Lula promete defender la “soberanía” de Brasil ante medidas de EE. UU.
La Casa Blanca había reafirmado poco antes que aplicará tarifas de 50% a productos brasileños, aunque con varias excepciones y con casi una semana de retraso respecto de la fecha original, el 1º de agosto.
Washington también anticipó este miércoles, casi en simultáneo, sanciones financieras a Alexandre de Moraes, juez de la corte suprema a cargo de un juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro(2019-2022), aliado de Trump.
Lula prometió "defender (…) la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos" durante un acto oficial en Brasilia.
"Hoy es el día sagrado de la soberanía", agregó el izquierdista.
Al anunciar su guerra comercial contra Brasil, Trump criticó una supuesta "caza de brujas" contra el Bolsonaro. El ultraderechista es juzgado por una presunta intentona golpista para impedir la asunción de Lula luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022.
Estados Unidos tiene superávit comercial con la mayor economía sudamericana, a diferencia de lo que sucede con la mayoría de países que han sido objeto de los aranceles punitivos de Trump.
El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió este miércoles en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el encuentro de más alto nivel entre ambos gobiernos hasta ahora.
Vieira le dijo a Rubio que Brasil "se reserva el derecho de responder" a las medidas de Trump, una "inaceptable injerencia en la soberanía nacional", según declaró el canciller a la prensa.
La justicia brasileña "no se inclinará ante presiones externas", manifestó al secretario de Estado, aunque el gobierno de Lula "está abierto" a seguir negociando por los aranceles.
El gobierno estadounidense informó este miércoles que aplicará a Moraes la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos en el mundo.
La corte suprema expresó su "solidaridad" al juez y afirmó en una nota que "no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes" brasileñas.
"El juicio de delitos que implican un atentado grave a la democracia brasileña es de exclusiva competencia de la justicia del país", sostuvo el máximo tribunal en un comunicado
