Luego de la salida de la fiscala general de su cargo a causa de los estragos que provocara la ola de cuestionamientos a su integridad, tema que no es objetos esta opinión, es necesario replantear que es el Ministerio Público y que se espera de él.

Jurídicamente, el fiscal general es el responsable de ejercer la acción penal en representación del Estado, de modo objetivo y apegado a la Constitución y la Ley; se espera por ende que su actuar sea en defensa de las normas vigentes en el país, a fin de evitar arbitrariedades y abusos en el ejercicio del poder punitivo que tiene el mismo Estado.

El problema se ha dado cuando nos percatamos el uso de la representación fiscal para resolver problemas de índole política: sí, política nacional, de seguridad, de integridad y tapar las inconsistencia en la política social; donde es más simple atacar los problemas con represión penal que resolver los conflictos de fondo que hacen germinar los focos de criminalidad. Tenemos órganos del Poder Ejecutivo que se dedican más a la represión que a la prevención, y una policía judicial que tiende a realizar campañas de prevención delictiva que el propio Ejecutivo.

En medio esta la Fiscalía General, ente que debe de disponer la política de persecución penal, persecución que se basa en una estrategia que en el Congreso y el Ejecutivo han dictado en criminalizar a diestra y siniestra para resolver problemas sociales que no se solucionan de ese modo.

De esta manera, quien ocupe la silla de Fiscal General debe de ser el “buen vecino” que tiene que estructurar al Ministerio Público para dar cumplimiento a normas punibles que pululan como espuma y genera un atasco en el trámite, pues a más leyes más deberes pero con el mismo personal. Incluso la policial judicial en cabeza de su Director han hecho el reclamo de la creación de normas que deben de atenderse pero sin el contenido presupuestario para su policía, con las consecuencias del caso.

Con este panorama, y otros que no podemos imaginar, se topará el próximo o próxima Fiscal General de Costa Rica, y la no menos relevante decisión que Corte Plena deberá de tomar para que, más que atestados, se elija a una persona que no venga a realizar aprendizajes en el camino, tenga problemas por conflictos de interés, y sobre todo, que no posea o espere usar la representación fiscal como trampolín a cargos en el Ejecutivo. El cuerpo de fiscalas y fiscales de la República es un cúmulo de personas comprometidas con su trabajo, debiendo tener presente que el trabajo de fiscal no solo es de sacrificio, es de soportar el escrutinio social sobre su labor; aspecto que un litigante no tiene.

Por ello, y en respeto a la dignidad de este colectivo, el personaje que sea elegido para dirigir a la Fiscalía ha de ser no solo probo, sino consiente del trabajo fiscal, así como poseer la visión del panorama general; a fin de que se eliminen esos salones de vicios que, en toda institución, publica o privada, llegan a tener y disponen del terrible poder de dejar en mal a los buenos funcionarios y funcionarias que si entregan la vida por la camiseta. El relevo generacional es necesario, y ello inicia con el jefe del Ministerio Público, el cual deberá de llegar a decir “Es hora de trabajar en serio” y no por la banalidad que muchos estarán y desearán tener en caso de llegar al cargo o mantener el estatus quo, superado por creces en el Ministerio Público del siglo XXI, la cual ocupa un cambio de rumbo total.

La Fiscalía General

La masacre vial que hemos normalizado

El peso brutal de un error

El turismo no debe pasar a segundo plano

El próximo paso necesario para reducir trámites

Que su algoritmo no lo muerda