La injusticia de las dietas municipales: un sistema que premia la desigualdad

Como diputado de la República y exalcalde municipal, no puedo quedarme callado ante una de las distorsiones más graves —y a menudo ignoradas— del régimen municipal en Costa Rica: el sistema de pago de dietas a regidores y síndicos. Un sistema que, lejos de reflejar justicia y proporcionalidad, perpetúa la arbitrariedad, la inequidad y la desconfianza ciudadana.

Los regidores municipales desempeñan un rol clave en nuestra democracia local. Aprueban presupuestos, fiscalizan al alcalde, impulsan políticas comunales. Son la voz del pueblo en el Concejo. Sin embargo, la forma en que remuneramos esa responsabilidad es una radiografía precisa de nuestras contradicciones institucionales.

Hoy, cada Concejo fija su propia dieta. ¿El resultado? Un regidor en Alajuela puede ganar más de siete veces lo que gana uno en Alajuelita por la misma sesión, con las mismas funciones y responsabilidades. ¿Tiene sentido que un cargo público electo, con idénticas atribuciones legales, se pague como un lujo en unos cantones y como caridad en otros? ¿Qué legitimidad puede tener un sistema que convierte al regidor en funcionario VIP en Escazú y en voluntario simbólico en Turrubares?

Estas desigualdades tienen respaldo en un marco normativo obsoleto. El artículo 30 del Código Municipal establece montos máximos de dieta según el presupuesto municipal: desde ₡6.000 por sesión en municipios con menos de ₡100 millones hasta ₡17.500 en los que superan ₡1.000 millones. No obstante, cada concejo tiene la libertad de ajustar estos montos —incluso aumentarlos hasta un 20% anual si el presupuesto crece— lo que ha llevado a excesos en algunos casos y a la precariedad en otros.

En municipios con presupuestos similares (cerca de ₡3.000 millones), las dietas varían entre ₡30.017 y ₡86.250. Una diferencia de casi tres veces sin relación directa con las responsabilidades del cargo ni con la carga de trabajo. En municipios con presupuestos mayores a ₡10.000 millones, las diferencias son todavía más desproporcionadas, llegando a que algunos regidores ganen el doble que otros en condiciones similares. Esta dispersión no tiene justificación técnica ni moral.

Y no hablamos solo de cifras. Estas disparidades generan confusión, indignación y un efecto corrosivo en la confianza pública. ¿Cómo puede explicarse que un regidor reciba ₡1.200 por minuto en una sesión, mientras otro apenas recibe lo suficiente para cubrir el transporte? ¿Qué mensaje se envía al país cuando un cargo público se remunera como premio en un cantón y como apostolado en otro?

Por si fuera poco, en algunas municipalidades se agregan viáticos por cada sesión, aun dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), donde las distancias no justifican ese pago. En San José, por ejemplo, un regidor puede sumar ₡22.000 adicionales por cada reunión, elevando su pago total a ₡217.000 por tres horas de trabajo. ¿Viáticos por reunirse a cinco kilómetros de distancia? Es una burla al contribuyente.

Frente a este panorama de inequidad, arbitrariedad y poca transparencia, presenté el Proyecto de Ley N.º 24.078, que propone una transformación de fondo: pasar del actual esquema de dietas por sesión a asignaciones mensuales fijas, establecidas bajo criterios nacionales y proporcionales al tamaño del municipio.

Este cambio tendría múltiples beneficios:

• Mayor equidad: Se elimina la posibilidad de que dos regidores con funciones idénticas ganen montos radicalmente distintos. Ya no más extremos de ₡15.000 contra ₡260.000 por sesión.
• Participación más integral: La asignación incluirá la labor en comisiones, donde se estudian y analizan temas clave. Hoy, esa participación muchas veces se ve limitada por no estar remunerada.
• Transparencia y control: Se impide que los concejos se autoasignen aumentos discrecionales. Los incrementos serán automáticos, vinculados a la inflación y al presupuesto nacional, no a decisiones políticas locales.

Además, el nuevo modelo introduce una escala nacional basada en el presupuesto municipal. Por ejemplo, un municipio con presupuesto menor a ₡2.500 millones pagará al regidor un 5% del salario base de un oficinista 1 del Estado; uno que supere los ₡50.000 millones podrá pagar hasta un 100%. Así se garantiza justicia proporcional: quienes administran más recursos pueden recibir más, pero bajo un marco común y predecible.

También se establece un control estricto sobre los viáticos. En el GAM, se eliminan —excepto en casos justificados—, y fuera del GAM se regulan conforme a criterios técnicos, como distancia y necesidad comprobada. No más sobresueldos disfrazados ni pagos automáticos por asistir a reuniones locales.

Y algo esencial: esta reforma no convierte el cargo de regidor en empleo público. No habrá aguinaldos, vacaciones ni relación laboral con la municipalidad. La asignación mensual reconoce el tiempo y esfuerzo dedicados, pero mantiene intacta la naturaleza de servicio comunal del puesto.

Con esta reforma, ganamos todos. Ganan los municipios pequeños, cuyos regidores finalmente recibirán una compensación digna. Gana el erario público, al cerrarse la puerta a abusos. Ganan los concejos, al liberarse de la presión de fijar sus propias dietas. Pero, sobre todo, gana la ciudadanía, al recuperar la confianza en sus representantes locales.

Hoy, el régimen de dietas municipales es una fuente silenciosa de desigualdad institucionalizada. Un sistema que hace que un mismo cargo se perciba como privilegio o castigo, según el cantón. Eso no es democracia. Eso es arbitrariedad.

Como legislador, como exalcalde, pero sobre todo como ciudadano, hago un llamado a recuperar el sentido común, de honrar el principio de que "a igual función, igual compensación", y de devolverle a nuestras municipalidades la transparencia y legitimidad que merecen.

Costa Rica no puede seguir permitiendo que la equidad sea una lotería municipal.

Diputado de la Fracción Unidad Social Cristiana, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales