Magistrados aprueban levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves por acusación del caso BCIE

Con una votación de 15 a favor y 7 en contra, los magistrados decidieron la mañana de este martes dejar en firme la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, para que enfrente el proceso penal por la acusación del caso "BCIE-Cariñitos".

Ahora, el paso siguiente es que se envíe a la Asamblea Legislativa, que debe decidir si aprueba la solicitud de la Corte o la rechaza.

En esta sesión también se definió el levantamiento de la inmunidad del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, con una votación de 17 a favor y 7 en contra.

La causa está vinculada con supuestos contratos a la medida otorgados por Casa Presidencial a una productora, utilizando dinero proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los miembros de la Corte Plena tomaron la decisión de trasladar el proceso a la Asamblea Legislativa, para que se continúe con el trámite del levantamiento del fuero especial.

Este procedimiento se aplica únicamente cuando el Ministerio Público acusa a uno de los miembros de los supremos poderes. En este caso, como Chaves es el jerarca del Poder Ejecutivo, se debían seguir varios pasos antes de poder llevarlo a un eventual juicio.

La Fiscalía General presentó la acusación correspondiente al expediente 25-000019-0033-PE, en el cual se investigó la contratación, aparentemente a la medida, de la empresa RMC La Productora S. A., con el fin de que brindara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, durante el período 2022-2026.

En la documentación se señala al presidente de la República, Chaves Robles, y exjefe de su despacho Rodríguez Vives, el pasado 7 de abril, como responsables de la comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años “al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.

Según la acusación, Chaves y Rodríguez presionaron al productor Cristian Bulgarelli para que le entregara $32 mil del contrato con el BCIE a Federico Cruz "Choreco", amigo cercano del presidente Rodrigo Chaves, con dinero del pago del contrato para servicios de comunicación que se le otorgó a Bulgarelli, financiado con una donación del Banco internacional.

Para ese fin, Chaves y el Gobierno usaron parte del $1 millón que el banco centroamericano dona a cada país fundador al inicio de cada nueva administración. Cabe señalar que la Contraloría General de la República (CGR) ha sido clara en que dicha donación se considera como recursos públicos.

Además, según la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato.

Testigo de la corona

Bulgarelli Rojas aplicó para un criterio de oportunidad, también conocido como testigo de la corona, estipulado en el artículo 22, inciso b, del Código Procesal Penal.

Dicho artículo establece que, por tratarse de un delito grave, si el imputado se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, esclarecer los hechos investigados y proporcionar información útil para probar la participación de los demás imputados, se le puede procesar bajo esa figura.

Actualmente, la Fiscalía ha presentado dos acusaciones ante la Corte contra Chaves. La otra se refiere a la presunta participación del mandatario en un esquema mediante el cual su equipo habría financiado la campaña con la que alcanzó el poder en 2022. En esa causa también figuran como acusados los diputados oficialistas Pilar Cisneros, Paola Nájera, Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André Tinoco y otros financistas.

Audios y testigo

El pasado 30 de enero, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró audios grabados por la exministra de Comunicación Patricia Navarro durante reuniones sostenidas en Casa Presidencial para definir detalles del contrato.

En dichos audios se escucha claramente al presidente Chaves pidiendo “cariñitos” con fondos del BCIE, que son donados al país para proyectos.

“Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y, tal vez, pedir un par de chineos, de cariñitos”, dijo Chaves en un audio.

Entre los favores de Chaves, solicitó claramente que Federico Cruz “Choreco” estuviera incluido en la contratación con Bulgarelli. “Choreco” fue su asesor durante la campaña electoral.

Los audios detallan además la intención del Gobierno de Chaves de limitar la pauta a los medios de comunicación independientes y pedidos a instituciones públicas para que no promocionen sus productos en medios que el presidente considera "enemigos".

Navarro declaró en el Ministerio Público que "nunca había visto tanta corrupción" como la que encontró en Casa Presidencial durante el trámite que se le dio a ese contrato.

Navarro rindió testimonio ante la Fiscalía General el 20 de febrero de 2025, a las 8:00 a.m. Es una de las principales testigos en el caso, junto con Bulgarelli, quien se acogió a un criterio de oportunidad a cambio de convertirse en otro testigo clave para el Ministerio Público.

Narró cómo entre mayo y agosto de 2022 se fraguó la contratación de Bulgarelli a través del uso de los fondos aportados por el BCIE y subrayó que el mandatario Chaves presionó porque Choreco estuviera en el contrato.

En mis 65 años nunca he visto tanta corrupción. Si yo no hubiera tenido las grabaciones hubiera terminado inculpada por este tema de la contratación. Nunca se dio que era una licitación, pero Jorge Rodríguez tuvo que saber desde el inicio porque era quien hablaba del tema del dinero con el BCIE, indicó Navarro ante el Ministerio Público.