La Auditoría Interna, como elemento disruptivo y actor clave de un Gobierno abierto
En los últimos años, el concepto de gobierno abierto ha ganado relevancia en Costa Rica, como parte de un esfuerzo por fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y por ende promover la confianza como pilar para fomentar la participación ciudadana y la colaboración entre el Estado y la sociedad. En este contexto, los procesos de transformación digital como lo son el manejo eficiente de los datos y la entrega oportuna de resultados, juegan un papel fundamental para mejorar la gestión pública, ya que implica que las instituciones públicas puntualicen esfuerzos en ser más eficientes en el proceso de registro y sobre todo en el análisis de la información, dando un adecuado respaldo a la toma de decisiones y su vez, que esa información sea de acceso a la sociedad civil, en procura de demostrar la eficiencia en su gestión y asegurar que los recursos públicos se utilizan de una manera diligente y en beneficio de los ciudadanos.
Al respecto, las auditorías internas toman cierto protagonismo, como una herramienta vital para asegurar la transparencia y que los principios de un gobierno abierto se cumplan de manera efectiva. En este sentido, el valor agregado de las auditorías internas a través de los productos de control generados según sea su tipo (financiera, de desempeño o de cumplimiento), siempre será afianzarse como un mecanismo garante del cumplimiento de la normativa y las políticas establecidas, para el uso razonable de los recursos públicos. En un esquema de gobierno abierto, las auditorías internas tienen un rol trascendental para asegurar la difusión de la información que deba ser de conocimiento público y que permita a la ciudadanía un ambiente de confianza y tranquilidad.
En este orden de ideas, es propio indicar que ente los productos que se realizan por parte de las unidades de auditoría, los denominados informes de control de los procesos institucionales son la principal arma para verificar que se cumpla con lo mencionado anteriormente, por ejemplo si se trabaja una auditoría financiera, el enfoque busca examinar la transparencia a través de la revisión de los estados financieros, de manera que los ciudadanos puedan confiar en que técnicamente la veracidad de los datos presentados a nivel financiero-contable de los recursos son administrados de manera idónea y se utilicen para los fines para los que fueron destinados.
Por otra parte, las auditorías de desempeño más bien evalúan si los programas y proyectos gubernamentales están alcanzando los resultados previstos a nivel operativo y estratégico. Este tipo de auditoría de evaluación y seguimiento permite identificar áreas de mejora y permite verificar que las decisiones del gobierno se basen en resultados medibles, además de evaluar la eficiencia en la implementación de políticas públicas y la materialización de los beneficios en la ciudadanía.
De la misma forma, a nivel de auditorías de cumplimiento, lo que se persigue es que las acciones del gobierno e institucionales, se encuentren debidamente alineadas con los compromisos adquiridos y que no haya prácticas riesgosas que puedan debilitar la confianza pública. Al respecto y muy a pesar de los avances que Costa Rica ha logrado en cuanto a la transparencia y la gestión pública, aún existen varios desafíos que limitan la efectividad de las auditorías como mecanismo para asegurar una rendición de cuentas suficiente. Uno de los mayores obstáculos es la falta de recursos estatales y de voluntades para lograr estos atributos, así como, la falta de capacitación en las entidades encargadas de realizar las coordinaciones y de realizar fiscalización.
La demanda de auditorías con mayor complejidad técnica si bien ha aumentado, lo cierto es que no siempre se cuenta con esa capacidad instalada y/o la infraestructura tecnológica necesaria para llevarlas a cabo de manera adecuada e impactar realmente en la prestación de servicios. Asimismo, la resistencia interna en las instituciones públicas es un desafío que impacta de manera muy determinante en el curso de este tipo de tendencias a partir de la analítica de datos. A veces, los gobiernos o las entidades estatales pueden ser reacios a ser auditados bajo nuevos parámetros, especialmente cuando los eventuales resultados de las auditorías podrían poner en evidencia fallos en los procesos o ineficiencia en la gestión pública, convirtiéndose en un obstáculo para logar transparencia y socavando la confianza de los ciudadanos en el gobierno.
Cabe señalar que a pesar de los avances en la implementación de leyes y/o normas que promueven y regulan la accesibilidad a información pública, la complejidad de la información y propio acceso efectivo a los datos, siguen siendo barreras para la ciudadanía. No obstante, no todo son aspectos negativos, ya que como herramienta clave para mejorar la rendición de cuentas en un gobierno abierto, es necesario implementar varias estrategias, empezando por una participación más activa de la auditoría interna como ente asesor en la gestión de datos y la toma de decisiones. Asimismo, a nivel operativo se hace indispensable potenciar el uso de la tecnología como lo son las plataformas digitales para hacer que los informes de auditoría sean a su vez más accesibles y comprensibles, permitiendo que los ciudadanos sigan en tiempo real los resultados de las auditorías y participen en el proceso de toma de decisiones.
También es crucial fortalecer la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil. Organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación pueden desempeñar un papel activo en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. El fortalecimiento de estas alianzas contribuiría a crear un entorno más participativo y vigilante, donde la auditoría se convierte en un proceso más inclusivo y efectivo.
Finalmente, la capacitación y actualización constante para los auditores públicos y privados es fundamental, para que manejen metodologías más sofisticadas y herramientas tecnológicas avanzadas que les permitan llevar a cabo auditorías más completas y efectivas, adaptadas a los nuevos desafíos de un gobierno que presume ser abierto.
La auditoría interna no es únicamente una herramienta de control, sino que se promociona en la actualidad como un motor de mejora continua y aseguramiento razonable que robustece la rendición de cuentas y garantiza que las políticas públicas beneficien a toda la ciudadanía de conformidad con lo que se estableció en las normas vigentes.
Es fundamental que las instituciones públicas sigan invirtiendo en auditorías vigorosas y eficaces, y que fomenten la democracia, se combata la corrupción y se incentive la participación ciudadana y las alianzas multilaterales con la sociedad civil para coadyuvar a que todos los actores del Estado rindan cuentas. Solo de esta manera y con la participación activa y constante de las auditorías internas, es que se podrá avanzar hacia un gobierno verdaderamente abierto, responsable y cercano a las necesidades del pueblo costarricense, en honor a la verdad, las auditorías internas hoy por hoy tienen una gran responsabilidad y son una pieza clave para asegurar que la transparencia y la rendición de cuentas no sean solo un compromiso en el papel, sino que sean una realidad tangible para los costarricenses y que fomente cualificar y cuantificar los indicadores de cumplimiento.
Es importante dejar de ser actores pasivos de la administración realizando labores de escritorio y con datos extemporáneos, las auditorías internas, debemos involucrarnos y buscar el conocimiento dentro de la operatividad de los procesos y pasar a tomar la estafeta de la innovación con conocimiento práctico, para llevar de manera conjunta y certera a la organización a los niveles y exigencias de los tiempos modernos donde la información y la toma de decisiones deben estar sustentadas en información suficiente, pertinente y actualizada en tiempo real.
