La ubicación geográfica impacta la calidad de la educación

En Costa Rica siempre hemos defendido que la educación es un derecho humano. Sin embargo, hay una verdad incómoda que muchas veces evitamos mirar de frente: la calidad y la integridad del aprendizaje varía de acuerdo con el lugar donde se nace. El código postal decide cuáles asignaturas recibirá el estudiantado, cuántos docentes lo atenderán y, a veces, si el techo resistirá el próximo aguacero.

Hace unos meses presenté una charla en TEDx Pura Vida Educación donde expuse cinco claves para recuperar el rumbo educativo del país y las quiero desarrollar en varias columnas de opinión.

La primera es la equidad, entendida como la garantía de que cada estudiante obtenga lo necesario para desarrollar su potencial al máximo sin que el origen, género, etnia, territorio, situación de discapacidad o condición socioeconómica se interpongan. La UNESCO, la define como la "justicia, imparcialidad y legitimidad de la distribución educativa en todos los niveles". La OCDE agrega que un sistema equitativo es aquel donde las circunstancias personales no predicen el desempeño académico ni el bienestar del estudiante.

¿Sabía que solo el 10% de las escuelas públicas de Costa Rica reciben el currículo completo, o sea, que reciben todas las asignaturas?

Este dato refleja la realidad de los centros educativos de todo el país. En casi 9 de cada 10 escuelas no se ofrece una educación integral. Esto significa que no se ofrecen las asignaturas "complementarias" como educación física, artes plásticas, música, tecnología, idiomas, entre otras. En otras palabras, no todos los niños y niñas en Costa Rica tienen acceso a una educación completa y de calidad; y estudiar se ha convertido en un privilegio geográfico.

El mapa que acompaña esta columna —extraído del Noveno Informe del Estado de la Educación (2023) y elaborado por Navarro, Barquero y Murillo— revela, en una sola mirada, las zonas del país en donde los niños reciben todas las asignaturas y llama la atención que esos puntos negros están concentrados en la Gran Área Metropolitana (GAM). Esa imagen dice más que mil diagnósticos: las brechas educativas se miden en kilómetros de desigualdad.

 

 

El Informe Nacional de Competitividad 2024 lo traduce en cifras: apenas el 17 % de los 450.000 escolares de primaria reciben la malla curricular completa que aprobó el Consejo Superior de Educación (CSE). El resto estudia en escuelas que sacrifican la educación física, música, artes, tecnología o idiomas por falta de tiempo lectivo, presupuesto o docentes.

Desde 1997, el CSE ordenó que todas las escuelas debían impartir el currículo completo antes de diez años. El plazo venció en 2007 y la brecha sigue abierta. Peor aún: cuando el debate toca el presupuesto, el propio CSE alega que "no es de su competencia", como si garantizar recursos no fuese condición básica para la equidad. Esa indiferencia institucional convierte la meta en retórica y la desigualdad en rutina.

¿Por qué la promesa sigue incumplida? Porque se han descuidado las condiciones que lo hacen posible: los centros educativos cada vez tienen menos docentes, la infraestructura y mobiliarios son precarios y las jornadas lectivas recortadas incumplen las horas de clase fijadas por el CSE. El lugar de nacimiento vuelve a decidir cuan ancha será la ventana al conocimiento.

Este drama tiene nombre y apellidos. Kenneth, por ejemplo, es un profesor itinerante de Educación Física, saltando de escuela en escuela porque en varias de ellas su asignatura simplemente no existe. No hay plazas, el dinero no alcanza. Los maestros de las demás asignaturas complementarias viven la misma situación. Con suerte, un niño recibe una de las asignaturas "complementarias" por año… y, si alcanza el presupuesto, tal vez el próximo curso también. Así se normaliza la inequidad, mientras el CSE elude discutir el financiamiento imprescindible para cerrar las brechas.

Pero la niñez no puede esperar. Cada ciclo lectivo mutilado por recortes condena a una generación a un futuro más incierto. La equidad no es un eslogan, es justicia distributiva: aulas completas, todas las asignaturas, recursos asignados según la urgencia territorial y la inversión apuntada -sin rodeos- hacia las zonas históricamente excluidas.

¿Es posible? Claro que sí. Estonia y Uruguay ya demostraron que la equidad no es un efecto tardío, sino el punto de partida. Costa Rica cuenta con talento docente y capacidad técnica; lo que falta es voluntad y visión política y una ciudadanía crítica que no tolere excusas.

En Costa Rica la equidad no puede ser un lujo. Si aspiramos a ser un país justo, la educación no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, debe ser un derecho amplio que abarca toda la geografía, tan inclusivo como nuestra Constitución Política.