Juez señaló riesgo de que Marta Esquivel y jerarcas de CCSS obstaculicen investigación

Paul Fuentes Sing, juez del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, ordenó la suspensión del cargo de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al considerar posibles peligros de obstaculización de la investigación penal y la posible continuidad de la actividad delictiva.

Así lo determinó el juzgador, tras resolver los planteamientos expuestos en la audiencia de solicitud de medidas cautelares celebrada hace casi 2 semanas.

El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señalan a la cúpula de la CCSS, encabezada por la abogada Esquivel, de adjudicar la contratación a 5 cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco) en detrimento de enterrar otra licitación que estaba en curso desde 2021.

Con la decisión, los jerarcas avalaron contrataciones por un plazo de 10 años y un monto total inicial de ₡471.555 millones, los cuales representarían sobreprecios de hasta ₡12.400 millones anuales a través de la licitación número 2023LY-000002-0001101142.

Además de Esquivel, en la causa penal figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación. Todos ellos fueron detenidos el pasado 23 de setiembre en múltiples allanamientos efectuados por el Ministerio Píublico y el OIJ, pero quedaron en libertad el 24 de setiembre para participar en la audiencia de medidas cautelares.

"Este juzgador (Fuentes) no puede dejar de obviar los antecedentes del caso en concreto y es que en primer término vemos como desde el 2022 se anuló una adjudicación. Posteriormente, se intentó modificar en varias ocasiones la nueva adjudicación del 2023 por parte de la junta directiva de la CCSS, pasándole por encima a diversos criterios técnicos de infructuosidad y se intentó influir en los encargados de la elaboración de esos informes que correspondía a gerentes o jefes de diferentes Áreas con la finalidad de imponer los intereses de la junta directiva (incluida la presidenta ejecutiva) sobre los criterios existentes, lo cual lograron al solicitar un nuevo informe a la señora María de los Ángeles Gutiérrez Brenes (entonces directora de la Dirección de Proyección de Servicios de la Salud de la Gerencia Médica) y en un plazo corto de 14 días, desde la solicitud del informe por parte de la Junta Directiva procedieron con la adjudicación de los contratos que afectarían el erario público. Esto es importante de señalar, pues se denota el peligro de continuación delictiva en virtud de las actuaciones anómalas realizadas por la Junta Directiva y que desencadenó en la adjudicación de los contratos con sobreprecio", señala la resolución, emitida este 10 de octubre.

Fuentes señaló la existencia de una "alta probabilidad" de que, si no se suspenden del cargo, los imputados influyan en el proceso al contar con posiciones de jerarquía dentro de la estructura de la CCSS. Además, recordó que 3 testigos recibieron distintos tipos de amenazas (laborales y personales) por advertir posibles anomalías en el proceso de licitación.

Con la prueba aportada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), el juez señaló que se está ante los suficientes elementos sobre la probabilidad de la comisión de delitos de influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias", pues de manera dolosa se habría afectado el interés público y la hacienda pública".

Esquivel Rodríguez también es investigada por el presunto delito de falsedad ideológica al supuestamente insertar datos falsos en un acta de junta directiva de la CCSS.

Según la Fapta, la junta directiva de la CCSS se apoyó en un informe presuntamente irregular elaborado por Gutiérrez Brenes para sostener la adjudicación en favor de las cooperativas.

El juzgador avaló la prueba aportada por el Ministerio Público sobre las presuntas actuaciones irregulares de Esquivel Rodríguez y los demás jerarcas investigados. "Entre esas actuaciones irregulares podemos detallar la anulación de un contrato previo (licitación promovida en 2021), apartarse de criterios técnicos, solicitar borradores de los estudios solicitados previo al análisis (para la adjudicación, hacer observaciones de manera informal a los informes y las constantes reuniones con los oferentes, con la finalidad de que el procedimiento licitatorio de compra 2023LY-000002- 0001101142 fuera aprobado de cualquier manera".

"De esta manera, tal y como se señaló, la totalidad de los indicios valorados en conjunto en el presente asunto, permitieron establecer un único resultado y en este caso se determinó la probabilidad de comisión del hecho delictivo de manera dolosa por parte de los encausados quienes tenían conocimiento y voluntad de afectar el interés público y traficar influencias para beneficiar a las cooperativas oferentes de la licitación del 2023″, detalló el juzgador.

Fuentes Sing señaló que los abogados defensores de los imputados hicieron alusión a indicios independientes que no permitieron determinar la comisión de los hechos delictivos.  Sin embargo, enfatizó en que "bajo las reglas de la prueba indiciaria, todos los indicios tienen que valorarse en conjunto, y al hacer esa ponderación, sí fue posible inferir ese único resultado, respecto a la comisión de los delitos que les viene atribuyendo el Ministerio Público a los encartados".

"Si analizamos todos los indicios en forma conjunta y no de manera independiente, como así se quiso hacer ver en la audiencia de medidas cautelares, si podemos llegar a la conclusión que los miembros de la junta directiva conocían que estaban realizando una adjudicación que afectaría al erario, pues ya tenían conocimiento de la infructuosidad debido a todos los informes que existían previos y de todas maneras buscaron como impulsar la adjudicación, siendo que utilizaron un único informe confeccionado por la señora María de los Ángeles Brenes Gutiérrez en un tiempo muy expedito (14 días) para proceder con la adjudicación, desentendiéndose del resto de informes negativos confeccionados", añadió el juez.

Fuentes rechazó la pretensión del Ministerio Público en imponer impedimento de salida del país contra los imputados, pues señaló que todos cuentan con los arraigos profesionales y personales suficientes para enfrentar el proceso de investigación, al no existir un riesgo real de fuga, sin necesidad de restringir su movilidad fuera del país.

Medidas cautelares impuestas por 6 meses

A María Isabel Camareno Camareno, Johnny Gómez Pana y Zeirith Rojas Cerna, Marta Esquivel Rodríguez y María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, se les dictó:

• La suspensión del cargo en la CCSS.
• Se ordena a los imputados (as) María Isabel Camareno Camareno, Johnny Gómez Pana, Zeirith Rojas Cerna, Marta Esquivel Rodríguez y María de los Ángeles Gutiérrez Brenes la prohibición de comunicarse, influir, amenazar e intimidar o perturbar, de cualquier forma, o de conocer de cualquier situación laboral de los testigos aportados por el Ministerio Público.
• Prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación.
• A los imputados Roberto Quirós Coronado, Jorge Luis Araya Chaves y Jorge Porras López al no ser miembros de la junta directiva de la CCSS no se les impone ninguna medida cautelar de las relacionadas con el peligro de obstaculización y continuidad delictiva.