Los cuestionamientos de Infocom al reglamento de ciberseguridad 5G

(CRHoy.com).-El reglamento de ciberseguridad para redes 5G publicado por la administración Chaves Robles sigue siendo objeto de serios cuestionamientos.

Ahora es la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) la que se une a las críticas sobre la reglamentación que excluye a empresas para proveer infraestructura de telecomunicaciones a operadores nacionales.

Sin consulta pública

A través del documento CIT-0039-2023 con fecha del 26 de setiembre, dirigido a la ministra Paula Bogantes, la Cámara enumera una serie de situaciones, la primera de ellas es que el borrador del Decreto Nº 44196-MSP-MICITT,  no le haya sido consultado al gremio.

Cabe recordar que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a través del oficio MICITT-DM-OF-651-2023, declaró confidencial la consulta al reglamento y solo le pidió parecer a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

En este mismo sentido, se preguntan por qué no se hizo la consulta púbica a las partes interesadas tal como ordena la ley.

"Para considerar todas las distintas aristas que se pueden ver inmersas en disposiciones de alcance general como el Reglamento bajo estudio, la normativa legal vigente demanda que se realicen las consultas previas a todas aquellas instituciones y/o interesados que puedan ser potencialmente afectados con el contenido de la normativa que se emite.

Toda nueva regulación tiene un impacto sobre la actividad que pretende regular; precisamente como hemos indicado, no pasa inadvertida. En este caso en particular, el Reglamento tiene, entre otras afectaciones, un efecto práctico de excluir para el despliegue de redes 5G, algunos oferentes del mercado de esta tecnología para redes móviles; en un mercado que es muy limitado a nivel mundial", sentencia la Cámara.

En sus consideraciones generales, la agrupación reconoce la preocupación de las autoridades sobre la ciberseguridad es absolutamente compartida, válida y necesaria.

Red más cara

Para Infocom, lo establecido en el reglamento implicará un aumento de costos en la red, que terminarán pagando los usuarios finales.

"El Reglamento conlleva dos efectos inmediatos: En primer lugar, habrá una limitación del mercado nacional de proveedores. La competencia en este mercado -en todo el mundo, y particularmente en América Latina- ha jugado un papel fundamental en los últimos años en cuanto a innovación y mejores precios, que a su vez se ha traducido en mejores condiciones para los usuarios finales y empresas.

Por otro lado, en una primera fase, las redes de 5G se edifican sobre la base de los elementos de red de 4G. Esto se conoce como red 5G NSA (Non-Stand Alone). Este tipo de red permite a los operadores desplegar más rápida y eficientemente los servicios 5G. De acuerdo con los estudios de la GSMA, el 80% de los operadores en el mundo optan iniciar con redes 5G NSA", sentencia el documento.

"Todos los operadores del país, en mayor o menor medida, mantienen en sus redes 4G elementos de red de los proveedores que serán limitados del mercado. Esos elementos de las redes que actualmente operan, pretenden ser claves para el despliegue de red 5G. Por lo tanto, es impreciso señalar que el Reglamento únicamente regula los elementos de red que se desplegarán en un futuro, puesto que muchos de los elementos de red para el despliegue de 5G en el país, ya se encuentran operativos para las redes 4G", añade en sus argumentos.

3GPP

Acerca del hecho que el Micitt no incluyera los estándares de ciberseguridad de la 3GPP, la agrupación también se manifestó.

"Asimismo, es importante tomar en cuenta que todos los fabricantes de equipos para redes de telecomunicaciones móviles siguen los estándares dictados por la organización internacional 3GPP. Esta organización dicta especificaciones técnicas y de seguridad para equipos de telecomunicaciones. Por otro lado, la GSMA y 3GPP desarrollaron un programa para el aseguramiento de la seguridad de los equipos de red, denominada NESAS. Bajo este programa, se hacen auditorías y pruebas de seguridad en los equipos de red de fabricantes, y busca garantizar la seguridad de esos equipos desde su diseño, desarrollo y uso. En el sitio se puede verificar la lista de fabricantes participantes y en el sitio se pueden observar los reportes de las auditorías.

Hecha esta salvedad, y compartiendo la preocupación general de la ciberseguridad que motiva este Reglamento, consideramos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, el mismo debió haber sido consultado entre los actores de la industria de telecomunicaciones, incluyendo los operadores, entre otros, para poder profundizar sobre los aspectos técnicos más relevantes, y las implicaciones en tiempo y costos del despliegue de la red 5G en Costa Rica. El Decreto en cuestión, no presenta ninguna consideración al respecto, como si el mismo fuese a resultar inocuo", reclama la entidad.

Un llamado al diálogo

La Cámara finaliza el escrito haciendo un llamado al diálogo para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes.

"Nos preocupa la incidencia de las medidas adoptadas y, en ese sentido, los impactos que estamos puntualizando en los costos y eventuales retrasos en el proceso hacia la ruta de 5G en Costa Rica, que incidirán negativamente en las inversiones, inhibiendo este mercado emergente; lo cual va en detrimento de la economía, las personas y las empresas.

El fortalecimiento de los servicios de telecomunicaciones es de vital importancia para el desarrollo de todas las demás industrias. Parte importante de un desarrollo sostenible, es la participación de las empresas de todos los niveles, de una manera justa, y basados en los principios rectores que han formado parte del marco normativo costarricense por décadas", concluye el manifiesto a la vez que solicita conformar las mesas de trabajo o talleres con el propósito de analizar las posibles modificaciones que podrían implementarse en el reglamento vigente.

"Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de mitigar los posibles efectos negativos que podrían derivarse de las estipulaciones planteadas, tal como se detalló en los puntos anteriores" termina la petición.