Ley emitida hace 35 años fiscaliza universidades privadas

Una ley emitida el 27 de noviembre de 1981, cuando existía solo una universidad privada, se encarga de fiscalizar los 53 centros académicos privados que operan actualmente.

Dicha ley se quedó congelada en el tiempo, se tornó obsoleta y es –hasta el momento-  incapaz de enfrentar la proliferación de estos centros en los últimos tiempos.

Para tener una idea, el castigo máximo que puede aplicar el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) a una universidad que incurra en irregularidades –como la venta de títulos- es solo la clausura temporal por un año.   

"El marco legal que regula el Conesup data de hace 35 años. Esto correspondía a una situación de la educación privada superior muy distinta: había solo una universidad privada ¡Este marco legal ha caído en la obsolencia!", expuso Mauricio Azofeifa, vocero del consejo.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación Pública (MEP) clama por la aprobación de una ley que reformará el consejo. El texto ya fue dictaminado y está en plenario a la espera de tramitación.

Los cambios propiciarían mejores controles y medidas cuando las universidades incurran en irregularidades. "El marco legal que tenemos ahorita no se ajusta a la realidad", acotó el funcionario.

Para aprobar títulos las universidades deben presentar una declaración jurada con nombres y carreras de los graduandos. Luego, el MEP revisa cada expediente antes de ser inscrito. Por año, se emiten más de 33 mil títulos de diferentes grados académicos.

"La ley fortalece el Conesup y fomenta la calidad de la enseñanza universitaria privada. Por ejemplo, incluye la acreditación obligatoria de carreras en educación, ciencias en la construcción y la medicina", dijo Azofeifa.

Universidad bajo la lupa

El Conesup sigue muy de cerca las pesquisas penales contra la Universidad de San José, sede San Francisco de Dos Ríos, investigada por aparentemente vender títulos falsos de licenciaturas y maestrías en múltiples carreras.

Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que 7 casos están en investigación con prueba sólida. Sin embargo, no descartan que el número aumente.

Al parecer, los interesados habrían pagado entre 3 y 5 millones de colones. 

Como única imputada –de momento- aparece una funcionaria de apellido Brenes, quien ocupa un alto cargo administrativo en esa sede.

Las responsabilidades penales alcanzarían a las personas que habrían pagado por obtener los títulos. "El título no es falso, los respaldos que acreditan la existencia del delito son los aspectos modificados: se simulan matrículas, materias cursadas o asistencia a clases", citó Espinoza.

La presunta venta de títulos se habría dado a partir de 2012. Según Conesup, en 2014 se hizo una inspección, sin embargo no encontraron anomalías.