Justicia para migrantes queda debiendo en nuestro país
El reciente Informe del Estado de la Justicia expone que, desde 2010, se creó una normativa para atender las vulnerabilidades en derechos que padecen las personas migrantes que se han instalado en el país o que lo han cruzado en movimientos transnacionales.
Sin embargo, aún se detectan varios obstáculos que impiden su aplicación efectiva dentro del Poder Judicial. Entre ellos destacan la falta de recursos, una gestión interna errática, el desconocimiento del personal y la descoordinación con otras instituciones.
De acuerdo con la investigación, el abordaje de las numerosas vulnerabilidades de los grupos migratorios excede la capacidad del aparato judicial debido a su volumen y complejidad. A pesar de ello, existe un esfuerzo y compromiso institucional por responder con un enfoque de dignidad ante las necesidades de la población migrante, refugiada y en condición de movilidad.
El informe detalla que, entre 2010 y 2023, el Poder Judicial aprobó 264 medidas internas —un promedio de 16,5 por año— para consolidar un marco legal y administrativo que brinde protección de derechos conforme a las convenciones internacionales.
Dicha normativa tutela el acceso de estas personas a la seguridad social, la educación, la justicia laboral y la asistencia médica, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Migración y Extranjería. No obstante, persisten carencias en materia de inclusión, acceso a la justicia y atención humanitaria sostenible y equitativa, según señala el Informe.
Carencias en la verificación del cumplimiento
Actualmente, las autoridades judiciales carecen de mecanismos para verificar el cumplimiento de estas normas. Además, enfrentan múltiples factores que obstaculizan su implementación efectiva. Estas conclusiones se derivan de la sistematización de las medidas adoptadas, entrevistas con personal involucrado y consultas a actores clave.
"Tuve que buscar en mi correo electrónico para refrescar la memoria sobre lo que nos han enviado en este tema, y así poder atender su entrevista. Son muchos correos con las palabras migrantes y refugio", comentó una funcionaria al equipo de investigación del Informe.
"La política no la conozco. La única que tengo a mano, que me llegó en un folleto, es la de lineamientos para atender a niñez migrante no acompañada", respondió otra funcionaria.
Relevancia por el panorama actual
El Estado de la Justicia subraya que los desafíos pendientes de la normativa adquieren especial relevancia en el contexto actual. Entre enero de 2023 y junio de 2024, transitaron por Costa Rica más de 655.300 personas, lo que llevó al Gobierno a emitir una declaratoria de emergencia nacional para gestionar el flujo migratorio desde la frontera con Panamá hacia la frontera con Nicaragua.
A ese tránsito se suman más de 317.000 personas nicaragüenses que llegaron al país desde 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica y la represión gubernamental en su país de origen. Según los datos de la investigación, hasta setiembre de 2024 residían en Costa Rica casi 234.000 extranjeros con necesidades de protección internacional, cerca del 90 % en calidad de solicitantes de refugio, en su mayoría de origen nicaragüense.
Asimismo, las necesidades de esta población se han visto agravadas por acontecimientos recientes vinculados con la política migratoria restrictiva del nuevo gobierno de Estados Unidos en 2025. Esto se evidenció con el caso de 200 personas de terceros países que fueron trasladadas a Costa Rica en febrero de ese año, para ser posteriormente repatriadas. La situación obligó a un despliegue institucional extraordinario.
"Existen abusos y violaciones a los derechos humanos que sufren tanto por parte de actores no estatales (redes de crimen organizado) como por parte de las propias autoridades. En la práctica, las personas migrantes encuentran múltiples obstáculos que limitan o impiden su acceso a la justicia, debido a leyes, políticas y prácticas migratorias centradas en la seguridad nacional y la criminalización de la migración", detalla el Informe.
Medidas para aprovechar las herramientas existentes
El Estado de la Justicia sostiene que es indispensable adoptar medidas que permitan aprovechar los recursos normativos e institucionales ya existentes, como las campañas de información y sensibilización, las normas procesales y los procedimientos administrativos.
La investigación subraya, por ejemplo, la necesidad de contar con mejores registros estadísticos sobre la atención a personas migrantes, sus necesidades y condiciones. Esto permitiría comprender los motivos que las obligan a realizar desplazamientos costosos o innecesarios.
Las consultas del Informe también evidenciaron la necesidad de mejorar la articulación tanto dentro del Poder Judicial como con otras instituciones, con el fin de implementar de forma eficaz los recursos del Estado y establecer estrategias de comunicación interna más efectivas. La falta de coordinación se manifiesta en situaciones donde a las personas migrantes o refugiadas se les permite iniciar ciertos trámites sin documento de identidad, pero luego se les exige para continuar con esos mismos procesos.
Asimismo, se observó que la atención a personas migrantes varía entre oficinas, debido a que parte del personal desconoce la normativa aplicable o no sabe a quién consultar sobre su implementación.
Situación en la Sala Constitucional
Según el documento, la Sala Constitucional ha registrado un aumento en los asuntos relacionados con la migración, aunque estos no superan el 2 % del total anual y, en su mayoría, no se resuelven a favor de las personas migrantes. Esta situación refleja un debilitamiento de la tutela constitucional al derecho a resoluciones prontas en materia de otorgamiento de refugio.
En particular, ante la mora en la Dirección General de Migración, la Sala cambió su criterio y ahora remite estos casos a la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo cuando se acredite una condición de vulnerabilidad.
"Este cambio agrava la situación de las personas migrantes, quienes enfrentan procesos más largos, costos asociados a la representación legal y un acceso limitado a soluciones inmediatas", advierte el Informe.
