Los casos que el Fiscal desestimó y provocaron dudas en la Corte
A pesar de exceso de tiempo en sonados escándalos de corrupción, Jorge Chavarría se negó a renunciar
De izquierda a derecha, Celso Gamboa, magistrado: Jorge Chavarría, Fiscal General; y Berenice Smith, Fiscal Subrogante. (Imagen tomada de redes)
El "cementazo" fue la gota que derramó el vaso. Sin embargo las críticas hacia Jorge Chavarría surgieron desde su primer día en el puesto.
Tan solo dos horas después de haber sido nombrado como Fiscal General, él habría llamado para ordenar que se suspendiera una indagatoria en contra de Rodrigo Arias, por el manejo de una donación de $2 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al país en el 2008.
El dinero nunca entró a las arcas del Estado, por petición expresa de Arias, quien lo manejó para pagar desde músicos hasta periodistas.
Ese caso y otros más que Chavarría desestimó generaron dudas sobre su actuar, especialmente en los casos vinculados con delitos llamados de "cuello blanco", de funcionarios públicos. De hecho la Corte Plena – el máximo órgano del Poder Judicial – ha cuestionado el actuar de Chavarría con respecto a estos temas.
Entre los expedientes desestimados y que fueron blanco de críticas por parte de diversos sectores destacan:
OAS: concesión de vía a San Ramón)
OAS pagó sobornos en Brasil, fue señalada por corrupción y recibió una cuestionada contratación en Costa Rica. (CRH)
En 2013 la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación relacionada con la concesión de la carretera San José-San Ramón. La misma fue otorgada a la empresa brasileña OAS, ahora cuestionada por el caso Odebrecht, investigación por corrupción realizada desde Estados Unidos.
Una serie de denuncias indicaron que había incongruencias en los montos asignados para el proyecto, que había favorecido a una empresa, así como tráfico de influencias. También se denunciaron ilegalidades a la hora de otorgar la concesión.
Pese a los señalamientos, en mayo de 2015 el Ministerio Público pidió desestimar la causa (expediente 13-000027-621-PE), en la cual se señalaba a 17 personas, incluyendo a la entonces presidenta Laura Chinchilla, al expresidente Óscar Arias y a su hermano Rodrigo. Según Chavarría los hechos denunciados no constituían un delito.
Fundación Arias para la Paz y Crucitas
Por este caso (expediente 12-000124-621-PE) se siguió una causa contra el exministro de Ambiente, Roberto Dobles así como 6 funcionarios más de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Pese a que Oscar Arias estaba denunciado, el Fiscal decidió "separarlo de la causa".
A Arias se le investigó por la supuesta donación de $200 mil por parte de la empresa Industrias Infinito, dinero que habría ingresado a la Fundación Arias. Sin embargo la solicitud de pruebas a Canadá para confirmar o desestimar esto estuvo rodeada de errores y secretismo. A Dobles lo condenaron por este caso y Chavarría pidió desestimar la causa contra Arias por "falta de pruebas".
Caso Laura hacia el 2010
Seguido bajo el expediente 13-000001-621-PE, la Fiscalía pidió la desestimación al no localizar delitos.
La solicitud fue acogida el 30 de setiembre del 2015. Se investigó a Jorge Wálter Bolaños Rojas, extesorero de campaña de Laura Chinchilla, por la aparente constitución ilícita de una sociedad para recoger fondos.
Caso Procesos
El expediente 12-000045-621-PE recopiló hechos sucedidos en el 2011, cuando el entonces vicepresidente de la República, Luis Liberman y el ministro de Educación Leonardo Garnier enviaron cartas para recomendar a la empresa Procesos, de Flor Isabel Rodríguez, esposa del entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero.
Ella participó y ganó una cuestionada licitación en Recope. El caso fue analizado por la Asamblea Legislativa y la Procuraduría General de la República. Esta última determinó que ambos incurrieron en faltas éticas, pero en junio de 2016 la Fiscalía pidió desestimar el caso por falta de pruebas.
La trocha sin fin
En la Trocha se desviaron millones de colones, por una obra que hoy sigue sin concluirse y por cuyas ilegalidades, aún no hay sentenciados. (CRH)
Otro de los procesos más cuestionados por el tiempo que se duró en presentar la acusación fue el llamado Caso Trocha. No fue sino hasta enero de este año que se presentó la acusación contra 26 personas.
La polémica obra – desarrollada por el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) – representa uno de los casos de corrupción más notable de la historia nacional. La Fiscalía determinó que el perjuicio económico que habrían sufrido las arcas estatales supera los 1.200 millones de colones.
Tuvieron que pasar seis años desde que se destapó el escándolo hasta que se presentó una acusación formal.
Tres años después la Fiscalía realizó allanamientos a las empresas involucradas, así como al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) con la “intención” de investigar las supuestas irregularidades y definir quiénes eran los responsables.
Se decomisaron cientos de documentos y siempre se dijo que se estaba a la espera de los peritajes del Organismo de Investigación Judicial. A la fecha no se sabe nada.
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Soresco: un cuento chino
Una serie de denuncias cuestionaron el proceso de creación – durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-10) – de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco). Esta es la empresa conjunta que se formó entre costarricenses y chinos para el fallido proyecto de una refinería con el gigante asiático.
Seguido en el expediente 12-00127-621-PE, se investiga la posible comisión de los delitos de peculado e influencia en contra de la Hacienda Pública. Desde 2013 la Fiscalía allanó Recope y Soresco y con ello cerró el acceso de la prensa a la información. A la fecha, el caso sigue en "investigación", como muchos otros.
Esta semana, CRHoy.com informó que Recope reconoció el sonado fracaso de una aventura iniciada por Arias, continuada por Chinchilla, y la cual Luis Guillermo Solís fue incapaz de frenar, que le cuesta al país $50 millones.
Toledo y Liberman
Luis Liberman tuvo relación con Alejandro Toledo, investigado en Perú. Pero la Fiscalía descartó que hubiera cometido un delito. (CRH)
Durante una de sus visitas a Costa Rica en 2012, el entonces presidente de Perú, Alejandro Toledo, compartió una cena con el entonces vicepresidente Luis Liberman. Este fue miembro de la junta directiva y gerente del antiguo Banco Interfin.
En esa entidad se movieron más de $20 millones en cuentas de personas físicas, como la suegra de Toledo, Eva Fernanbug y varias sociedades anónimas como Ecoteva Consulting Group y Ecostate Consulting, todas relacionadas con Toledo. El expresidente de Perú es investigado desde 2013 en su país por el delito de legitimación de capitales y más recientemente por haber recibido dádivas de parte de la empresa Odebrecht de Brasil.
Pese a las denuncias, el fiscal Jorge Chavarría nunca quiso investigar el tema y aseguró a CRHoy.com que él podía descartar cualquier participación de Liberman en actos irregulares.
Este caso, junto con el cementazo, fueron denunciados ante la Corte Plena y llevaron a la suspensión de Chavarría, quien estará fuera de su puesto por tres meses mientras la Inspección Judicial lo investiga.
Jorge Chavarría fue electo en el 2010, tras la salida de Franciso Dall'Anese. En el 2014, dijo que dejaría el puesto. Pero súbitamente cambió de decisión, buscó y ganó su reelección. Hoy – de forma inédita en Costa Rica – está suspendido, cuando las críticas y errores de su gestión lo alcanzaron.
