Jueza de caso Shark rechaza apartarse de causa pese a exigencias de abogados

 

La jueza coordinadora del Juzgado Penal de San Carlos, Joselyn Ivannia Villegas Araya, se ha negado en varias ocasiones a apartarse del expediente 22-000116-1322-PE, conocido como caso Shark.

Varios involucrados en el caso han solicitado su recusación debido a que existen testimonios que señalan que la funcionaria tiene vínculos familiares con uno de los imputados y mantuvo una relación sentimental con uno de los abogados defensores.

Así consta en las resoluciones de la causa a las que tuvo acceso CR Hoy, en las cuales se solicita a la funcionaria ceder su lugar como juzgadora a otra persona, con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses.

Esto se debe a que Villegas Araya es sobrina-nieta del pastor detenido en este caso, de apellidos Barboza Pilartes, quien figura como sospechoso de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y actualmente está descontando prisión preventiva tras su detención en setiembre del 2024.

Sin embargo, en octubre del año pasado, la jueza rechazó conocer a la familiar que declaró como testigo, quien es su tía, para refutar esa posibilidad de ser separada de la causa.

Justamente el pasado viernes, el Juzgado informó que amplió esa medida cautelar contra ese sujeto por 6 meses más. Este hombre era muy conocido en la zona, pues desarrolló una iglesia evangélica en Aguas Zarcas de San Carlos, que creció rápidamente en los últimos años.

Además, la jueza fue pareja del abogado de Barboza, Gregorio Briglia Peralta, hace aproximadamente diez años, según se indica en la minuta de la audiencia de la semana pasada donde nuevamente se le pidió recusarse.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55, inciso i), del Código Procesal Penal, la defensa técnica del imputado sostuvo que Villegas no debería continuar con la causa, ya que existiría una enemistad manifiesta con una de las partes, en razón de la forma en que terminó su relación con el actual abogado del pastor.

En la audiencia de solicitud de cambio de medidas del pasado 6 de mayo de 2025, la jueza reconoció que tuvo una relación sentimental con Brigilia, pero dijo que desde hace 10 años no tienen ningún contacto, por lo que según su criterio no debía apartarse de la causa.

Pero el litigante sostuvo que la relación terminó en malos términos y quienes trabajaron con ambos conocen los detalles de lo sucedido.

"No existe una pretensión de esta defensa por oponernos a que la jueza asignada sea apartada de manera antojadiza. Hay particularidades que taxativamente están establecidas en el Código Procesal Penal que impiden que una persona pueda gerenciar la administración de justicia de manera irresponsable, con la objetividad e imparcialidad que se espera de un funcionario público.

En el caso particular, la jueza se está recusando con base a lo establecido en el artículo 55 del Código Procesal Penal, por el vínculo que existió en su momento por la juzgadora y mi persona, lo cual impide que ella siga encargada del expediente como lo exige la ley de manera categórica como parte de dar seguridad jurídica a las personas vinculadas a un procedimiento tan sensible como este".

Antes de que Briglia asumiera la defensa de Pilartes, otros abogados habían solicitado a la jueza que se recusara, pero ella tampoco accedió.

Contra la jueza se abrieron dos causas disciplinarias relacionadas con negarse a la recusación, las cuales en apariencia fueron desestimadas por el Tribunal de Inspección Judicial.

Una de esas es la 24-003665-0031-DI, la cual mediante la resolución Nº 04528 – 2024, en diciembre del año pasado, se conoció que no habría incurrido en algún incumplimiento de sus funciones.

No obstante, la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que está tramitando las consultas que CR Hoy hizo sobre el tema para tener claridad sobre lo sucedido con esos expedientes.

También solicitamos la posición de la jueza al respecto, pero de momento se mantiene en trámite.

De igual forma intentamos comunicarnos con Villegas para conocer su parecer sobre esta situación, pero no tuvimos respuesta.

Las partes de este proceso fueron citadas para el próximo 26 de mayo a las 1.10 p.m. para darle curso a la vista de recusación solicitada por Briglia.

Caso Shark

En setiembre pasado, las autoridades judiciales lograron la captura de Alexi Meléndez León, alias Volvo, cabecilla de la organización narco desmantelada y uno de los hombres más requeridos por Estados Unidos.

Meléndez figura en la lista de los 50 sujetos más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Residía entre Upala, donde poseía varias fincas agrícolas, y Pozos de Santa Ana, su lugar de residencia habitual.

Es uno de los llamados "Siete Tiburones del Pacífico", una red transnacional de tráfico de estupefacientes. Es oriundo del Valle del Cauca, en Colombia, pero se nacionalizó costarricense hace varios años, tras contraer matrimonio en 2019.

Al parecer, también pertenecía o mantenía vínculos con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas a nivel internacional, que moviliza grandes cantidades de droga hacia Panamá y Costa Rica para su posterior envío a mercados finales.

La agrupación se dedicaba a importar droga desde Sudamérica para exportarla a Estados Unidos y Europa. Utilizaban empresas propias para ocultar los estupefacientes entre mercancías legales como piña y yuca, con el fin de hacer llegar la droga a su destino final.

A la organización se le vincula con el decomiso de 120 kilogramos de droga en España y otros 220 kilos en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por APM Terminals. También se le relaciona con la incautación, en suelo nacional, de $179.000 y ₡26 millones en efectivo.

Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía dirigieron 23 allanamientos en San Carlos, Upala, San José, Heredia, Alajuela, Ciudad Colón, Santa Ana, Paso Canoas, entre otros sitios.

Otro de los principales sospechosos, de apellidos Arosemena Siles y con un amplio historial delictivo, sería uno de los líderes encargados de utilizar contenedores para exportar la droga.

El pastor de la iglesia en Aguas Zarcas fue detenido junto a tres funcionarios de bancos estatales sospechosos de colaborar en el lavado de dinero.

El líder religioso, al parecer, ponía a disposición de personas vinculadas al narcotráfico sus negocios legítimos para blanquear dinero proveniente de exportaciones de droga. Se presume que incluso facilitaba la iglesia para cometer estos ilícitos.

Supuestamente, la organización criminal le entregaba dinero, que luego era depositado como si fuera parte de las colectas de la congregación. Los ingresos generados por estas actividades ilícitas se habrían utilizado para la legitimación de capitales.

Dos gerentes y un tesorero del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Salas Sandoval, Vargas Mora y Zúñiga Brenes, quedaron en libertad, ya que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva contra ellos.

En su lugar, se ordenó la suspensión del cargo, presentación mensual a firmar, impedimento de salida del país y obligación de mantener el domicilio actualizado.