La importancia y urgencia de las alianzas público-privadas
Desde hace muchos años, se viene hablando de la necesidad de utilizar las alianzas público-privadas para el desarrollo de obra pública en atención a la falta de recursos presupuestarios en el Gobierno central y al agotamiento de la capacidad de endeudamiento, producto de la dura situación fiscal con que convivimos día a día.
La insistencia de diferentes sectores productivos sobre la necesidad de utilizar las alianzas público-privadas es tan evidente como la falta de operatividad real del sistema en las políticas del gobierno central, tanto en la administración actual como en las anteriores. En realidad, la insistencia se encuentra solo en el discurso, sin manifestaciones prácticas.
Hay razones obvias para explicar lo dicho: la primera, y probablemente más importante, es la falta de una legislación clara, fuerte, estructurada, que dé un marco legal inequívoco a las acciones de los funcionarios públicos y posibilite un marco normativo claro y consistente a la hora de aplicar las diversas figuras de este tipo de alianzas.
La segunda razón es la falta total de capacitación del funcionario público, que no conoce las diversas figuras y no sabe como operan, como se negocian ni como se establecen los riesgos para las partes involucradas. En consecuencia, la única figura que se ha manejado, en poquísimas ocasiones, es la de la concesión, precisamente porque es la única que tiene una ley reguladora, con normativa particular. Aun así, solo se ha aplicado a cuatro proyectos a lo largo de sus treinta años de existencia.
La tercera razón es que no existe en las instituciones del país una capacidad técnica instalada, como resultado de procesos de capacitación y desarrollo ejecutados en cada entidad, generando capacidades internas que permitan análisis, propuestas y uso de figuras de alianzas público-privadas en diferentes proyectos de desarrollo de obra pública. A falta de esas capacidades, tampoco se generan propuestas de aplicación de estos esquemas de financiamiento.
Por eso, reviste particular importancia la actual discusión sobre el Expediente Legislativo No. 24.009, Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas, que pretende llenar el vacío. El proyecto tiene un sustento sólido y procura establecer, por fin, un proceso armónico, seguro, y orientado de manera correcta, para la utilización de las diversas posibilidades ofrecidas por las alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura.
Como parte de la dinámica legislativa, es probable que el proyecto todavía pueda mejorarse, pero sería de gran importancia que fuese aprobado en la presente legislatura, para que las autoridades del próximo gobierno encuentren, en mayo del 2026, una herramienta adecuada para impulsar, ahora sí, el desarrollo de importantes obras de infraestructura.
Para dimensionar el tamaño del problema, se estima en al menos $24.733 millones de dólares la brecha de financiamiento en infraestructura del momento actual al año 2030, considerando las necesidades en obras de agua y saneamiento, carreteras, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, energía y transporte público masivo (Brichetti et al., 2021).
Ojalá, entonces, los señores diputados, conocedores de la necesidad real de esta nueva legislación, hagan los esfuerzos necesarios para aprobar esta ley que, no dudamos, sería uno de los principales aportes que el presente período legislativo podría dejar como legado a toda la ciudadanía.
