Los diputados apuran proyecto para suavizar la regla fiscal

(CRHoy.com) La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa acogió el pasado martes un texto sustitutivo al expediente 23.330 que es una propuesta del Poder Ejecutivo para modificar la regla fiscal y permitir más excepciones a esta norma tributaria.

La Regla Fiscal es una norma de carácter presupuestario que se creó por los diputados en el 2018.

Busca poner un tope al crecimiento del gasto corriente en el sector público no financiero con el propósito de contener el nivel de crecimiento del endeudamiento.

Esto debido a que el país tiene una deuda pública proyectada al 2028, que entre monto principal y pago de intereses supera los ¢25.5 billones.

El argumento de los diputados y del Gobierno es que la regla fiscal estruja a varias instituciones que reciben recursos que vienen del Presupuesto de la República, lo que impide cubrir la inversión social.

Además, el interés del Poder Ejecutivo es aumentar el gasto público para hacer obra pública.

En principio, el Gobierno quería incluir dentro de las excepciones a esta norma el pago de intereses y comisiones de la deuda pública incluidas en el presupuesto de la República y los gastos de capital.

Pero esta idea fue descartada por los diputados al señalar que la regla fiscal se aplica de forma agregada y que aplicar esa excepción haría perder su aplicación a los demás gastos del Gobierno.

A ese rechazó se sumó las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Contraloría General de la República (CGR).

¿Qué si se incluye?

Tras semanas de negociaciones, los diputados llegaron a la construcción de un texto nuevo que fue el acogido por la comisión en una votación dividida.

Esto porque otro grupo de legisladores, dentro de la misma comisión, impulsó un segundo texto (que fue rechazado) que incluye además instituciones que sí dependen del presupuesto nacional como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública.

Estos legisladores incluyeron además 32 mociones de fondo donde buscan cambiar el texto aprobado, que aún deben votarse en la comisión.

Las excepciones a la norma fiscal se darían de la siguiente manera:

• Las donaciones que reciban los entes u órganos del Sector Público no financiero.
• Pagos al "Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría" y "Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós"
• Los entes públicos no estatales y sus subsidiarias.
• Las empresas públicas no financieras.
• El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica,

En el caso de las donaciones el proyecto establece que el uso de esos recursos no podrá derivar en compromisos de carácter fijo para la entidad receptora de la cooperación, ni tampoco podrá destinarse para la contratación de personal permanente y el pago de sus salarios, excepto en los proyectos de inversión que requieran contratar personal temporal por servicios especiales.

En el caso de las empresas públicas no estatales y municipales así como las no financieras se establece una serie de condiciones que deben cumplir:

• Deberán reportar al Ministerio de Hacienda, durante el mes de mayo de cada año, los
  estados financieros auditados del año anterior.
• Además el detalle del índice de solvencia, índice de liquidez e índice de apalancamiento
  financiero, de modo que dicho Ministerio pueda realizar, en un plazo máximo de dos meses, una valoración integral de riesgo financiero en el que también deberá considerar la participación de las transferencias del Gobierno Central dentro del total de ingresos corrientes y de capital, la razón de gastos corrientes sobre ingresos corrientes y el límite de endeudamiento establecido en sus leyes constitutivas.
• En ausencia de norma, el coeficiente deuda sobre activos no podrá superar el  45%.

Si se determina el riesgo de materializar un pasivo contingente para la hacienda pública por parte de alguna de las entidades evaluadas, el Ministerio de Hacienda tendrá la obligación de aplicar el límite permitido por la regla al crecimiento del gasto al ente u órgano en particular. Caso contrario, la entidad continuará operando fuera del ámbito de aplicación de la regla.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez, quien preside la comisión, reiteró que ellos se apegaron a las recomendaciones del FMI, ya que una flexibilización como la que quería el Poder Ejecutivo puede llevar al país a tener una mala imagen internacional, generando desconfianza.

Pulso en plenario

Si bien estos son los cambios que se aprobaron en comisión, como se mencionó hay 32 mociones que buscan ampliar las excepciones y que deben votarse antes que el proyecto sea dictaminado.

Otro diputado verdiblanco, José Joaquín Hernández, con el respaldo de otros compañeros de fracción y del Frente Amplio (FA) impulsan esos cambios.

Ellos presentaron un segundo texto que se rechazó en una votación de 6 en contra y 5 a favor.

Hernández explica que se deben incluir en esas excepciones a instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Junta de Protección Social (JPS) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Hay que balancear lo económico con lo social para no dejar a las poblaciones sin servicios esenciales, afirmó.

Además buscan quitarles las amarras presupuestarias al Ministerio de Seguridad Pública (MPS) ante la crisis de criminalidad que enfrenta el país.

"Yo esto lo veo más amplio, la regla fiscal fue importante, pero limitar cosas esenciales del país, donde no se puede tomar el dinero que está ahí, el INA por ejemplo tiene un superávit de $231 millones. En Seguridad se debe entender que hay que invertir, no estamos aflojando la regla, pero hay instituciones que son esenciales", agregó el diputado del PLN.

La discusión de este proyecto deberá continuar después de la Semana Santa, cuando los diputados regresen del receso.