Madre de joven asesinado: ley que impulsan diputados protegerá a los delincuentes

Tras el crimen de su hijo en un asalto perpetrado en 2008, Roxana Rojas Morales tomó la batuta y libró una lucha incansable para que el Estado otorgara apoyo a las familias de las víctimas.

En aquel entonces no existía ninguna entidad ni ninguna figura jurídica que protegiera y apoyara a estas personas. Su lucha, y la de muchos otros actores, tuvo rédito cuando hace más de una década se aprobó la Ley 8720 de Protección a Víctimas y Testigos.

Con esto se creó un impuesto a los títulos valores de moneda extranjera para financiar los programas de apoyo. Actualmente, esto es lo que alimenta a la Oficina de Protección a la Víctima del Ministerio Público.

No obstante, las cosas podrían cambiar. Rojas teme que el proyecto de ley sobre Justicia Restaurativa -expediente  19.935- se traiga abajo parte de ese esfuerzo y disponga los recursos destinados a las víctimas al tratamiento de delincuentes.

Y es que el inciso ‘F’ del artículo 55 del proyecto de ley señala que la Oficina de Atención a la Víctima del Delito deberá atender y abordar a los ofensores de delitos de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.

Esto, por ejemplo, implicaría que las víctimas dejen de recibir -al año- más de ¢300 millones del presupuesto de esa oficina. Según el Ministerio Público, dicho dinero tendría que usarse para crear la plataforma administrativa de un programa dirigido a hombres que cometen delitos de esa naturaleza.

Con la iniciativa se pretende que se resuelvan conflictos penales de una forma ‘humana e integral’, a través de un proceso que involucre a la víctima, la comunidad y la persona ofensora.

“El proyecto es una conciliación entre las víctimas y los imputados. Ya nuestro sistema jurídico contempla ese instrumento. No es necesario. Si una víctima quiere conciliar con el imputado ya existe forma para hacerlo. A las víctimas en nada los ayudará (…) No vamos a permitir que un proyecto que no beneficia a víctimas, pero sí a cárceles o a la Corte, utilice nuestro presupuesto”, dijo Rojas.

La iniciativa de ley se aplicaría a delitos como desobediencia a la autoridad, descuido de animales, estafas de seguro, hurtos, conducción temeraria y apropiación irregular, entre otros.

“Quieren utilizar el presupuesto de las víctimas. No nos interesa este proyecto. Tanto es así que quieren meterle la carga a la Oficina de Protección a la Víctima. La Ley 8720 es clara: la atención es para víctimas, no para delincuentes. El país está pasando por una crisis fiscal en la que no se puede dar el lujo de gastar dinero en duplicidades”, apuntó la activista.

Corte: “las víctimas están primero”

El texto es impulsado en gran parte por Doris Arias, magistrada de la Sala Tercera que está a poco tiempo de buscar su reelección para el puesto. Desde la óptica de Arias, la Corte Suprema de Justicia asegura que las víctimas están primero y "son el eje central del programa".

La Corte niega que se incluyan opciones de justicia restaurativa en delitos de violencia contra la mujer o  que existan conflictos éticos en los equipos interdisciplinarios que atenderían los casos.

"No es correcta la apreciación de que serán los mismos profesionales los que atenderán a las víctimas y a las personas imputadas. La propuesta de ley prevé la integración de equipos especializados para la atención integral de la víctima", recalcó el Poder Judicial, en un comunicado de prensa difundido el 6 de junio.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate y podría ser sometido a votación definitiva en las próximas semanas. La Fiscala General, Emilia Navas, ha advertido ya del riesgo de aprobar en segundo debate la iniciativa tal y como está.

Según la Fiscalía General, el artículo 6 del proyecto representa un riesgo para la independencia funcional del Ministerio Público y adolece de inconsistencias. Por ejemplo, se crea una Dirección de Justicia Restaurativa, un órgano que sería dependiente de los magistrados y que se convierte en un ente rector en esta materia.

“Pese a que el artículo dice que las oficinas que ejercen la acción penal quedan fuera del alcance de ese ente rector, lo cierto es que es que el Ministerio Público tiene oficinas que no ejercen la acción penal, como es la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. En esa y en otras oficinas que no se ejerce la acción penal, el ente rector tendría la posibilidad de definir el uso de recursos económicos y de nombramiento de personal y disponer sobre la estructura administrativa. Es por esta razón que el Ministerio Público tendría en riesgo su independencia funcional“, consideró la Fiscalía.