Los malabares del gobierno para cumplir la promesa presidencial de terminar vía a San Carlos
Obras en Taras-La Lima y lote 4 de "obis" a San Ramón deben llegar al 50% de avance para asegurar dinero

(CRHoy.com). El Poder Ejecutivo tiene en las manos una papa caliente que debe atender si quiere cumplir con la promesa hecha por Rodrigo Chaves, presidente de la República, de terminar la nueva carretera a San Carlos (La Abundancia de Ciudad Quesada-San Miguel de Naranjo-Autopista Bernardo Soto).
El futuro del proyecto está comprometido. Para finalizar la carretera el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene a disposición un crédito de $250 millones aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero su uso está sujeto a una condición que hoy parece difícil de cumplir: que los proyectos de los intercambios Taras-La Lima y el lote 4 de obras impostergables (obis) en el plan de la ruta a San Ramón alcancen un 50% de avance.
Las 3 obras forman parte de un plan integral de financiamiento otorgado por el organismo multilateral por $350 millones, el cual se ejecuta bajo el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) del MOPT.
"Estimamos que vamos a durar aproximadamente 14 meses en el proceso de expropiaciones y eso es metiéndole todo el acelerador para que esté terminado. Al BID le pedí que, por favor, rompiera La Angostura de Barranca-Limonal por separado y que en Taras-La Lima tratáramos de ver el rediseño que existe porque hay unos pasos a desnivel que tienen problemas de choques de estructuras.
"Hay una parte que son las 'obis', no es solo Taras-La Lima, ese combinado tiene que llegar a un porcentaje dado (50% de avance) para que generen los recursos. Como estoy en público, no puedo revelar la estrategia, así que si quiere a puerta cerrada se la puedo dar", dijo Luis Amador, ministro del MOPT, el pasado 20 de setiembre, ante la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
En 2020, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) acordó con el organismo multilateral una línea de Crédito Convencional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por $350 millones. De esos recursos, $225 millones se deben destinar a la carretera a San Carlos. Otros $125 millones al lote 4 de "obis" y a los intercambios de Taras y La Lima.
Adicionalmente, el Estado debe aportar $110 millones para completar la cantidad de dinero requerido para finalizar la carretera hacia San Carlos.
En los intercambios de Taras y La Lima, a cargo del consorcio H.Solís-Estrella y cuya orden de inicio se giró el 2 de diciembre de 2020, hasta este mes de agosto de 2022, el avance apenas alcanzaba el 10%.
En tanto, en el caso del lote 4 de "obis", el fideicomiso Ruta Uno, administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) y encargado de la gestión del proyecto, entregó los anteproyectos al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) desde 2021, pero aún esa entidad no ha dado el aval para continuar con la fase de licitación.
Además, el Conavi debe constituir un mecanismo de ejecución para usar los recursos del crédito. A la fecha esto no se ha hecho y tampoco se logró un acuerdo con Ruta Uno para crear una adenda contractual en el fideicomiso. Es decir, las obras están en un limbo.
Cuando comenzó, hace 17 años, la construcción del tramo central estaba a cargo de la empresa taiwanesa RSEA. Pero, en 2007, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán durante el gobierno de Óscar Arias (2006-2010), la compañía asiática abandonó el país.
Un año después, en 2008, la obra pasó a manos de la compañía costarricense Sánchez Carvajal mediante una cesión de derechos.
La empresa local estuvo a cargo durante 10 años, hasta que el gobierno de Alvarado optó por romper el contrato- Desde agosto de 2018, la construcción está paralizada, con un 76% del trazado ya asfaltado.
Hasta 2018, el proyecto había consumido $291 millones de recursos estatales. Una cifra notablemente superior a los $61 millones estimados en 2005 cuando la obra comenzó a cargo de RSEA.
Una inspección realizada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2021 detectó la existencia de 5 fallas geológicas en distintos puntos de los 30 kilómetros que involucran el tramo central, las cuales agravan la vulnerabilidad de 68 taludes inestables identificados cerca de la carretera. Además, se encontraron 2 mil puntos con riesgo de deslizamiento.
Mientras se define el futuro, hay numerosos pendientes por resolver: un hundimiento en el kilómetro 21, la necesidad de construir un nuevo puente sobre el río Laguna y una pugna legal por la existencia de un humedal en el sector de La Culebra. En total, hay 40 puntos críticos por atender debido a inestabilidades geológicas.
La carretera se dividió en 3 tramos independientes: la punta norte (Florencia-Ciudad Quesada, en operación desde 2018 tras inversión de $14 millones), el central y la punta sur (Sifón-San Miguel de Naranjo).