Lo que debe saber sobre la solicitud de Chaves al ICE para bajar costo de electricidad

(CRHoy.com). En el paquete de primeras acciones que solicitó Rodrigo Chaves, presidente de la República, figuró el llamado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que lleve a cabo una serie de medidas específicas, con las que prometió se disminuiría el precio de la electricidad.

Estas primeras medidas son la implementación, de "inmediato" y a cabalidad, de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la reclasificación de los arrendamientos operativos y sacar de la base tributaria los costos asociados a "activos financieros". 

Pero ¿Qué significa esto? Vamos uno por uno:

• Normas NIIF:

Las NIIF comprenden un grupo de lineamientos internacionales de contabilidad, promulgados por el International Accounting Standars Board (IASB, por las siglas en inglés), Establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una entidad y que se reflejan en los estados financieros.

• Activos no estratégicos

Los activos "no estratégicos" son los que involucran mobiliario, inmobiliario y equipos varios (maquinaria, por ejemplo). No son subsidiarias empresariales (como Racsa) o plantas hidroeléctricas. Estos están cargados a la base de la tarifa eléctrica, cuando deberían de ser reclasificados.

• Arrendamientos operativos

¿Cuáles son los arrendamientos operativos que posee el ICE? Destacan las figuras de fideicomisos constituidos para desarrollar la planta térmica Garabito (Puntarenas), la planta térmica Las Pailas (Guanacaste) y el proyecto hidroeléctrico Toro III (Venecia de San Carlos).

¿Qué implica la reclasificación propuesta por Chaves?

Al estar contabilizados como arrendamientos operativos, los gastos por el funcionamiento de estas plantas de generación eléctrica se recargan sobre las tarifas eléctricas que pagan los usuarios. Pero, si se califican como arrendamientos financieros, solo se recargarían a las tasas de interés del fideicomiso.

Esa decisión del ICE, tomada en la pasada Administración (2018-2022), se ganó numerosas críticas desde varios sectores. En 2020, cuando había dejado de ser ministro de Hacienda, Chaves y la entonces diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), emplazaron al ICE para que aplicara correctamente las normas NIIF en este sentido.

Ambos indicaron que el esquema contable, aplicado de manera arbitraria por el instituto, encarecía las tarifas para los usuarios de electricidad en un rango de entre ¢60.000 millones y ¢100.000 millones al año, pues registraba contablemente sus contratos de arrendamiento como gastos operativos y no como financieros.

Así las cosas, al pasar en la contabilidad como gastos operativos los arrendamientos, el resultado final era una afectación al alza en los cálculos que realizaba la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) con base en la contabilidad del ICE para fijar las tarifas de electricidad.

¿Cuáles decisiones preceden este tema? El 18 de mayo de 2021, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Elián Villegas, revirtió el criterio sobre la aplicación de las NIIF en los estados financieros del ICE.

Ante esa decisión, la Aresep advirtió que se impactarían las tarifas que pagaban los clientes de electricidad a partir de futuras peticiones tarifarias.

En esa resolución, Hacienda avaló que el ICE aplicara las NIIF solamente en el caso de nuevos arrendamientos para la producción de electricidad y ya no en aquellos que estaban en operación anteriormente (como los mencionados de previo en esta nota).

Durante la gestión de Irene Cañas Díaz, presidenta ejecutiva del ICE entre 2018 y 2022, la entidad alegó reiteradamente que "aplicar las NIIF en los arrendamientos que ya existían le generaría pérdidas multimillonarias, pues ya no se le reconocería lo que paga como gastos operativos, a pesar de que sus costos seguirían iguales por ese concepto".

Hacienda tomó la polémica decisión pese a que, incluso, sería contraria a la Ley 9573 del 18 de junio del 2018, la cual obligó al instituto a reflejar sus estados financieros en un 100% con base en las NIIF. En octubre de 2020, la aplicación de la normativa internacional no sucedía conforme a la ley.

Antes de esa fecha, también hubo un fuerte y extenso pulso entre la Tesorería Nacional, adscrita a Hacienda, y el ICE, para que acatara la ley y aplicara las NIIF.

Juan Carlos Hidalgo, analista internacional de políticas públicas, considera que con la petición de Chaves se le "pone el cascabel al gato", en el sentido de la relación dispar que ha mantenido el ICE con el resto del sector público.

"No estamos ante una república independiente, estamos ante una institución del Estado que debe estar al servicio de los intereses de los costarricenses", dijo.

Para Hidalgo, al cumplir las NIIF, existiría mayor transparencia y una contabilidad más ordenada en la que el consumidor tendría menos riesgo de verse afectados con manejos contables deficientes.