Lava Jato cobró otra víctima: ¿Cómo terminó Fernando Collor de Mello condenado en Brasil?
Exmandatario recibió unos $3,5 millones entre 2010 y 2014
El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello salió de prisión este jueves por la noche. La Corte Suprema de Brasil le otorgó arresto domiciliario por razones humanitarias, luego de confirmar esta misma semana su condena de casi 9 años por corrupción y lavado de dinero, convirtiéndolo en el último político latinoamericano en caer por el escándalo de Lava Jato.
Collor, de 75 años, fue arrestado el 25 de abril en la ciudad de Maceió, estado de Alagoas. Gobernó Brasil entre 1990 y 1992 y se convirtió en el primer presidente electo por voto directo tras la dictadura militar. Su mandato terminó de forma abrupta en 1992, cuando renunció en medio de un juicio político por corrupción. Años después, regresó a la política como senador por Alagoas y ocupó ese cargo hasta 2023.
Según la condena, Collor recibió más de 20 millones de reales —unos $3,5 millones— entre 2010 y 2014. A cambio, facilitó contratos entre BR Distribuidora, entonces subsidiaria de Petrobras, y la constructora UTC Engenharia. También promovió nombramientos políticos dentro de la petrolera estatal. Durante la investigación, las autoridades confiscaron vehículos de lujo en sus propiedades, entre ellos un Porsche, un Ferrari y un Lamborghini.
El juez Alexandre de Moraes ordenó su detención tras rechazar los últimos recursos presentados por la defensa. Consideró que eran maniobras dilatorias. Con las apelaciones agotadas, el tribunal activó de inmediato la ejecución de la sentencia. Collor debe portar una tobillera electrónica y tiene prohibido salir del país.
La Corte justificó el cambio de régimen carcelario por la edad del exmandatario y su delicado estado de salud.
"Su grave situación de salud, (…) su edad y la necesidad de tratamiento específico admiten la concesión de prisión domiciliaria humanitaria" para aplicarse "con urgencia", expresó en su fallo el juez Moraes.
La sombra de Lava Jato
La condena de Collor se deriva de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y una de las más significativas de América Latina. Iniciada en 2014, destapó un esquema masivo de sobornos en torno a Petrobras, involucrando a constructoras como Odebrecht y a funcionarios y políticos de todos los niveles.
El esquema funcionaba así: las empresas pagaban comisiones ilegales —entre el 1% y el 5% del valor de los contratos— para asegurar obras públicas sobrefacturadas. Odebrecht llegó a establecer un "departamento de propinas" que operaba mediante cuentas offshore y empresas de papel. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la firma pagó sobornos por al menos $788 millones en 12 países.
En Brasil, Lava Jato dejó más de 150 condenas, incluyendo altos cargos de Petrobras, empresarios y políticos. Uno de los casos más emblemáticos fue el del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en 2017 por corrupción, aunque su sentencia fue anulada en 2021 al considerarse que el juez Sergio Moro actuó con parcialidad.
El escándalo provocó una ola de descontento ciudadano y pavimentó el camino para la elección de Jair Bolsonaro en 2018, quien capitalizó la indignación con un discurso anticorrupción.
A pesar de su impacto, la investigación de Lava Jato no estuvo exenta de polémicas: por ejemplo en 2024, se anularon condenas de figuras clave como José Dirceu y Marcelo Odebrecht, por irregularidades procesales. La operación fue oficialmente desactivada en 2021.
Expresidentes en la mira
La caída de Collor es una más entre varias figuras presidenciales latinoamericanas salpicadas por Lava Jato. En Brasil, además de Lula, también estuvieron bajo investigación Michel Temer, José Sarney y Dilma Rousseff. Temer fue arrestado en 2019, acusado de liderar una organización criminal que desvió recursos públicos durante casi cuatro décadas. Sarney y Rousseff fueron mencionados en las investigaciones, pero no enfrentaron cargos.
Perú fue, fuera de Brasil, el país más golpeado por el escándalo. Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por recibir $35 millones en sobornos para facilitar la concesión de la Carretera Interoceánica Sur. Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, recibieron 15 años por recibir aportes ilícitos de Odebrecht para sus campañas presidenciales. Pedro Pablo Kuczynski enfrenta procesos por lavado de activos durante su etapa como ministro. Alan García, también expresidente, se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido.
En El Salvador, Antonio Saca fue condenado por desviar más de $240 millones durante su presidencia. Mauricio Funes, también acusado de enriquecimiento ilícito, permaneció en asilo en Nicaragua, hasta su muerte en enero de este año.
