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Ley castigaría uso de recursos públicos para limitar libertad de expresión

Iniciativa prohibiría asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad

Por Alexánder Ramírez | 16 de Feb. 2017 | 11:26 am
Imagen ilustrativa. Archivo.

El proyecto fue elaborado por el diputado Mario Redondo. (CRH)

Un proyecto de ley castigaría el uso indebido de recursos públicos y el poder del Estado para limitar la libertad de expresión.

La iniciativa, elaborada por el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), prohibiría también la concesión de prebendas arancelarias, así como la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y crédito oficial.

Además, prohibiría el otorgamiento o retiro de frecuencias de radio y televisión con el propósito de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.

Según el texto, se sancionaría con el despido sin responsabilidad patronal al funcionario público que incurra en cualquiera de esas conductas.

Pero también se les castigaría con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos años contados a partir del momento en que se determine su responsabilidad.

En el caso de funcionarios elegidos popularmente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les cancelaría sus credenciales. 

El proyecto es el resultado de una investigación que llevó a cabo la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, presidida por Redondo, sobre el uso de publicidad estatal con fines coercitivos, cuyo informe final se conocerá este jueves en ese órgano parlamentario.

De acuerdo con el documento, fue posible comprobar denuncias que hicieron el periódico La Nación contra el Banco Nacional y el diario Extra contra el Banco de Costa Rica por restricciones de la pauta publicitaria a ambos medios, que coincidieron con publicaciones críticas hacia las dos entidades entidades bancarias.

La iniciativa de ley fue suscrita por todos los miembros de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

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