Libertad de prensa vs. el derecho a la privacidad, a la reputación y a la justicia

El derecho interno y el derecho internacional parten del principio básico de que un político o representante elegido por sufragio, goza de un umbral menor de protección que el que disfruta un ciudadano que no tiene ese oficio o que no ejerce un cargo público.

Esa diferenciación se aplica en relación con el derecho a la reputación y el derecho al respeto de la vida privada cuando estos derechos entran en conflicto con la libertad de prensa y acceso a la información de los ciudadanos. Estos derechos tendrían un alcance de protección menor precisamente por tratarse de figuras que por su oficio o cargo y actividad que ejercen están sujetas al escrutinio público.

Este principio también se aplica en relación con el abordaje y la amplitud que tienen los medios de comunicación sobre procesos judiciales en que un político o representante de elección popular figure como imputado con la obligación- lo cual hoy en día cada vez es más difícil- de no traspasar las garantías del secreto de la investigación y de la instrucción judicial ni vacíen de contenido el derecho a la presunción de inocencia.

Las dos caras de la moneda:

A pesar de este principio señalado anteriormente, el trabajo de determinación de tales límites está lejos de ser un tema resuelto y es de gran importancia e interés para el fortalecimiento de la democracia.

La falta de equilibrio entre estas libertades y derechos puede tener efectos negativos para los países con un Estado de derecho.

En caso de desequilibrio a favor de la libertad de expresión y la libertad de prensa, podrían surgir situaciones en las que los políticos se verían privados de cualquier umbral de protección frente a determinados derechos fundamentales. Esto también puede conducir a una disminución gradual de la confianza de los ciudadanos en quienes están en el poder, o incluso en el sistema democrático; facilitar la cobertura mediática de la justicia -con las consecuencias que ello conlleva para el principio de presunción de inocencia y el secreto de la investigación y la instrucción- y debilitar la imparcialidad del poder judicial.

Por otro lado, si el equilibrio se altera en detrimento de la libertad de expresión y la libertad de prensa, esto podría afectar el pluralismo de los medios, socavar la libertad de los ciudadanos y de la prensa para expresar sus opiniones o presentar información contraria a la posición del gobierno o de la mayoría y debilitar la labor investigativa de los medios de comunicación sobre asuntos de interés para la sociedad, como actos de corrupción en la administración pública.

Lo que determina que los políticos gocen de un umbral de protección legal inferior al de los particulares, cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa compiten con el derecho a la reputación, el derecho a la intimidad y el derecho a un juicio justo es, por un lado, las cualidades que se supone deben tener los políticos para ocupar un cargo público (honestidad, transparencia, compromiso con el cargo y servicio público, respeto al principio de legalidad) y por otro lado, el interés público de sus actuaciones para una sociedad.

Hay una ausencia de indicaciones claras en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso en la legislación y jurisprudencia de ciertos Estados sobre la noción de interés público". Siendo el interés público uno de los conceptos básicos que permiten verificar si una información merece o no protección jurídica, parece imprescindible precisar más este concepto en la jurisprudencia europea e interamericana, así como en la legislación o jurisprudencia de determinados Estados.

Si el concepto de "noticia" o "interés mediático" es aplicable a determinadas informaciones o imágenes difundidas por los medios de comunicación, hay que determinar si existe en la información un "interés público" cuando el derecho de una persona pública a la reputación, privacidad y juicio justo está en peligro. En otras palabras, no todas las noticias son de interés público. Al negar este razonamiento, la notoriedad pública de ciertos políticos otorgaría a los medios de comunicación un poder ilimitado sobre ciertos aspectos de la vida privada, reduciéndolos a la condición de meros objetos de la industria del entretenimiento y, en ciertos casos, teniendo el poder de elevar el "morbo" y "sensacionalismo" a la categoría de "interés público".

Los criterios y principios formulados en la jurisprudencia internacional para establecer los límites de la libertad de prensa ante los derechos a la reputación, a la intimidad y a las garantías judiciales de los políticos no son aún suficientemente claros, precisos para enfrentar los nuevos desafíos que surgen de las transformaciones y tendencias más importantes de la sociedad contemporánea.

Hay una tendencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y más aún de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a privilegiar la libertad de expresión frente al derecho a la intimidad y a la reputación de las figuras políticas salvo en los casos en que la base fáctica de la información falte de manera evidente al principio de veracidad de la información o en los que ha habido una violación de las reglas profesionales del periodismo.

Las transformaciones y tendencias estudiadas en la sociedad actual generan en la práctica en algunos países y determinados medios un desequilibrio en el ejercicio de las libertades y derechos en cuestión, teniendo como principal consecuencia un periodismo "de escándalo" o "amarillista" y una cobertura mediática de la justicia que puede conducir a un debilitamiento de la credibilidad de los ciudadanos hacia sus gobernantes, sobre el sistema político y sus instituciones.

En América Latina los proyectos de leyes dirigidos a salvaguardar este equilibrio de libertades y derechos y velar por la calidad y veracidad de las noticias parecen con frecuencia incluir normas cuyo objeto es otro: restringir el acceso a la información y censurar a los medios. Lo anterior, con graves consecuencias para el abordaje del tema: hoy todo intento serio por lograr un equilibrio entre los derechos y libertades mencionados parece tornarse cada vez más difícil ya que estos antecedentes con otros objetivos ha hecho que la reforma a la legislación sobre liberta de prensa se haya vuelto ahora en un tema tabú.

Ahora desde que se proponen reformas hay una tendencia a una rápida descalificación, sin que haya un pausado y necesario debate sobre su contenido y sobre los problemas y vacíos de la legislación. Esto ha evitado lograr un equilibrio entre los derechos y libertades fundamentales mencionados, garantizar y fortalecer los mecanismos de protección de las fuentes de información, de la cláusula de conciencia y del acceso a la información en beneficio de la democracia lo cual hace que hoy sea más recurrente una tensión entre los medios de comunicación y los poderes públicos.

Si bien la autorregulación por parte de los propios medios de comunicación con figuras como el "Ombudsman de la prensa" que existe, por ejemplo, en países de Europa, podría brindar una respuesta a los nuevos desafíos que hoy enfrenta el periodismo en América Latina lo anterior podría no ser suficiente dado los alcances de los problemas antes indicados, los vacíos de la legislación así como las características propias de la cultura mediática, y de las democracias de la región. Toda nueva legislación requerirá por supuesto mucha reflexión en tema tan sensible y relevante para lograr una formulación equilibrada, de consenso lo que supone involucrar en ese proceso todos los actores: entre ellos, los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, La Defensoría de los Habitantes en los países en que exista, los medios de comunicación, los periodistas, el Colegio responsable de regular la profesión y aplicar los principios deontológicos y la sociedad civil.

Máster en Derecho Internacional Público
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica