Ley de usura complica crédito formal para 13.300 trabajadores del sector educación
Monto mínimo inembargable, que actualmente es de ¢206.000, deja por fuera a 38% de la planilla del MEP
Conserjes, guardas de seguridad y personal administrativo son los principales afectados por la aplicación de la ley. Foto: MEP
(CRHoy.com) Si las instituciones bancarias y financieras del país aplican estrictamente lo establecido en la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida popularmente como "ley de usura", 13.300 trabajadores del sector educación quedarían excluidos de la posibilidad de obtener un crédito formal.
Se trata del 38% de la planilla del Ministerio de Educación Pública (MEP) que actualmente tienen salarios netos iguales o inferiores a los ¢206 mil al mes y por consecuencia, no se les puede aplicar deducciones automáticas del salario o embargarlos en caso de impago.
El monto mínimo inembargable lo establece el artículo 172 del Código de Trabajo y se actualiza cada año.
La reforma hecha a la ley en noviembre del 2020, eliminó la sanción a los entes financieros que prestaran dinero a personas con salarios netos menores al mínimo inembargable como la estableció la norma de julio del 2020, pero la imposibilidad de realizar rebajos automáticos, eleva el riesgo de recuperación de los préstamos y por ello, muchas entidades prefieren no incluir a esta población en su cartera de clientes.
Los 13.300 empleados del sector de educación pública que actualmente rondan ese monto, deben acudir al crédito informal o aplicar por otro tipo de productos que ofrecen pocas instituciones bancarias.
El dato fue confirmado por Manuel Calvo Jiménez, jefe del departamento financiero de Caja de Ande. Precisamente esta institución, a la que todos los los trabajadores del MEP deben afiliarse por obligación de ley, acudió a cambios en sus esquemas de crédito para ofrecer opciones de préstamos sin violentar la ley.
Los trabajadores del sector educación más afectados por la norma, en su mayoría son guardas, cocineras, personal administrativo y docentes que no tienen asignadas jornadas completas.
Desde antes de la aprobación de la ley, los sectores financieros advirtieron que generaría exclusión del crédito formal de un importante del sector trabajador del país, no solo por el tema del salario mínimo inembargable, si no también, por los topes establecidos a ciertos productos financieros. Aseguraron en su momento, que las tasas altas se aplicaban a los clientes que generaban mayor riesgo de retorno de los préstamos.
Edificio Caja de Ande. Foto cortesía de la institución.
Estrategia para no excluir
Según la Caja de Ande, institución de ahorro y préstamo para los trabajadores del sector de educación pública, al principio de la aplicación de la ley, la incertidumbre que existía y las primeras directrices del Ministerio de Hacienda generaron gran confusión.
En el primer mes de aplicación, se contabilizaron 31.000 clientes, entre trabajadores y pensionados, que ya tenían créditos y a los que no se les podían realizar deducciones automáticas por tener salarios inembargables; en ese momento el monto era de ¢199.000.
Posteriormente, se eliminaron a los pensionados de ese cálculo ya que ese ingreso no se considera legalmente como un salario y con el transitorio aprobado en noviembre, se permitió que esta cifra se considerara solamente para los créditos otorgados después de la entrada en vigencia de la ley.
"Cuando una persona o el sistema financiero le dice a una persona que no puede tener acceso al crédito para cubrir sus necesidades básicas, pues obviamente esas necesidades no desaparecen, lo que sucede es que esa persona va a buscar por otros medios informales para poder cubrirse y eso afecta la calidad de vida" indicó Calvo.
Preocupa exclusión
Para la Oficina del Consumidor Financiero (OFC) la preocupación por la exclusión que genera la aplicación de la ley de usura, no desapareció con la reforma de noviembre del 2020.
"La preocupación nuestra es en dos sentidos; se genera exclusión desde la obligación de tope de las tasas de interés porque ya le cerraron el crédito a muchas personas que por su riesgo de impago, no son atractivas para las instituciones y están acudiendo al prestamista del barrio, donde no se respeta ningún tipo de de tasa interés y los métodos de cobro son bastante rudimentarios; y también lo que se está presentando con el salario mínimo inembargable" indicó Ernesto Solano, abogado de la OFC.
