La muerte de “Valiente” puede aumentar pena para el sospechoso
Valiente falleció el domingo 16 de febrero
La reciente muerte de "Valiente", el perro que sufrió un acto de crueldad en Guácimo, podría cambiar el curso legal del caso y llevar al sospechoso a enfrentar mayores consecuencias legales.
De acuerdo con la legislación costarricense vigente, el sospechoso podría enfrentar una pena máxima de 2 años de prisión por el delito.
Este caso está contemplado en el artículo 279 bis del Código Penal, que sanciona los actos de crueldad contra los animales domésticos.
La abogada Maricruz Uba, explicó que la tipificación del delito ha cambiado debido al deceso del perro.
"Siempre se ha manejado como un caso de crueldad, pero ahora la muerte del perrito debe tomarse como un caso de muerte animal, que encuadra en el artículo 279 ter del Código penal", afirmó la abogada.
Según el artículo, se sancionará con pena de prisión de 3 meses a 2 años, a quien dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal doméstico.
Además, es importante destacar que la legislación vigente ha sido objeto de críticas, como lo indicó la misma abogada, debido a las limitadas sanciones que contempla para los delitos de maltrato animal.
Uba afirmó que las penas, aunque aplicables, siguen siendo bajas y la ley presenta vacíos que dificultan su aplicación efectiva.
"La ley tiene muchos vacíos legales y las penas son muy bajas para lo que realmente debería ser un castigo ejemplar ante estos actos de violencia contra seres vulnerables", explicó.
En cuanto a la protección de los animales, la legislación actual se queda corta, según la abogada, que enfatizó la urgencia de reformas que fortalezcan las sanciones y aumenten la efectividad de su aplicación.
"Hace falta mucho trabajo en cuanto a la creación de tipos penales más específicos y la forma en que se interpretan y aplican. Las reformas son urgentes para que las penas sean mayores, quienes maltratan animales muchas veces tienen antecedentes de agresión en otros ámbitos", añadió.
En enero, el Juzgado Penal impuso medidas cautelares al hombre de apellido Calvo, sospechoso en este caso. Las medidas incluyen el impedimento de salida del país, el cambio de domicilio, la obligación de firmar cada 15 días ante el tribunal y la prohibición de contacto con los testigos.
El caso sigue en investigación y, tras el cambio de circunstancias, la Fiscalía Adjunta de Pococí confirmó que ahora se investiga como un delito de muerte de un animal.
Ante esto, se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para determinar si existen elementos que agraven la acusación y si el sospechoso podría enfrentar una pena más severa.
