre.

No entendemos cuál es la estrategia del Poder Ejecutivo.

Históricamente, la mayoría de los limonenses ha tenido que trasladarse a la Gran Área Metropolitana para estudiar.

Hemos hecho un esfuerzo. Este servidor ha estado hablando con las universidades estatales para que amplíen su oferta y tengan mayor presencia en los diferentes cantones de la provincia de Limón.

Ahora, con estos recortes del Poder Ejecutivo para el funcionamiento de las universidades, vamos para atrás.

Durante la discusión sobre la armonización eléctrica, trascendieron versiones sobre acercamientos entre el Gobierno y diputados liberacionistas, incluido usted. ¿Participó en esas conversaciones?

En el PLN se definió una comisión para trabajar en la propuesta de ley, de manera que pudiéramos hablar de la modernización del sistema eléctrico costarricense desde el principio.

Nosotros estuvimos en contra del proyecto de ley que se votó y, dicho sea de paso, lo votamos en contra.

Presentamos cuatro propuestas. El Poder Ejecutivo no las consideró adecuadas y decidió presentar el proyecto que, a su criterio, debía aprobarse.

Nosotros consideramos que ese proyecto no era solidario. Por eso decidimos votarlo en contra.

Sin embargo, estamos dispuestos a seguir trabajando con el oficialismo para que las cosas sucedan y podamos continuar avanzando en materia de armonización eléctrica a nivel nacional.

¿Usted compartía esa posición desde el principio o cambió de criterio durante las negociaciones?

Estaba en contra. Yo quería que hubiera más negociación.

Debemos hacer un mayor esfuerzo por negociar más y sentarnos a conversar.

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