Juicio por caso “La Trocha” está en el aire: esta es la razón
Tribunal de Goicoechea deberá definir si mantiene inicio para el lunes o lo mueve de fecha, otra vez
El juicio por el caso "La Trocha", catalogado como el primer presunto mega caso de corrupción de obra vial, continúa sufriendo tropiezos y reprogramaciones, 12 años después de revelado el escándalo. Una vez más, su realización está en el aire.
El Poder Judicial confirmó que la fecha tentativa para iniciar el debate está señalada para el próximo lunes 10 de marzo de este año, pero esta programación todavía no está en firme, por lo cual aún debe confirmarse.
Una de las razones es que el abogado José Miguel Villalobos, quien también representa al mandatario Rodrigo Chaves, está involucrado como defensor en el caso de La Trocha, según confirmó él mismo.
Sin embargo, Villalobos se mantiene como parte de un juicio por el caso Fénix desde el pasado viernes 28 de febrero, lo que impediría acudir a ambos debates. El jurista representa a José Giovanni Segura Angulo y 6 de sus cómplices, acusados de conformar una estructura dedicada a blanquear fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.
La audiencia oral y pública por el caso "Trocha", tendrá lugar en el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, en Goicoechea. Ese despacho deberá definir si mantienen el arranque para el lunes o no.
Tiempo atrás, en marzo y abril del 2023, ya sufrió 2 reprogramaciones.
El caso se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012 cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La administración Chinchilla Miranda planteó la posibilidad de construir la ruta nacional 1856 en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como parte de una posible solución tras darse a conocer la invasión del país vecino a Isla Calero en octubre de 2010.
El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas, pero solicitó sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
El Juzgado Penal de Hacienda dictó un acto de apertura a juicio contra 13 de los acusados. Entre ellos, están el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de apellido Acosta Monge y los exfuncionarios apellidos Serrano Alvarado y Ramírez Marín; así como los supervisores de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes; los empresarios Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos y Méndez Méndez; así como dos mujeres de apellidos Alvarado Víquez y Morera Fernández.
La pieza acusatoria consta de 400 hechos, de los cuales 140 se le atribuyen a quien sufrió el percance vial en abril anterior.
De esas 140, 122 corresponden a supuestos delitos de peculado, uno producto de la influencia contra la Hacienda Pública, 15 por cohecho y 3 por supuesto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el Ministerio Público, se recopilaron facturas vinculadas con posibles ilegalidades cobradas por ¢1.234 millones al Conavi, pero únicamente se cancelaron ¢639 millones por parte de la entidad, por lo que se tiene desconocimiento sobre el paradero del monto faltante.
La Procuraduría General de la República estableció un reclamo por ¢965 millones por impacto social, así como el cálculo de un peritaje de actuario matemático.
