La detención del exministro de Obras Públicas y Transporte Mauricio Batalla invita a reflexionar sobre la marcha convocada en marzo para exigir la renuncia del fiscal general Carlo Díaz. Como otros participantes de alto rango, el día del desfile Batalla tenía la doble condición de manifestante y figura central en una causa penal cuya conducción recae en el mismo jefe del Ministerio Público contra quien se convocó la protesta.
Pocos días después, trascendió el expediente abierto por supuesto abuso sexual y cerrado mediante un acuerdo extrajudicial por el cual Batalla pagó a la denunciante ₡3 millones cuando todavía integraba el Gabinete del presidente Rodrigo Chaves.
A la luz de los acontecimientos recientes, la presencia de Batalla –y otros– en la marcha organizada para exigir la destitución de Díaz pierde todo viso de protesta en procura del mejoramiento del Ministerio Público, como en su momento se pregonó, y se perfila como un intento de influir sobre la tramitación de causas específicas.
No en balde Díaz respondió a la desnutrida marcha con una reafirmación de las funciones de su despacho, sin distinguir entre involucrados: “El Ministerio Público continuará su labor reforzando las investigaciones y protegiendo los derechos de todas las personas involucradas en los procesos, sin que nos tiemble la mano para aplicar la ley, sin importar quién sea el implicado”.
Cabe preguntar, entonces, cuántos de los manifestantes trasladados hasta el sitio de la protesta, en muchos casos con ayuda de cooperativistas también cuestionados en su momento por la Fiscalía, marcharon hombro con hombro con Batalla conociendo sus asuntos recientes y pendientes en el Ministerio Público encabezado por Díaz.
El día de la protesta, el exministro figuraba, también, como uno de los posibles candidatos del chavismo a la Presidencia de la República. Esa aspiración se esfumó cuando trascendió el arreglo extrajudicial en el caso de supuesto abuso sexual. El escándalo del allanamiento y detención fue lluvia sobre mojado.
Si la información oportuna puede dar al traste con una carrera política, vale preguntar cuál sería su efecto sobre una marcha de protesta. En este caso, no fue multitudinaria, como el gobierno intentó hacer creer, pero pudo ser todavía menos concurrida si los trasladados hasta la manifestación hubieran contado con más elementos de juicio.
