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La reforma propuesta del PUSC para salir de la lista gris: Reservas sobre su eventual eficacia

"Cabe destacar que la principal preocupación de la UE es la potencial utilización de empresas "de papel", es decir, sin sustancia económica o presencia económica sustantiva, para la obtención de rentas pasivas de fuente extranjera no gravadas por impuestos sobre la renta.

Para que nuestro país sea suprimido del Anexo II, la Guía del COCG Nº 13075/2019, de 15 de octubre de 2019, sobre regímenes de exención de rentas de fuente extranjera, propone dos alternativas:

1. Gravar las rentas pasivas obtenidas en el exterior.

2. Exonerar ciertas rentas pasivas siempre que: a. las entidades que obtengan las referidas rentas cumplan con requisitos de sustancia adecuados, b. se elimine toda discrecionalidad administrativa en la determinación de la renta no gravada, y c. se incorpore una cláusula antiabuso robusta (general o específica)."

He tomado este texto del proyecto de ley que presentara el Ministro de Economía y Finanzas del Uruguay a la presidenta de su Congreso el 28 de julio del 2022. Me parece que estamos exactamente ante el mismo problema, y tenemos seguramente, al igual que los uruguayos, esas dos mismas alternativas.

Y por lo que ha transcendido en la prensa, pareciera que nuestra Asamblea Legislativa se decantaría por la segunda opción y en tal sentido inclusive va el proyecto presentado por la fracción del PUSC, que resulta ser, una copia parcial de las reformas aprobadas en Uruguay.

Creo que no hay nada de malo en copiar, muy especialmente si al hacer eso nos aseguramos que las cosas funcionen. Sería lógico, por ejemplo, que si queremos fabricar un avión, copiemos los principios básicos de los fabricantes de aviones. Tengo mis dudas, con base en análisis preliminares míos y de colegas de la firma en la que trabajo, que esta copia nos vaya a sacar del problema. O sea, que este avión vuele.

Lo primero porque este proyecto presentado no resuelve el problema básico del establecimiento permanente, que requiere que se elimine de su redacción actual, la palabra "esenciales" que básicamente hace imposible que existan establecimientos
permanentes en Costa Rica, pieza clave de la fiscalidad internacional. Y porque además, se hace necesario que el establecimiento permanente sea incluido, explícitamente, en la lista de contribuyentes del impuesto sobre las utilidades y del impuesto de ganancias y pérdidas de capital.

Lo segundo, el proyecto presentado deja a discrecionalidad de la DGT definir si se cumplen o no los requisitos de sustancia de una entidad costarricense para ser considerado contribuyente aquí y gozar entonces de los beneficios de no pagar impuestos
sobre las rentas extraterritoriales. La ley uruguaya en cambio, establece que por Reglamento (o sea por decreto, para dar mayor certeza y estabilidad y quitar discrecionalidad a la Administración Tributaria) deben establecerse:  "El Poder Ejecutivo
podrá establecer los términos y condiciones en que se aplicará lo dispuesto en el presente artículo, quedando asimismo facultado para fijar indicadores o parámetros objetivos tales como, la naturaleza de la actividad, los recursos humanos ocupados, el nivel de ingresos, el porcentaje de activos generadores de las rentas comprendidas en el presente artículo,
que indiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo."

Creo que así debe ser, y eso, debió haberlo copiado el proyecto en cuestión.  Es importante recordar que la UE establece, como un rasgo de un sistema dañino, (harmful) que las autoridades tengan discrecionalidad para definir cuando hay sustancia y este proyecto no lo evita, como si lo hace la ley del Uruguay.

Luego, el proyecto presentado no se limita a arreglar la cuestión de la lista gris, sino que intenta hacer mejoras al criterio de fuente costarricense sin abordar el problema de fondo.

Si lo que se quiere es traer a este proyecto el de interpretación auténtica que está en corriente legislativa, para con ello "reforzar" el criterio de la fuente en nuestro país, flaco favor se podría estar haciendo pues, la posición de las autoridades administrativas, avalada por los tribunales y por la Sala Constitucional, precisamente pasa de lejos esa discusión, pues considera que el criterio de la fuente es económico y no territorial.

Uno se pregunta si ese proyecto también pretende que se exoneren los ingresos por exportaciones de bienes, al final y al cabo, cuando se exporta, se generan rentas extraterritoriales. Luego con la redacción propuesta se podrían estar "exonerando" esos
ingresos y que constituyen, según la evaluación de la UE, una de las excepciones a la no sujeción de las rentas foráneas (las otras dos excepciones que cita y que suponen, también, imposición actual sobre rentas extraterritoriales, son los intereses y comisiones de préstamos utilizados en Costa Rica y los ingresos por el transporte internacional y las comunicaciones). Esto conviene aclararlo, sea lo que sea que pretendan los redactores del proyecto.

Otro aspecto, también señalado por la UE  es debe existir una cláusula antiabuso "robusta". Esta es la de Uruguay:

"Artículo 7quater. Clausula específica anti abuso.- A los efectos de lo dispuesto en los numerales 6. y 7. del artículo 7º, y de los artículos 7º Bis y 7º Ter del presente Título, la Dirección General Impositiva podrá desconocer las formas, mecanismo o serie de mecanismos que, habiéndose establecido con el propósito principal o uno de los propósitos principales de obtener una ventaja tributaria que desvirtúe el objeto o finalidad perseguida por dichos artículos, resulten impropios tomando en consideración los hechos y circunstancias pertinentes.

Los referidos mecanismos podrán ser considerados de manera individual o conjunta. A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, un mecanismo o serie de mecanismos se considerarán impropios cuando para su adopción o realización no existan razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica.

En tales casos se podrá recalificar el ingreso o la calidad de entidad como no calificados, debiéndose determinar la obligación tributaria de conformidad con lo dispuesto en el presente Título."

Esta, la del proyecto, que pareciera, contraría la recomendación de la UE y para nada resulta "robusta":

"Sin detrimento de lo anterior, la Dirección General de Tributación podrá desconocer las formas sobre el fondo para determinar o recalificar la condición de entidad calificada del contribuyente, conforme lo definido en los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios."

O sea, y utilizando la imagen del avión que queremos copiar, el nuestro, no volaría. O peor, se caería con extrema facilidad una vez hallamos invertido tiempo y recursos valiosos en construirlo, tiempo y recursos, dicho sea de paso, pagados por nosotros, los contribuyentes.

Se acusa recibo: Muere Walter Fergusson, Rey del Calypso. Yasin Quesada asume dirección de Grupo Columbia. Standard and Poor's sube calificación de Costa Rica por sus buenos resultados fiscales. Gobierno anuncia renta global y mundial para rentas pasivas. Sabina ofrece concierto en el Estadio Nacional. Se cumple un año de invasión de Rusia a Ucrania. Uccaep celebra 50 años de Fundación.

Francisco Villalobos

fvillalobos@ics.cr