La brutal política antidrogas que llevó a Duterte a ser acusado por crímenes de lesa humanidad
El expresidente de Filipinas entre 2016 y 2022, Rodrigo Duterte, compareció esta semana por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas.
¿En qué consistió el programa y cómo llevó a Duterte de ser la estrella del populismo punitivo a un acusado internacional?
En 2016, los sondeos electorales en Filipinas apuntaban a que la mayor parte de la población consideraba el crimen y las drogas como el principal problema del país asiático. Duterte tomó este tema como eje central de su campaña y, tras 22 años como alcalde de Dávao (al sur del país), arrasó en las elecciones presidenciales con un 39% de los votos.
"Hitler masacró a tres millones de judíos. Ahora hay aquí (en Filipinas) tres millones de drogadictos. Estaría feliz de masacrarlos", dijo en un discurso ese mismo año, presagiando lo que vendría.
Una vez en el cargo, Duterte puso en marcha redadas masivas donde la instrucción era disparar a matar si los sospechosos oponían resistencia, generando cifras alarmantes de muertes. Solo en sus primeros 100 días, el número de fallecidos rondó los 3.700, según datos de organizaciones no gubernamentales.
En total, la guerra de Duterte cobraría la vida de 6.200 personas, según los números policiales, aunque organizaciones de derechos humanos sitúan la cifra en 27.000, debido a la actuación de grupos parapoliciales y ejecuciones extrajudiciales.
Dicho proceder no es de extrañar. El mismo Duterte le dijo a la BBC que él había ejecutado a tres personas cuando era alcalde. También alentó abiertamente a ciudadanos y policías a disparar con la intención de matar a presuntos traficantes y consumidores de drogas.
Los relatos indican que las ejecuciones a menudo ocurrían en callejones de las ciudades a manos de personas no identificadas. Muchos familiares de las víctimas aseguran que sus seres queridos no tenían relación con el mundo de las drogas, sino que simplemente estaban "en el lugar equivocado, en el momento equivocado".
Listas de la muerte
Amnistía Internacional es una de las organizaciones que dio seguimiento detallado a los casos de abuso denunciados durante el mandato de Duterte y en la mayoría descubrió que la policía justificó su actuación de la misma manera: se trataba de una operación encubierta contra la droga, en la que los sospechosos estaban armados y opusieron resistencia, lo que "provocó" el uso de fuerza letal.
"Es tan coherente… es un guion. De hecho, cuando ves el informe, parece una plantilla", afirmó una perito forense filipina entrevistada por la ONG.
Las familias y los testigos refutaron reiteradamente dicha versión policial. En algunos casos, los familiares explicaron que la víctima nunca había tenido un arma o que era demasiado pobre para comprar una. En otros, las personas asesinadas habían sido registradas previamente como desaparecidas, hasta que, al descubrirse sus cadáveres, la policía las clasificó como objetivos de una operación encubierta.
Amnistía Internacional también reportó que la mayoría de las víctimas estaban incluidas en las denominadas "listas de control de drogas", elaboradas por las autoridades sin ningún proceso legal.
Estas listas servían, en la práctica, como directrices para la policía sobre a quién detener o matar. Además, se presionaba a funcionarios locales para que recopilaran nombres de presuntos consumidores, traficantes o protectores de la droga. Según la ONG, las listas eran poco fiables y contribuían a la persecución de comunidades pobres y marginadas.
Además, investigadores locales de derechos humanos y funcionarios confirmaron que no había forma de salir de las listas, lo que generaba un sistema de vigilancia y peligro perpetuos.
Duterte y la CPI
En 2019, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, en un intento de eludir la jurisdicción internacional. También impidió la entrada al país de investigadores de la Corte.
Sin embargo, esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha, por lo que en 2021 la Corte anunció la apertura de la investigación formal contra el exmandatario.
Finalmente, Duterte fue detenido y enviado a los Países Bajos. El viernes apareció por videoconferencia en una breve audiencia, en la que se le informó de los crímenes que se le imputan y de sus derechos como acusado.
Hasta el momento, Duterte sigue sin mostrar ningún arrepentimiento y el miércoles, al ser entregado a la CPI, el exmandatario afirmó que asumía su "responsabilidad".
"Nunca, nunca me disculparé por las muertes", dijo en enero de 2022.
"Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad", declaró en un video compartido en redes sociales esta semana.
Su abogado, Salvador Medialdea, declaró ante la Corte que su cliente fue "secuestrado de su país". "Fue trasladado sumariamente a La Haya. Para los abogados, se trata de una extradición extrajudicial."
La CPI fijó el 22 de setiembre como fecha para la siguiente fase del proceso.
