Licitación de Caldera deberá esperar, CGR no refrenda contrato de INCOP con ente internacional

(CRHoy.com).— La licitación de Puerto Caldera, que busca tener un nuevo concesionario, deberá esperar más tiempo, ya que el contrato suscrito entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) fue devuelto a la institución portuaria son el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).

El documento DCA-3249, con fecha 23 de diciembre del 2022, fue enviado al Gerente General del INCOP, Alberto Morales Agüero, y en el mismo, Alfredo Aguilar y Marco Loáiciga, Gerente y Fiscalizador de la División de Contratación Administrativa, respectivamente, exponen las razones por las que no fue refrendado el contrato.

CRHoy.com había dado a conocer, el 15 de noviembre pasado, que el INCOP había escogido a la CFI para que se encargue de todo el proceso de la licitación internacional con la que la entidad portuaria pretendía dar en concesión el Puerto de Caldera.

El INCOP tramitó el proceso como una contratación directa y monto a pagar por la misma es de $1.060.000. La CFI se encargaría de todos los estudios previos de pre y factibilidad técnica, legal, ambiental, financiera, económica y social del proyecto de modernización de infraestructura y maquinaria de la terminal portuaria; además brincaría asesoría y acompañamiento en el proceso de licitación pública internacional hasta la adjudicación para la nueva concesión.

El INCOP, ante una consulta de CRHoy.com, indicó que ante el no refrendo del contrato ara el proceso de licitación de la nueva concesión de Puerto Caldera, "se estarán analizando las observaciones realizadas por el órgano controlador, se considera que son observaciones que pueden ser atendidas a corto plazo para que el trámite reingrese a la satisfacción de la Contraloría General de la República".

El 20 de junio pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que procuran extender por 5 años el contrato con la concesionaria, Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria de Caldera (SPGC), en la que la familia de su amigo y financista de campaña Calixto Chaves tiene participación. Dicha compañía es la operadora de la terminal desde el 2006 y tiene contrato vigente hasta agosto del 2026. La ampliación extendería el plazo hasta el 2031.

Calixto Chaves, consejero, amigo cercano y exdirector de la campaña de Chaves, figuró como fiscal y accionista de la SPC, bajo la sociedad anónima Logística de Granos S.A., la cual posee el 19% tanto de la SPC como de la SPGC. Ahora, esta quedó en manos de la familia del empresario. También figura en el informe enviado por el Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público, ante las presuntas anomalías en el financiamiento de la campaña de Chaves Robles.

¿Por qué la CGR no refrendó el contrato?

Uno de los primeros puntos que señaló la División de Contratación Administrativa es que falta de determinación en el objeto contractual y esto impide su refrendo. ¿En qué sentido? El INCOP tituló como objeto contractual "Contrato de servicios de asesoría transaccional", sin especificar con detalle qué debe entenderse con dicho objeto.

Por ejemplo, en el anexo 2 del documento presentado a la CGR se definen los servicios a requerir y que se dividen en 2 etapas. En la primera se piden una serie de documentos por parte de la CFI como: Plan de Trabajo, Debida Diligencia, Informes de Prefactibilidad y Factibilidad.

"No obstante, en el anexo 2 de referencia no se hace un detalle amplio de lo que implican estos servicios, es decir, sobre lo que espera la Administración recibir por parte del contratista (…) Debe tener presente la administración que esta Fase 1, según se indica en el propio contrato representa un costo fijo de $1.060.000 y en consecuencia, el contrato debe reflejar de manera clara y precisa los servicios a requerir y además, el contenido de los productos a recibir de dichos servicios por parte de la CFI", explicó la CGR.

Incluso, la CGR evidenció que en la "Fase 2" la indeterminación del contrato es mayor, ya que se limita a indicar que el objetivo en ese proceso es "apoyar al gobierno" y "apoyo al INCOP durante la licitación", sin explicar en forma alguna qué debe entenderse por este acompañamiento.

"Asimismo, no tiene certeza este órgano contralor con respecto a la participación del INCOP en las distintas fases del contrato y en cuanto a si deberán existir contratos adicionales para la consecución del fin requerido, así como de la naturaleza exacta de las funciones del CFI en la fase 2 del contrato y si por ejemplo, esta deberá a su vez realizar contrataciones adicionales", indicó el ente contralor.

Otro aspecto del contrato es la falta de precisión de los costos asociados, particularmente, en la llamada "Fase 2", ya que en el documento se indica que dicha fase implica una especie de "comisión de éxito" para la CFI de $2.800.000, con el fin de que la CFI reembolse los fondos a países donantes administrados por el Banco Mundial; pero sin que se detalle en forma alguna esta modalidad de llevar a cabo el procedimiento. No se tiene certeza si ese monto debe ser cancelado por el INCOP o por el país.

"Considera este órgano contralor que resulta oportuno que la Administración amplíe los detalles y justificaciones dirigidos a acreditar que lo más conveniente para el interés público resulta ser contratar a la CFI, explicando de manera amplia y detallada por qué la experiencia, respaldo y/o particularidades de la contratista son elementos que justificaron su contratación, por encima no solamente de empresas del mercado nacional, sino también de otros sujetos de derecho internacional", solicitó la CGR al INCOP.

La Contraloría también evidenció que existe incertidumbre en cuando al manejo de la información por parte de la CFI y la transparencia de la misma que se produzca de la contratación, ya que está de por medio la utilización de fondos públicos, "resulta oportuno que la Administración expresamente indique que el manejo de la información deberá ser accesible a cualquier interesado, salvo las excepciones definidas en la ley".

Vencen concesiones

El concurso ingresó al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 3 de noviembre del 2022 y la adjudicación se dio el 9 de noviembre del 2022.

En el análisis técnico de la oferta de la CFI, realizado por Viviana Moscoso Porras, subgerente del INCOP y quien fungió como Jefa de la Unidad Técnica de Supervisión y Control de las concesiones en Caldera, indicó que la CFI cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en el desarrollo de infraestructura mediante la asociación público privada, a la cual se le atribuyen, al menos, 135 proyectos calificados como exitosos.

"En su oferta, el CFI nos propone una asesoría integral con personal propio experimentado que ejecuta la transacción, estándares de integridad del Banco Mundial en todas las etapas de la asesoría, objetividad y transparencia del Banco Mundial reconocida por los inversionistas, aplicación de mejores prácticas internacionales al estructurar los proyectos, introducción de temas de vanguardia en las transacciones (cambio climático; estándares), parámetro mundial de mejores prácticas en materia socioambiental, la maximización de los recursos entre otros", indicó Moscoso.

En el cronograma presentado por la CFI y analizado por Moscoso, se llega a la conclusión que, con todas las etapas y fases de la asesoría, tiene proyectado una duración de 43 meses, por lo que iniciando su ejecución en el 2023 se estaría terminando en julio del 2026. En ese año, precisamente, las concesiones vencen.

El rezago de la inversión en mantenimiento en el Puerto de Caldera, tanto en la Terminal Multipropósito como en la Granelera, bajo la concesión de la SPC y SPGC, asciende a más de $2.3 millones lo que afecta el servicio, según la auditoría de la Contraloría. La cifra del ente contralor podría ser mucho más alta, ya que los $2.3 millones se establecieron en el 2019.