La inmunidad de la ministra es el silencio de los mendigos
La osadía de la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro, es alucinante. Nuevamente se repite la tónica de lo que ha sido la administración Chaves Robles en estos dos años de gobierno: se hace lo que se quiere, no lo que la ley disponga. Una ocurrencia más de la cartera de educación y la enésima que colecciona el Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas es un pilar de la democracia, así está constitucionalmente dispuesto, aunque algunos pretendan hacer con el papel otra cosa.
La solicitud de la defensora de los habitantes fue clara y sencilla: una convocatoria a la ministra y a un conjunto de colaboradores técnicos para aclarar las dudas sobre las largas listas de impagos que acumula el Ministerio de Educación Pública desde hace años. En un primer momento acude al llamado y unas horas después, alguna luminaria que le asesora, le indicó que no asistiera para rendir cuentas.
¡Habrase visto tal desfachatez! La norma es clara, bien dijo la defensora Angie Cruickshank, no cabían interpretaciones antojadizas (valga el rebote cuando el gobierno interpela a la contralora por la misma razón). La ministra, en efecto, goza de la inmunidad política que otorga la Constitución Política, pero eso no la inhibe de rendir cuentas, como cualquier otro funcionario público. La inmunidad es un derecho que ampara otros derechos, pero no exime de los deberes, también de orden constitucionales.
Y no solo falta flagrantemente la ministra, sino que tampoco llegan sus técnicos (no amparados por la inmunidad, por cierto). Pero la pregunta es: ¿cuál era la preocupación de responder sobre los miles de casos de atrasos salariales que llevan años sin resolverse en el MEP? Tampoco es que esto sea un secreto de Estado, todo lo contrario, es tan conocido como las interminables listas de espera de la Caja. ¿Qué no tienen idea de cómo resolverlo y esa era la preocupación? Tampoco se esperaba que inventaran el agua tibia, a los olmos no se le piden peras.
Lo que sí es cierto, es que existen interminables filas de personas trabajadoras de la educación esperando que se resuelvan sus problemas de pago, algunos llevan años sin respuesta, tal es el caso de quien escribe. Seis años esperando que empiecen a resolver puntos de carrera profesional y a casi dos años de haber ingresado los últimos certificados de aprovechamiento, y el departamento de pagos brilla por su ausencia y guarda un silencio sepulcral. Tal es el desorden que allá impera, que hasta el expediente laboral y de carrera profesional perdieron y su solución fue: "llegue para reconstruirlo". Es decir, todo lo ingresado fue perdido y como Pilatos se lavaron las manos.
En un reciente fallo de la Sala Constitucional, el 2024012531, frente a un reclamo de pago salarial incompleto por parte del MEP, el magistrado Cruz Castro, en su voto salvado, indica que "la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida", debido a que años de años sin resolver un pago salarial se convierte en una vulneración a esta garantía constitucional y la persona trabajadora tiene derecho a recibir en tiempo, modo y lugar, su salario completo.
Por miles se repiten estos casos de incumplimiento en las remuneraciones y de reclamos administrativos interpuestos años atrás no resueltos hasta la fecha. El caos, el desorden, la improvisación, el desgano, la irresponsabilidad y, ahora, la falta de rendición de cuentas, son las leyes que gobiernan el Ministerio de Educación Pública en todos los pasillos de la burocracia que desalienta y trata como mendigos a sus trabajadores, que tienen que rebajarse en dignidad para pedir su salario como si de limosna se tratara.
Y de esta manera es que se ha menospreciado y rebajado la condición de ser educador en las últimas décadas en Costa Rica, porque se le obliga a cumplir en silencio (por vocación, dicen), pero no se remunera por igual. Porque el burócrata no tiene que rebuscar en sus bolsillos para pagar la hipoteca, cumplir con el alquiler, comprar el comestible para la familia, ajustar para los pases o el combustible del mes o endeudarse para pagar otras deudas porque el salario no llegó como debía por la función contratada. Eso es el MEP desde que se ingresó el primer día hasta el momento de la jubilación: ser tratado de forma denigrante y humillante.
Educador y abogado