Magistrada solicitó eliminar resoluciones sobre casos contra miembros de Supremos Poderes

(CRHoy.com) El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar una solicitud de la magistrada Patricia Solano Castro para eliminar 5 resoluciones de desestimación en favor de miembros de los Supremos Poderes.

La decisión la confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de CRHoy.com.

"Tras informaciones que trascendieron públicamente, se confirma que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la República realizar los actos de investigación necesarios de acuerdo con las competencias legales de este órgano judicial", indica la respuesta dada a este medio.

Presuntamente, Solano Castro -en condición de presidenta de la Sala Tercera- solicitó a la jefa del Centro de Información Jurisprudencial, Patricia Bonilla Rodríguez, borrar de la base de datos Nexus, 5 votos de ese órgano jurisdiccional. También se pide eliminar la asociación de dos votos de la Sala de 2019, como jurisprudencia relacionada a una sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón.

 

Lo anterior "en aras de cumplir con la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria", según consta en el oficio 027-Presid.ST-2022, del 19 de abril pasado, al cual CRHoy.com tuvo acceso. Dicha gestión se fundamenta en el artículo 295 del Código Procesal Penal así como en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su Reglamento.

"En resumen, lo requerido es, en el caso del primer grupo de sentencias (2018) que sean totalmente eliminadas o borradas del sistema Nexus; y en las del segundo grupo (2019) eliminar la relación con los referidos fallos de la Sala de Casación Penal", culmina el documento en poder de este medio.

Tres de los casos en cuestión aún están disponibles en Nexus, según pudo constatar CRHoy.com. Los tres casos corresponden a desestimaciones: uno por presunta desobediencia dictada en favor del exdiputado Roberto Thompson Chacón (2018-00901); otra por supuesto incumplimiento de deberes resuelta en favor del exministro de Educación Pública, Édgar Mora Altamirano (907); mientras que la última es por un aparente prevaricato, ordenado en favor de los magistrados Luis Guillermo Rivas Loaiciga y Román Solís Zelaya así como de los exmagistrados Carmen María Escoto Fernández y William Molinari Vílchez (869). No se lograron encontrar en la plataforma los otros votos.

CRHoy.com procuró contar con un descargo de Solano Castro, pero esta indicó mediante el departamento de comunicaciones que se referirá al respecto "en el momento procesal oportuno como corresponde, al estar este tema bajo examen del Ministerio Público".

Apoyo jurídico

La jefa del Centro de Información Jurisprudencial, Patricia Bonilla Rodríguez, remitió el 21 de abril anterior la misiva 038-CIJ-2022 al Consejo Superior del Poder Judicial, en el que reporta haber recibido la solicitud de la magistrada Patricia Solano Castro.

El oficio fue conocido en la sesión del 38-2022 celebrada el 5 de mayo.

"Cabe señalar que en el oficio (027-Presid.ST-2022) se hace referencia a resoluciones en concreto las cuales corresponden a desestimaciones. Además, en la nota se cita como fundamento de lo instruido el artículo 295 del Código Procesal Penal (privacidad de las actuaciones del procedimiento preparatorio), la ley 8.968 y el Reglamento Institucional a dicha ley", destacó la funcionaria.

Bonilla Rodríguez sugirió pedir un criterio a la Dirección Jurídica para resolver una serie de inquietudes, en el tanto que Solano Castro solicitó eliminar 5 documentos específicos, a pesar de que en la base de datos existen más de 300 resultados de la misma naturaleza, del periodo 1998-2018.

Las cuatros interrogantes son:

• Si las resoluciones desestimatorias en este tipo de procedimientos (artículo 395 del Código Procesal Penal), son parte de la etapa preparatoria y, consecuentemente, están cubiertas por la privacidad del artículo 295, o en su defecto, formarían parte de lo que debe resolver el juez de la etapa intermedia conforme se podría interpretar de los artículos 299 y 301.
• En caso de que se considere que no son parte de la etapa preparatoria, pero que la información es sensible por existir una desestimación, definir si lo que procede es eliminar del todo el documento o bien la despersonalización de las partes. Ante esta última opción, además se pide valorar si al estar ante casos de interés público (por ser altos funcionarios los involucrados) procede o no la despersonalización de la información.
• Si en los supuestos donde no existe solicitud de desestimación se deben eliminar, despersonalizar o publicar las informaciones de forma íntegra para los procesos contra miembros de los Supremos Poderes.
• Y si esto debe aplicarse a todas las resoluciones que se publican sobre miembros de los Supremos Poderes (existentes y futuras) o solo aplica para los supuestos concretos expuestos en el oficio.

Durante la mencionada sesión estuvo presente el presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz Castro, quien según el acta -de la que CRHoy.com tiene copia- se limitó a indicar que "el asunto es polémico" y que debía procederse con la consulta a la Dirección Jurídica.

El Consejo Superior finalmente acordó dar un mes a la Dirección Jurídica para emitir un criterio con respecto a las preguntas de Bonilla Rodríguez.