Las alertas siguen encendidas: Deuda creció más rápido en 2018
País ya sobrepasó los parámetros considerados como tope para el endeudamiento

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La reforma fiscal aprobada en diciembre vino apenas a representar un alivio para las lastimadas finanzas costarricenses, pero las alarmas están lejos de apagarse.
Si bien 2018 significó pagos de deuda sin contenido presupuestario y problemas para conseguir dinero que permitiera financiar los gastos, también trajo un endeudamiento mayor para Costa Rica.
Así lo refleja la Memoria Anual 2018 de la Contraloría General de la República al poner el dedo en una de las llagas que más lastima – y más crece- de la economía nacional: el endeudamiento público.
Entre 2016 y 2017 la deuda del sector público no financiero creció un 5,8%. Este sector incluye al gobierno central, el Banco Central y algunas de sus instituciones (como el CNP o la CCSS). Pero entre 2017 y 2018 ese crecimiento fue de un 15%; es decir, el doble.
Así, el saldo adeudado alcanzó los ₡24.485 millones y según las cifras de la Contraloría, está explicado por las deudas adquiridas en especial por el Gobierno Central y el Banco Central.
El problema, de acuerdo con la Contraloría, es que en ambos casos ya se sobrepasó el denominado "límite natural de la deuda", ese monto máximo de endeudamiento que el país podría enfrentar en condiciones económicas desfavorables.
En poco más de una década, la deuda del sector público no financiero pasó de representar un 38,4% del Producto Interno Bruto (PIB) al 70,6%. Solo en el Gobierno Central esa variación pasó de un 24,1% a un 53,6%.
Dicho en términos de una familia, sería como que en su casa varios integrantes han adquirido deudas y entre todos deben usar 7 de cada 10 colones de los salarios totales para pagarlas.
Lo deseable según la entidad es de un 60% del PIB para todo el sector público no financiero y de un 50% para el Gobierno Central.
Según la Contraloría, por esa razón urge trabajar en aspectos como la contención del gasto, en especial en lo relacionado con transferencias, remuneraciones y consumo.
En ello coincide el economista Daniel Suchar quien señaló la necesidad de dar un "golpe de timón", el cual de momento no se ve en el corto plazo.

Condiciones riesgosas
El riesgo no está solo en la bola de nieve en que se ha convertido la deuda pública, sino también en las condiciones.
Para la Contraloría hay tres tipos de riesgos: el cambiario, el de los intereses y el del refinanciamiento.
En el primer caso el problema radica en un rápido aumento del total de la deuda existente en dólares, que pasó de un 37% a un 42,6% entre 2015 y 2018.
La mayor variación se ubica en los títulos de deuda interna en moneda extranjera y el problema radica en que la alta concentración en esa moneda aumenta la vulnerabilidad ante variaciones abruptas en el tipo de cambio, que puede disparar el pago de intereses de un momento a otro.
Esto le ha pasado a algunas instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que achacó gran parte de sus pérdidas el último año a las variaciones en el tipo de cambio.
Un rango aceptable de endeudamiento en dólares oscilaría entre un 25 a un 35% del portafolio.
En cuanto a la segunda gran preocupación, las tasas de interés, el problema radica en que existe una elevada cantidad de títulos en lo que se denomina tasa variable.
Esto implica que ante variaciones a nivel internacional los costos financieros de pagar los intereses pueden subir en cualquier momento.
De hecho, durante 2018 hubo una fuerte presión gubernamental para que la Reserva Federal aumentara sus tasas de interés en Estados Unidos. Para este 2019 no se prevé variaciones, pero esto puede cambiar según los deseos de la política de Donald Trump.
En todo el sector público no financiero la variación en la cantidad de títulos en este tipo de tasa fue de 10 puntos porcentuales desde 2015 a 2018.
Finalmente existe el riesgo del refinanciamiento, es decir, la necesidad del país de tener que renegociar títulos porque su vencimiento es menor a un año.
En estos casos el problema radica en que las condiciones pueden variar y volverse más costosas, pero ante la imposibilidad de pagar, al país no le queda otra alternativa.
En términos generales en todo el sector público no financiero este tipo de endeudamiento aumento de 12,9% a 14,7%, si bien en el gobierno central han bajado dos puntos porcentuales.
En esta área, según la Contraloría, se ha venido trabajando relativamente bien, pero de igual manera "debe ser objeto de particular atención ante los niveles críticos que muestran los indicadores de liquidez". Es decir, mientras el país siga con problemas para acceder a recursos, los vencimientos de corto plazo seguirán siendo una amenaza.
En términos generales se espera que la aprobación de la reforma fiscal genere efectos a mediano plazo, por lo que la deuda seguirá con tendencia al alza al menos hasta 2023.
La tendencia alcista fue calificada por el propio Banco Central como "insostenible", por lo cual en el ente contralor es claro en señalar el camino: mientras el efecto de la reforma fiscal llega, el trabajo está en la contención del gasto.