Licitación para tobilleras se modificó en punto específico que incumplía proveedor

(CRHoy.com) La nueva licitación para el alquiler de tobilleras electrónicas presenta una modificación específica, relacionada con un incumplimiento señalado al consorcio ESPH-BUDDI en el fallido concurso del año 2021.

La modificación, en la licitación del 2022, se da en el tiempo solicitado para la carga de datos al sistema de monitoreo, cuando una persona monitoreada se encuentra en movimiento.

Justicia pasó de exigir 60 segundos para transferir los datos,  a permitir hasta 15 minutos.

Coincidentemente, este fue el incumplimiento que le señalaron al consorcio de la ESPH-BUDDI: los datos se debían cargar en 60 segundos y los dispositivos de la firma pueden tardar hasta 15 minutos en realizar la función.

¿Qué decían los requisitos?

En el primer proceso de licitación (2021), las autoridades del Ministerio de Justicia solicitaban que si una persona monitoreada está en movimiento, el dispositivo debía cargar los datos a la plataforma en 60 segundos.

"Cuando la persona monitoreada se encuentre en movimiento, el dispositivo debe guardar la localización como máximo cada 60 segundos y cargar en este mismo lapso los datos a la plataforma, de igual forma si se genera un incumplimiento por parte de la persona monitoreada", señalaban los requerimientos de la licitación 2021LI-000001-0006900001.

Estos requisitos aparecen en el apartado 4.3.6 de las especificaciones técnicas llamado "Tipo de información a transmitir y tiempo de respuesta" y se pueden ver en la siguiente fotografía:

No obstante, para el nuevo concurso internacional 2022LI-000001-0006900001, el Ministerio de Justicia cambió este parámetro en un punto específico: la carga de datos al sistema -cuando una persona está en movimiento- ahora no puede exceder los 15 minutos.

"Cuando la persona monitoreada se encuentre en movimiento, el dispositivo debe guardar la localización sin cada 60 segundos o menos y cargar la información a la plataforma, sin que este proceso exceda los 15 minutos posterior a la anterior actualización de carga de datos", señala el documento sobre las especificaciones técnicas del proceso.

Es importante señalar que las especificaciones técnicas con estas modificaciones se encuentran en documentos públicos cargados en el Sistema de Compas Públicas (Sicop). El cambio se puede observar en la siguiente fotografía.

Incumplimiento específico: datos cargan en 15 minutos

El cambio de 60 segundos hasta 15 minutos es sumamente llamativo, ya que esta cláusula específica fue señalada como un incumplimiento del Consorcio ESPH-BUDDI.

¿Por qué? Según "el catálogo de dispositivos y accesorios buddi", cuando una persona monitoreada se encuentra en movimiento, la localización se guarda cada 60 segundos, pero la carga al sistema se da "cada 15 minutos máximo".

El incumplimiento fue señalado en el oficio D-UME-0215-2021 del pasado 29 de diciembre, por parte de la Jefatura de la Unidad de Monitoreo.

Este documento -también disponible en Sicop- explica el incumplimiento y señala que los plazos fueron confirmados bajo juramento por Allan Benavides, en representación del Consorcio ESPH-BUDDI.

"La empresa NO cumple con la segunda parte del requisito, dado que, si bien es cierto, se establece que cuando la persona se encuentra en movimiento la localización se guardaría en el dispositivo cada 60 segundos, la carga de dicha localización en el sistema se realizaría cada 15 minutos y no como lo establece el requerimiento cada 60 segundos", se expresa en el oficio.

Cabe señalar que solo 2 empresas participantes incumplían con el requisito de los 60 segundos para cargar los datos, según la documentación mencionada: un oferente que tardaba entre 2 y 3 minutos para transferir la información y el consorcio mencionado cuya carga de datos podría tardar hasta 15 minutos.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) con dispositivos del fabricante Buddi es el actual proveedor del servicio al Ministerio de Justicia.

¢5800 millones por año

El monto presupuestado por las autoridades de Justicia para el arrendamiento de estos dispositivos para el próximo año 2023 supera los ¢5800 millones de colones.

Según el oficio ME-ADM-058-2022, del pasado 1º de junio, el monto proyectado para el alquiler de la solución tecnológica de monitoreo electrónico es de ¢5.839.056.682, 92.

Cabe señalar que la nueva licitación es por un periodo de 48 meses y las ofertas se empezarían a recibir a partir del próximo 8 de julio, tras una prórroga que se dictó meses atrás.

El país ha llegado a tener hasta a 1700 personas que son monitoreadas por medio de un brazalete electrónico.