Juzgado no ha definido si jerarcas de la Caja enfrentarán juicio por crisis financiera

(CRHoy.com).-El Juzgado Penal de Hacienda todavía no resuelve la audiencia preliminar en la que se definirá si altos exjerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan un juicio por una crisis financiera que se dio en la entidad tras unas medidas tomadas en el año 2008.

La audiencia se había realizado durante enero, y según una respuesta del Departamento de Prensa del Poder Judicial, todavía no se ha resuelto el tema.

"El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José confirma que en el caso de su interés, está pendiente de resolver lo que en derecho corresponda. Esta es la información a la que tenemos acceso", informaron.

El caso se remonta a una denuncia que se interpuso en el año 2012 relacionada por la crisis financiera en la entidad. El economista Daniel Muñoz, quien trabajaba para la entidad, públicamente denunció presuntas irregularidades con el origen de la crisis financiera del Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y la disminución en la rentabilidad de créditos hipotecarios e inversiones.

El funcionario señaló que en el 2008 la Junta Directiva elaboró un proyecto de política salarial y que presuntamente los datos habían sido falseados por los jerarcas. Así, los directivos aprobaron la ley que aumentó beneficios como la cesantía que pasó de 12 a 20 años.

También se denunció la aprobación de una estrategia de inversión que tenía que fortalecer al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, pero en el 2010 se dejó de lado esa estrategia y se empezaron a comprar títulos valores para fortalecer el seguro de salud. Esto sucedió, pero significó pérdidas importantes en el fondo del IVM, según dijo el denunciante.

La Procuraduría General de la República estimó un daño social de ¢217 mil millones de colones por este caso.

En marzo del 2019, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que había acusado el caso ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. En primera instancia, la audiencia estaba pactada para agosto del 2021, pero luego se pospuso para el inicio del año 2023.

A los imputados se les acusa de presuntos delitos de influencia sobre la Hacienda Pública, es decir, un menosprecio de los fondos públicos, fraude de ley y administración fraudulenta.

Estas son las personas que figuran como imputadas, según informó la Fiscalía anteriormente:

• Doryan Garrón (expresidente)
• Balmaceda Arias (con solicitud de sobreseimiento por un delito de incumplimiento de deberes)
• Vega Rojas (Director de Inversiones IVM)
• Montoya Murillo (Jefe de Área Tesorería General)
• López Vargas (Director Actuarial)
• Guardia Rodríguez (Director Financiero)
• Ugarte Brenes (exgerente Financiero)
• Garro Herrera (ex gerente de Logística)
• Chaves Muñoz (exdirectivo)
• Quesada Martínez (exgerente de Pensiones)
• Retana Mora (Área de Cobros)
• Hernández Chacón (Colocación de Valores)
• Acuña Ulate (Director Financiero)
• Picado Chacón (Director de Recursos Humanos)
• González Castillo (Directora de Presupuesto)
• Trejos Lobo (exdirectivo)
• Madrigal Mora (Inversiones)
• Cabezas Solera (exdirectivo)

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El 20 de marzo del 2019, Glen Calvo, quien era fiscal Adjunto de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción expresó que la acusación ya estaba lista y fue enviada a la Procuraduría General de la República (PGR). Este segundo órgano estimó el daño social en ¢217 mil millones de colones.

En ese momento, Calvo explicó a CRHoy.com que hubo personas beneficiadas con el aumento de salarios y cesantías respecto a fondos públicos.

"Tiene que ver con el aumento de salarios, cesantías; hay 18 personas acusadas. Los hechos datan del año 2006 al año 2010. El monto es bastante alto. Hay traslado de fondos y hay un desfase financiero", expresó.

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