Ley 9986: cuando la técnica jurídica y la técnica aeronáutica convergen para proteger al Estado
En los últimos días ha cobrado notoriedad un proceso investigativo relacionado con decisiones administrativas tomadas en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Si bien ha habido ruido mediático y titulares llamativos, conviene aclarar —con rigor jurídico y técnico— que la actuación del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no es improvisada ni política. Es legal, técnica y necesaria.
La Ley 9986, "Ley General de Contratación Pública", establece un marco jurídico moderno y robusto para garantizar que la contratación estatal sea eficiente, transparente y conforme al interés público. En ese sentido, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el OIJ han demostrado estar plenamente familiarizados con las herramientas que brinda esta legislación. Sus investigaciones no son una "cacería de brujas", como algunos quieren hacer creer, sino el resultado de análisis técnico-jurídicos orientados a prevenir la afectación indebida del erario público.
Un ejemplo reciente de esta labor rigurosa lo constituye el denominado caso "Pista Oscura", que ha puesto bajo escrutinio determinadas actuaciones relacionadas con infraestructura aeroportuaria. Sin prejuzgar responsabilidades, este caso demuestra que las autoridades están prestando atención a los posibles riesgos que podrían comprometer recursos públicos en sectores de alta complejidad técnica como el aeronáutico. Se trata de una oportunidad para fortalecer los controles y valorar el peso del criterio técnico en la toma de decisiones administrativas.
El trabajo de estos entes se basa, además, en criterios técnicos internacionales, como los de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establecen estándares estrictos sobre la seguridad operacional y la gestión de infraestructuras aeroportuarias. Los procesos de contratación en este sector no son simples compras públicas; son operaciones complejas que deben armonizar el marco nacional (Ley 9986) con los compromisos y exigencias del sistema aeronáutico global.
Desde esa perspectiva, cuando Fiscalía y OIJ actúan en coordinación para analizar posibles irregularidades, lo hacen con conocimiento especializado y con una clara conciencia de los impactos técnicos, económicos y jurídicos de sus acciones. No se trata de atropellar derechos ni de criminalizar la gestión pública, sino de identificar si hubo decisiones adoptadas al margen del procedimiento debido o sin los respaldos técnicos exigidos.
Ahora bien, es importante dejar claro algo más: esto no es un juicio político. La investigación no debe convertirse en un espectáculo mediático ni en una guerra de narrativas partidistas. Los órganos persecutores del Estado están llamados a actuar con independencia, pero también con fundamento. Y en este caso, tanto la Ley 9986 como los estándares OACI son sus herramientas, no sus pretextos.
Como abogado penalista, exasesor legal de la DGAC y especialista en contratación pública, puedo dar fe del alto nivel técnico con que se deben analizar estos procesos. Costa Rica no puede permitir que la ignorancia jurídica ni la manipulación política distorsionen la labor institucional. Cuando la Fiscalía y el OIJ actúan conforme a derecho y con base técnica, se fortalece la democracia, se protegen los recursos públicos y se honra el principio de legalidad.
Abogado Penalista | Especialista en Contratación Pública por la UCR
Exasesor Legal de la Dirección General de Aviación Civil