Si algo caracteriza al presupuesto nacional por ¢9,3 billones que presentó el Gobierno a la Asamblea Legislativa, es que recorta a la mitad los gastos operativos de los ministerios, pero no se le mete bisturí a los grandes disparadores del gasto público.

Con esta apreciación coinciden las diputadas Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, y Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

También contiene un elevado nivel de endeudamiento y generaría un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Cuáles son en concreto los "grandes pecados" del último plan de gastos preparado por la administración Solís Rivera?

Ramírez y Ramos los sintetizan de la siguiente manera:

• Mantiene el crecimiento en los disparadores del gasto público hasta llegar a un 40% sumando los 4 años de este gobierno. No refleja voluntad del Poder Ejecutivo para construir acuerdos que permitan una verdadera contención del gasto.
• Reduce al 50% subpartidas importantes de ministerios, lo que implicaría que los recursos para gastos operativos solo alcanzarían para el primer semestre del año.
• La contribución patronal de los ministerios y del Poder Judicial a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también está presupuestada en un 50%.
• Recorta gastos en infraestructura pública, a pesar de que es una de las áreas más urgentes del país. En este sentido, disminuye en un 17% las inversiones (más de ¢122 mil millones)
• Traslada para el próximo año vencimientos de deuda pública, lo que afectará el gasto público.
• Pretende abrir nuevas plazas en momentos de crisis, más de 4 mil para los ministerios de Seguridad Pública y Educación Pública.
• El porcentaje de viajes al exterior se mantiene intocable.

Con lupa

Según un informe de la Contraloría General de la República, el presupuesto para el 2018 contiene un mayor endeudamiento para cubrir gastos.

• 56% se financia con ingresos corrientes y 44% con deuda.
• El cumplimiento de los destinos específicos compromete casi el 83% de los ingresos corrientes y el 88,7% de los ingresos tributarios.
• El servicio de la deuda, el Ministerio de Educación Pública y los regímenes de pensiones suman el 71% de los egresos.
• Los incentivos salariales crecen en un 7%, mientras las remuneraciones básicas lo hacen en un 5,1%.

De acuerdo con el ente fiscalizador, la imposibilidad de financiar gastos corrientes con ingresos corrientes deja al Gobierno "con poco espacio fiscal para la inversión pública" mientras la dinámica que sigue la deuda es insostenible.

Para la legisladora Ramírez, la apertura de más plazas no se justifica en momentos de crisis.

"Uno puede deducir que van a dejar nombrada gente", agregó.

"El crecimiento del presupuesto es irresponsable (…) Reduce el gasto en infraestructura, que es vital para este país", manifestó, por su parte, Ramos.

La Comisión de Asuntos Hacendarios tendrá que dictaminar a más tardar este viernes el proyecto de presupuesto. Posteriormente, tendrá que ser discutido y votado por el Plenario Legislativo a más tardar el 30 de noviembre.