En los Estados Unidos casi todas las leyes de índole fiscal tienen una temporalidad a diez años, con el fin de evitar transformaciones permanentes del presupuesto que deberán ser contabilizadas como tales por la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés). Sólo si el nuevo gasto o la reducción impositiva se torna popular, es renovado por otro período. Quizá debimos haber utilizado algo similar con la regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento Fiscal (en los 90s lo hicimos con el impuesto de ventas). Así como está la ley, la regla fiscal genera una serie de condiciones extrañas en el largo plazo que se pudieron evitar si la hubiésemos diseñado como una ley transitoria.
En la mayoría de los países que tienen algún tipo de regla fiscal, ésta es lo que se denomina una "regla de oro" o de "balance fiscal". Se puede definir esto de varias maneras, pero a grandes rasgos la idea es que los ingresos esperados sean equivalentes o superiores al gasto corriente esperado, con el fin de evitar que la deuda crezca mucho. El país sólo se endeuda para invertir, no para los gastos corrientes.
Poco después de la crisis financiera del 2008-2009 se publicaron varios artículos que daban a entender que el nivel de deuda de un país tenía un umbral de extrema peligrosidad, usualmente 90% del PIB. Se insinuó que, una vez superado ese umbral, era casi un hecho que el país se declararía en bancarrota tarde o temprano porque entraría en una espiral de bajo crecimiento y elevada deuda. El más famoso de esos artículos, el de Reinhardt-Rogoff, resultó tener errores en su base de datos y en la estimación econométrica. Una vez corregidos los errores, desapareció el sustento estadístico de este umbral de deuda.
El endeudamiento de un país no es algo que debamos tomar a la ligera y las escaladas rápidas de la deuda implican combinaciones de medidas, por ejemplo, de aplanar la curva de gasto y aumentar los ingresos. Sin embargo, la regla fiscal de Costa Rica en su artículo 11 no contempla la evolución del ingreso. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica puede hacer un esfuerzo monumental por mejorar los ingresos impositivos (o no hacerlo) que la regla fiscal de gasto costarricense lo obligará siempre a recortar o máximo mantener el nivel de gasto relativo al PIB. Por ende, es una regla de gasto puro sesgada hacia la reducción, que en el largo plazo provoca que la dimensión máxima del gasto corriente del Estado Costarricense sea 17% del PIB y típicamente sea menor, aún si los ingresos del Estado ascendiesen a 17% o más del PIB.
La regla establece que no se podrá sobrepasar el crecimiento del PIB nominal bajo ningún criterio, lo cual genera un sesgo para que sea inferior en promedio. El escenario más severo, donde el gasto sólo puede crecer el 65% del crecimiento del PIB nominal, tenderá a ocurrir con poca frecuencia precisamente porque al recortar el gasto tan rápido debería retornar la deuda debajo del 60% del PIB en pocos años, a menos que la gestión de la deuda sea deficiente o que los efectos macroeconómicos de los recortes presupuestarios sean muy severos y provoquen una crisis económica que reduzca el PIB en el denominador.
Para entender por qué el gasto se recorta tan rápido, si el PIB nominal crece a un promedio de 6% anual (3% de crecimiento real y un 3% de inflación), con sólo tres años adicionales de recortes al 65% y otros tres años al 75% (el escenario con deuda entre 45% y 60% del PIB), el recorte global del gasto será equivalente a casi 10%. Hace unos años el gasto primario estaba en casi 18%, pero de acuerdo con los últimos números de la Contraloría General de la República, ahora es 13.7%. Otra reducción de 10% del gasto primario nos dejaría en 12.4% del PIB, que son niveles extraordinariamente bajos para la historia fiscal costarricense, con el agravante de que, de acuerdo con la regla fiscal, sólo podría subir en la medida que los gastos de servicio de deuda empiecen a bajar.
Ante nuestra dinámica de deuda, había que tomar medidas fiscales prudentes, pero haber diseñado esta reducción del gasto tan abrupta es probable que esté desestabilizando la atención de muchísimas necesidades sociales como el apagón educativo de la pandemia, la crisis de seguridad y la atención de salud. Considero recomendable que se revise la regla fiscal de manera integral para que sea más similar a una regla de oro.
