Mafia china estaría detrás de venta de lotería ilegal y piden la cabeza de Greivin Moya
(CRHoy.com) Grupos organizados de mafia china estarían detrás de las ventas de lotería ilegal que han proliferado en el país y que hacen que la Junta de Protección Social deje de percibir más de ¢175 mil millones al año. A esos grupos se unen también algunos de capital colombiano y panameño y un informe de la Policía de Control de Drogas de 2018 señaló a un estadounidense como el líder de la venta de lotería ilegal en el país, vinculándolo con mafia de Filipinas, Macao, Vietnam, China y Hong Kong.
Los diferentes grupos delictivos, han reaccionado con molestia a una serie de reportajes publicados por el periodista de Telenoticias Greivin Moya, a cuya cabeza le pusieron precio y quien se mantiene ahora bajo custodia de las más especializadas autoridades judiciales del país.
En una serie de reportajes, Moya evidenció la proliferación de las ventas de lotería ilegal, un negocio que "crece cada día, favorecido por (…) el desconocimiento de la población acerca de su relación con otras formas de criminalidad (…) Se trata de una actividad que, evidentemente, no tributa, no se somete a ningún tipo de regulación o cargas sociales, no ofrece garantías a sus usuarios y genera redes de crimen organizado en comunidades tradicionalmente sanas", según indica una iniciativa de ley que busca poner freno a esta actividad.
Pero el periodista Moya no es la única víctima de amenazas por parte de estos grupos de mafiosos, quienes han intimidado también a diversos comerciantes para obligarlos a vender los tiempos y loterías ilegales. "De hecho les dicen que si no acceden a vender, los van a asaltar o cosas peores… A muchos ya los han asaltado por negarse", indicó una fuente a CRHoy.com, pidiendo la protección de su identidad por miedo a represalias.
De acuerdo con la información a la que este medio tuvo acceso, los orientales ejercen presión y violencia sobre los vendedores, logrando su cometido: un aumento importante de puntos de venta de tiempos clandestinos y juegos de azar ilegales.
Pese a que varios grupos de interés aseguran que la lotería nacional es un monopolio, ya la Sala Constitucional ha dicho que eso no es así, pues la mayoría de los dineros producto de las ventas de la Junta de Protección Social se destinan a diversos programas que ayudan a grupos vulnerables del país. De este modo, solo la Junta puede vender y producir lotería en Costa Rica, pero esas bandas organizadas financian lo que se conoce como "la banca", un fondo de determinado monto con el cual se realizan tiempos y loterías ilegales que pagan entre el 85 y 90 veces lo invertido. Así, han creado "mini negocios" de venta de estos productos a lo largo y ancho del país, y por medio de esas estructuras realizan todo tipo de delitos, entre ellos el lavado de dinero.
Buscan poner freno
El proyecto de ley número 21.632, presentado ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, es claro en afirmar que la lotería ilegal no solo está al margen de la ley y sin control alguno, sino que se utiliza para financiar actividades ilícitas y "es la puerta a una serie de conductas delictivas paralelas como legitimación de capitales, extorsiones, estafas, entre otras".
Pese a que la ley vigente ya establece que las ventas de lotería son prohibidas, salvo que sean promovidas por la Junta de Protección Social, este nuevo proyecto reitera que es necesaria una reforma dado que "se carece de tipos penales que definan con la claridad que el ejercicio de la potestad punitiva del Estado requiere, todas las conductas asociadas a los procesos de lotería clandestina o ilegales. Tampoco se cuenta con penalidad proporcionada y acorde con la gravedad de este delito, así como de las formas delictivas asociadas a ese ilícito". Es por eso que la iniciativa de ley busca penas que van desde multas económicas hasta penas de prisión por 10 años para quienes vendan, comercialicen o promuevan lotería ilegal.
La presidenta de la Junta, Esmeralda Britton, ha sido clara al reiterar la necesidad de nueva legislación pues afirma que "mientras en ventanas y puestos comerciales ofrecen juegos ilegales, Costa Rica enfrenta esa ilegalidad con un marco jurídico obsoleto que impide poner freno a los capitales de dudosa procedencia que los financian. (…) Costa Rica debe reaccionar y actuar frente a esos juegos que además generan tantas dudas en cuanto al posible nexo con capitales sospechosos".
