Los fisgones del BCCR
La reciente pretensión del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de exigirle a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de entregarle los datos –con nombres, apellidos, números de cédulas y cifras- de los deudores del país en las entidades reguladas por esta última institución, representa una de las violaciones más groseras a la protección de los datos personales.
Con ese afán de fisgonear, so pretexto de elaborar estadísticas- el BCCR mete la nariz en un campo que a todas luces es ajeno a sus competencias que se limitan a promover la estabilidad macroeconómica (tasas de interés, crecimiento, etc), mantener un tipo de cambio adecuado (cosa que; por cierto, ha hecho muy mal en los últimos tiempos) y; finalmente, emitir dinero circulante.
Todos lo demás es un cuento chino sacado de la manga con intenciones que el Banco aún no ha podido explicar, ni muchos menos convencer o ¿Es que acaso el ente rector pagará las deudas de los ciudadanos? ¿Por qué tiene que importarle a esos gurús de la economía si Ud. debe poco o mucho? Porque si la respuesta fuera afirmativa de inmediato procederé a mandarle mis facturas a don Roger Venegas, Presidente del BCCR, para que las cancele ipso facto.
Todavía más. Si el BCCR tiene tanto interés en saber de cuánto es el pasivo de cada ciudadano con todas las señas completas fácilmente puede acudir directamente a las entidades financieras que corresponda y; de paso, las anima a violar el principio del secreto que protege la relación con los clientes.
En países como los nuestros donde estamos lejísimos de tener una sólida cultura en áreas como la ciberseguridad y una robusta política de protección de información personal, estos desaguisados del BCCR aumentan, en proporciones bíblicas, el peligro de que esos datos caigan en manos de hackers o sean moneda de curso para negociar en las oscuras catacumbas de la deepweb.
Parece que recientes casos de ataques contra el Ministerio de Hacienda y la Caja del Seguro Social pasaron desapercibidos para los burócratas del BCCR que en lugar de promover políticas públicas concretas y realistas encaminadas a incentivar la reactivación económica pospandemia, más bien gastan su tiempo –pagado con el dinero de los contribuyentes- en un afán desmedido por husmear en las finanzas ciudadanas.
La entidad técnico-científica para elaborar datos en Tiquicia es el Instituto Nacional de Estadística y Censos; por esa razón, las justificaciones del BCCR en esta ocasión despiertan una natural desconfianza, máxime que carecen de una garantía absoluta contra eventuales fugas de información.
¡Zapatero a tus zapatos!